Los inversionistas cuyos ingresos provienen de Venezuela se topan con barreras financieras en República Dominicana, una situación que podría tener repercusiones en el mercado inmobiliario y la economía del país.
Por Reyna Echenique
Especial para El Inmobiliario
La República Dominicana ha sido tradicionalmente un destino atractivo para inversores inmobiliarios extranjeros, incluyendo a aquellos con ingresos provenientes de diversos países latinoamericanos. Sin embargo, recientemente se han presentado desafíos que merecen nuestra atención. Como abogada inmobiliaria y broker con más de 15 años de experiencia en el sector, he sido testigo directo de tres casos recientes en distintas instituciones financieras donde inversionistas cuyos ingresos provienen de Venezuela han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento bancario en la adquisición de propiedades.
Es importante destacar que estos tres casos probablemente no son aislados. Existe la posibilidad de que haya más situaciones similares que, al momento de redactar este artículo, aún no han salido a la luz pública.
Contexto del desafío
El principal obstáculo que enfrentan estos inversionistas venezolanos es el rechazo de las entidades bancarias debido al origen venezolano de sus ingresos. Lo más preocupante es que este rechazo persiste incluso cuando los solicitantes demuestran tener fondos dolarizados en otros países. Esta práctica sugiere que la evaluación se basa más en el origen geográfico de los ingresos que en la solvencia financiera real del solicitante.
Las entidades bancarias argumentan preocupaciones sobre el riesgo asociado con la situación sociopolítica y económica de Venezuela, así como también la situación diplomática con nuestro país. Si bien es comprensible la necesidad de gestionar riesgos, es importante encontrar un equilibrio que no desaliente la inversión extranjera, tan vital para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía.
Preguntas para la reflexión
Esta situación nos obliga a plantearnos una serie de interrogantes fundamentales:
- ¿Qué medidas tomará el Estado dominicano, a través de la Superintendencia de Bancos, para abordar estos casos?
- ¿Cómo afectará esta situación a inversionistas con ingresos provenientes de otros países latinoamericanos?
- ¿Qué soluciones podrían plantear las entidades bancarias para minimizar el riesgo sin cerrar las puertas a estos inversionistas?
- ¿Sería viable que los bancos aprobaran un menor porcentaje de financiamiento para estos casos?
- ¿Cómo podemos evitar que esta situación se convierta en un problema mayor que afecte al sector inmobiliario y la economía del país?
Estas preguntas no solo son relevantes para el caso específico de los inversionistas con ingresos de Venezuela, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la política general de inversión extranjera en nuestro país y cómo podemos mantener un equilibrio entre la gestión de riesgos y la apertura económica.
Implicaciones a corto y largo plazo
Un aspecto particularmente preocupante es que para el próximo año, numerosos inmuebles adquiridos por inversionistas con ingresos provenientes de Venezuela estarán listos para ser entregados. La situación actual genera inquietud sobre la capacidad de estos compradores para recibir sus propiedades, con el riesgo potencial de perder su inversión o incluso el inmueble mismo, ya que tal vez no todos cuentan con la solvencia suficiente para saldar de contado directamente al constructor.
Es importante recordar que, según nuestras leyes y la Constitución de la República Dominicana, los extranjeros tienen derecho a optar por financiamiento bancario. Sin embargo, las instituciones financieras se reservan ciertos derechos en la evaluación y aprobación de estos créditos. Esta dualidad crea un escenario complejo que requiere un análisis cuidadoso y soluciones equilibradas.
Consideraciones importantes
Al abordar esta situación, debemos tener en cuenta varios factores:
- El impacto potencial en la confianza de los inversores extranjeros, no solo con ingresos de Venezuela sino también de otros países latinoamericanos.
- La importancia de evaluar la solvencia financiera real de los solicitantes, más allá del origen geográfico de sus ingresos.
- El papel de República Dominicana como destino de inversión en la región y la necesidad de mantener esta reputación.
- La necesidad de políticas financieras que sean tanto prudentes como inclusivas.
Propuestas constructivas
Como profesionales del sector, podemos contribuir con propuestas que ayuden a resolver este desafío:
- Colaborar con las entidades bancarias para desarrollar criterios de evaluación de riesgo más flexibles y equitativos, basados en la solvencia real del inversor.
- Explorar la posibilidad de programas de garantía respaldados por el Estado que fomenten la inversión extranjera responsable.
- Considerar opciones de financiamiento innovadoras que se adapten a las necesidades de los inversores internacionales, incluyendo aquellos con activos dolarizados en el extranjero.
- Promover un diálogo abierto entre el sector financiero, inmobiliario y las autoridades reguladoras para abordar estas preocupaciones.
- Establecer mecanismos de protección para los inversores que ya han realizado compras y están a la espera de la entrega de sus inmuebles.
Un llamado a la acción colaborativa
Es fundamental que todos los actores involucrados trabajemos juntos para encontrar soluciones que mantengan a República Dominicana como un destino atractivo y justo para la inversión extranjera. Debemos asegurar que nuestro país siga siendo una tierra de oportunidades para inversores de toda la región, fortaleciendo nuestra posición en el mercado inmobiliario internacional y protegiendo los intereses de quienes ya han confiado en nuestro mercado, independientemente del origen de sus ingresos.
La autora es: Abogada inmobiliaria especializada en bienes raíces de República Dominicana, broker con más de 15 años de experiencia en el sector y Secretaria de la Junta Directiva AEI
