SANTO DOMINGO.- El sector construcción se encuentra bajo una presión que no viene de la demanda de viviendas ni de las tasas de interés. Después de 38 semanas de estabilidad entre mediados de 2025 y comienzos de 2026, el mercado de hidrocarburos entró en un año de sobresaltos, marcado por el mayor incremento desde 2022 en marzo, un mecanismo de congelamiento gubernamental en junio, y una nueva escalada en agosto empujada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Ese comportamiento errático tiene un impacto medible en los propios indicadores oficiales del sector. El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, que publica mensualmente la Oficina Nacional de Estadística, ya registró a los combustibles entre los insumos con mayor alza puntual del año, en un contexto donde la actividad de construcción venía, además, mostrando señales de desaceleración por otras razones ajenas al petróleo.
Este análisis repasa el mecanismo detrás de la volatilidad de los combustibles en 2026, lo que muestran los indicadores oficiales del sector construcción, quiénes dentro de la industria sienten con más fuerza ese impacto, y qué escenarios conviene vigilar de cara a lo que resta del año.
El mecanismo detrás de la volatilidad
Entender por qué el precio del combustible se mueve de la manera en que lo hace requiere revisar primero cómo se fija. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) publica cada viernes la tabla de precios vigente para la semana siguiente, bajo un modelo de Paridad de Importación. República Dominicana refina apenas alrededor del 20% de lo que consume, lo que significa que la mayor parte del combustible que llega al país ya viene procesado desde el exterior, a un costo que depende no solo del precio del crudo, sino de lo que en el sector se conoce como crack spread, el margen entre el petróleo en su estado natural y el producto ya refinado.
Ese matiz explica buena parte de lo ocurrido en 2026. Durante gran parte del año, el precio del petróleo se mantuvo relativamente estable, en torno a los US$80 por barril, un nivel que en circunstancias normales no debería generar sobresaltos mayores en los precios locales. Sin embargo, el costo de refinación subió de manera pronunciada en las refinerías estadounidenses, con incrementos que en algunos meses superaron el 90% para la gasolina premium, un fenómeno vinculado a la tensión geopolítica en Medio Oriente más que a la disponibilidad de petróleo como tal. Para un país que importa la mayor parte de su combustible ya refinado, ese encarecimiento del proceso industrial se traslada casi directamente a los bolsillos de los sectores industriales.
El año de la montaña rusa
La trayectoria de los precios en 2026 puede resumirse en tres momentos diferenciados. El primero fue de estabilidad prolongada, con 38 semanas consecutivas sin variaciones en los valores al consumidor, hasta que en marzo del presente año el gobierno anunció el mayor incremento desde 2022, atribuido a la volatilidad extrema de los mercados petroleros internacionales en medio de una guerra en el Golfo.
El segundo momento fue de intervención estatal. En junio, en el marco de lo que el gobierno denominó Plan Anti-Crisis, el MICM activó formalmente un mecanismo de congelamiento para los combustibles de mayor consumo, respaldado por subsidios que en distintas semanas superaron los RD$780 millones y, más adelante, los RD$900 millones. La condición central de ese mecanismo fue que el precio internacional del petróleo no superara los US$95 por barril, un umbral pensado para dar margen de maniobra al Estado sin comprometer las finanzas públicas de manera indefinida.
El tercer momento, todavía en curso, es de nueva presión al alza. En agosto, el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a encarecer el margen de refinación internacional, y el gobierno dispuso ajustes semanales consecutivos en la gasolina y el gasoil, aunque mantuvo protegido el gas licuado de petróleo, el combustible de mayor uso en los hogares dominicanos, como parte de su estrategia declarada de proteger a los sectores de menor capacidad económica.
Lo que dicen los indicadores oficiales del sector
El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), que la ONE calcula sobre una canasta de insumos y servicios directos de la construcción residencial en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, ofrece una lectura más detallada de cómo se traduce esa volatilidad energética en el costo real de construir.
- En abril de 2026, el ICDV subió 0.67% respecto a marzo, y entre los insumos que más empujaron esa alza estuvieron las herramientas (9.94%), las tuberías de PVC (7.14%) y los combustibles (5.38%), este último por encima de rubros tradicionalmente más visibles como los alambres eléctricos (4.05%) o los aceros (3.46%).
