Expuso que se trata de una ciudadana belga empresaria inmobiliaria con diversas inversiones en Las Terreras y se interesó al ver que se trataba de una subasta que podía rendir “buenos frutos en el mercado inmobiliario”.
LAS TERRENAS.- Un complejo habitacional cuyo precio estimado en el mercado oscila en aproximadamente US15 millones de dólares, fue vendido en subasta pública por un monto de apenas US240 mil dólares, en medio de una litis judicial que mantiene enfrentados una firma constructora con los herederos del proyecto, en esta demarcación.
Se trata del “Complejo Don César”, localizado en el polo turístico de Las Terrenas, un proyecto de 118 apartamentos de origen familiar, a cuya constructora los propietarios le suspendieron el contrato sin haber concluido la obra, alegando insatisfacción con el proceso de edificación.
Desde entonces, año 2007, Comercial Tomillo, compañía que tiene a su cargo la administración del complejo y Edificaciones Ignacio Gómez, han transitado un largo recorrido por diversas instancias judiciales, que llevó a que el inmueble fuera colocado en subasta pública y vendido en la irrisoria suma de menos de US300 mil dólares, de manera irregular según los documentos presentados anoche por la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe.
“Edificaciones Ignacio Gómez a través de sus abogados continuó un procedimiento sin causa, es decir, sin crédito que pudiera cobrar, a través de maniobras, logró culminar la venta en pública subasta sin informar a la parte perseguida y llevar a la venta de todos estos apartamentos que su valor en el mercado rebasa, suponemos los 15 millones de dólares, por apenas 239 mil dólares, es decir, puso a la venta por un valor de alrededor de un 1% de su valor real, aún cuando el crédito que perseguía ya estaba extinguido por sentencia judicial”, explicó Jorge Morilla, abogado de Comercial Tomillo.
Según los datos presentados por El Informe, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, mediante sentencia, declaró adjudicataria del proceso de embargo inmobiliario a la licitadora Christelle Jocelyne Schmit por US239 mil dólares, diciendo que es el monto global de la primera puja del inmueble.
“Christelle entra en este proceso de venta en pública subasta justamente un día antes de la audiencia en la que se vendieron los inmuebles en pública subasta, es decir, el 28 de junio del año 2022 ella se inscribe como licitadora, contrata mis servicios porque se había enterado por la prensa y a través del mismo tribunal”, declaró Jordano Abreu, el abogado de la licitadora que adquirió el inmueble.
Expuso que se trata de una ciudadana belga empresaria inmobiliaria con diversas inversiones en Las Terreras y se interesó al ver que se trataba de una subasta que podía rendir “buenos frutos en el mercado inmobiliario”.
Dicha venta en subasta pública, narró El Informe, se llevó a cabo pese a la sentencia de la Segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago que compensaba entre las empresas Comercial Tomillo y Edificaciones Ignacio Gómez la suma de US223,722.48.
“Esto era conocido por Edificaciones Ignacio Gómez, puesto que esta sentencia ha sido cuestionada por ellos por ante la Suprema Corte de Justicia, es decir, que no podían alegar ignorancia de que su crédito estaba extinguido y de que no podían continuar el procedimiento ejecutorio en esas condiciones”, precisa el abogado de Comercial Tomillo.
Caroline Reviglio, presidente de Comercial Tomillo, explicó que en 2018 cuando la deuda fue compensada la compañía Ignacio Gómez siguió atacando “de manera abusiva” y “hasta el día de hoy se ha organizado una venta basada en una deuda inexistente. “No entendemos como esa persona pudo organizar esa venta en Samaná hace dos meses de la totalidad de los apartamentos”.
El complejo se encuentra localizado dentro de una extensión de 15 mil metros cuadrados.
Los afectados buscan ahora revertir la venta en pública subasta, regresando a los tribunales con pruebas de lo que dicen son irregularidades en el proceso, narró El Informe.
Reviglio dijo que nisiquiera fueron notificados de que el inmueble se pondría a la venta en pública subasta.
