La Ley 32-23 contempla penalidades para los contribuyentes que no implementen este mecanismo dentro de los períodos establecidos o retrasen el envío de sus comprobantes fiscales a la DGII
SANTO DOMINGO. – Las empresas y contribuyentes que no cumplan con los plazos fijados para incorporarse al sistema de facturación electrónica en la República Dominicana se exponen a sanciones tributarias, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 32-23, que regula el uso obligatorio de esta modalidad y define las responsabilidades de quienes realizan operaciones comerciales en el territorio nacional.
La legislación contempla infracciones por la falta de adopción de esta herramienta, así como por la emisión irregular y la remisión tardía de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En ese sentido, el artículo 26, numeral 1, de la normativa identifica como falta tributaria la inobservancia del uso de la factura digital, salvo las excepciones previstas en el propio marco legal. Mientras tanto, el numeral 16 incluye entre las violaciones el no envío oportuno de estos documentos a la administración impositiva.
Estas disposiciones adquieren especial relevancia para los negocios que todavía no han completado su integración al nuevo esquema, debido a que la obligatoriedad responde a un calendario diferenciado según la clasificación de cada sujeto obligado.
Multas por incumplimiento de la normativa
En cuanto a las penalidades, el artículo 27 de la Ley 32-23 dispone que las infracciones contempladas en los numerales del 1 al 15 del artículo 26 serán castigadas conforme al artículo 257 de la Ley núm. 11-92, que instituye el Código Tributario dominicano y sus modificaciones.
Entre las irregularidades figuran la expedición de facturas electrónicas sin autorización de la DGII, la utilización de documentos que no reúnan los requisitos técnicos exigidos y la falta de conservación de los registros establecidos por la regulación vigente.
De igual manera, el artículo 28 señala que la entrega fuera de tiempo de los comprobantes fiscales electrónicos estará sujeta a las medidas correctivas previstas en el numeral 3 del artículo 205 del Código Tributario.
No obstante, la Ley 32-23 no precisa directamente las cantidades en pesos que deberán pagar los responsables de estas faltas, sino que remite a las disposiciones sancionadoras del referido instrumento jurídico.
Por consiguiente, las multas aplicables dependerán de la naturaleza de la violación cometida y de las previsiones legales correspondientes.
Plazos establecidos para adoptar el sistema
Por otra parte, el artículo 37 fija un cronograma de incorporación obligatoria dividido en tres categorías, tomando en consideración la clasificación tributaria de los contribuyentes.
De acuerdo con esta disposición, los grandes contribuyentes nacionales disponían de un período de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la legislación, mientras que los grandes contribuyentes locales y medianos contaban con 24 meses para completar la transición.
En cambio, para los pequeños, micro y no clasificados, el texto legal otorgó un máximo de 36 meses para adoptar esta modalidad de emisión de facturas.
Asimismo, el párrafo II de este apartado contempla la posibilidad de que los interesados acuerden con la DGII una prórroga para cumplir con la implementación, siempre que exista aprobación de la autoridad recaudadora.
De esta manera, el ordenamiento permite solicitar tiempo adicional para concluir la adecuación tecnológica, aunque su concesión no es automática y queda sujeta a la evaluación del organismo fiscalizador.
Prisión y cierre de negocios por facturación fraudulenta
Además de las multas administrativas, la legislación establece consecuencias penales más severas para quienes empleen comprobantes electrónicos con fines fraudulentos.
Al respecto, el artículo 30 señala que las personas físicas o jurídicas que emitan o utilicen facturas apócrifas con la intención de defraudar al fisco podrán enfrentar condenas de uno a cinco años de prisión.
Igualmente, contempla sanciones económicas equivalentes al doble y hasta cuatro veces el importe del documento emitido o utilizado ilícitamente, así como la clausura definitiva del establecimiento comercial o empresa.
Sin embargo, estos castigos corresponden específicamente a conductas de defraudación fiscal y no deben confundirse con las medidas administrativas derivadas de retrasos en la incorporación al sistema.
Fallas tecnológicas no eximen del pago de impuestos
En otro orden, la normativa también precisa que los inconvenientes técnicos relacionados con el funcionamiento de la plataforma de facturación electrónica no liberan a los contribuyentes de sus compromisos fiscales.
Sobre este particular, el párrafo II del artículo 21 señala expresamente:
«En ningún caso la contingencia será un impedimento para cumplir con la presentación y pago de las obligaciones tributarias».
En consecuencia, las interrupciones tecnológicas o los problemas de conectividad que afecten la generación de documentos digitales no suspenden por sí mismos el deber de declarar y pagar los tributos correspondientes.
Responsabilidades de los contribuyentes
Cabe destacar que la Ley 32-23, promulgada en mayo de 2023, constituye el marco jurídico para la implementación obligatoria de la facturación electrónica en el país, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión fiscal y modernizar los procedimientos de recaudación.
Mediante esta herramienta, la administración tributaria procura mejorar la vigilancia de las transacciones comerciales, agilizar la validación de los registros y disponer de información que facilite el cumplimiento de los compromisos impositivos.
Finalmente, la aplicación de esta regulación supone nuevas responsabilidades para los agentes económicos, quienes deberán garantizar la emisión, verificación, conservación y transmisión oportuna de sus comprobantes fiscales electrónicos, a fin de evitar las penalizaciones contempladas en la legislación.
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