- En ese mismo mes, los generadores eléctricos registraron una caída de 2.91%, un dato que ilustra que el impacto del combustible sobre el sector no es lineal ni uniforme entre todos sus componentes, y que conviene leer con matices en lugar de asumir una correlación automática.
- El índice cerró julio de 2026 en 240.62 puntos, con una variación acumulada de 1.88% desde diciembre de 2025 y un incremento interanual de 2.08% frente a julio de 2025, una trayectoria de subas moderadas, no de una escalada descontrolada.
- El año 2025 había cerrado con un incremento acumulado de 3.72% en los costos directos de construcción de vivienda, con el ICDV promediando 236.17 puntos, 8.49 puntos por encima del nivel observado en 2024, según la propia ONE.
El contexto más amplio: un sector que ya venía desacelerándose
La presión de los combustibles llega, además, en un momento en el que el sector construcción mostraba señales antes incluso de que empezara la volatilidad energética del año. El Banco Central reportó que la actividad del sector presentó una variación interanual de -2.3% en el primer semestre de 2025, un comportamiento que atribuyó principalmente a la incertidumbre económica internacional y a tasas de interés relativamente elevadas, factores que llevaron a la postergación de obras privadas y a una menor demanda de viviendas en ese periodo.
Ese contraste entre una actividad constructiva que buscaba estabilizarse y unos costos directos que continúan al alza plantea, para el sector, un escenario de márgenes cada vez más ajustados. Un desarrollador que hace un año podía absorber con más comodidad una variación mensual del ICDV hoy opera con menos margen de maniobra si esa misma variación coincide con semanas de alzas en el combustible, sobre todo en proyectos con financiamiento bancario donde el costo del capital ya representa, de por sí, una presión adicional sobre la rentabilidad del proyecto.
Quiénes sienten con más fuerza el impacto
No todos los actores del sector experimentan la volatilidad del combustible de la misma manera. Los proyectos de vivienda de bajo costo, que operan con márgenes de rentabilidad más estrechos por definición, tienen menos capacidad de absorber alzas imprevistas en el transporte de materiales o en la operación de maquinaria sin trasladar ese costo al precio final de la unidad o sin comprometer la viabilidad del proyecto. Los desarrolladores de mayor escala, en cambio, suelen tener más margen para negociar contratos de transporte con cláusulas de ajuste o para diversificar proveedores, lo que les permite manejar de mejor forma el impacto de cada alza puntual.
La obra pública, financiada con presupuestos fijados con antelación, enfrenta un desafío distinto. Cualquier incremento sostenido en el combustible que no estuviera contemplado en el presupuesto original de una obra estatal puede generar retrasos, renegociaciones o, en los casos más extremos, la paralización parcial de proyectos, un riesgo que las autoridades encargadas de la planificación de infraestructura deben monitorear con la misma atención que el sector privado.
Qué mecanismos existen para amortiguar el golpe
El propio Plan Anti-Crisis es, hasta ahora, la principal herramienta con la que cuenta el Estado para contener el traslado directo de la volatilidad internacional hacia los consumidores y, por extensión, hacia sectores productivos como la construcción. El mecanismo ha demostrado capacidad de sostener precios estables durante ventanas de varios meses, como ocurrió entre junio y buena parte de julio de 2026, pero su efectividad está atada a una condición externa que el gobierno no controla, el precio internacional del petróleo.
Para el sector privado, la respuesta más realista es incorporar la volatilidad del combustible como una variable de la planificación financiera de cualquier proyecto, con cláusulas contractuales flexibles, márgenes de contingencia específicos y un monitoreo constante de los indicadores oficiales disponibles, en lugar de tratarla como un imprevisto ocasional.
Al cierre de esta edición, la condición central del Plan Anti-Crisis, que el crudo internacional no supere los US$95 por barril, sigue determinando el margen de maniobra del gobierno para sostener precios estables. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que en agosto volvió a presionar el margen de refinación internacional, es hoy la variable geopolítica más relevante para el mercado dominicano de combustibles, por encima incluso del comportamiento del crudo en su estado natural. El gobierno ha mantenido, en paralelo, el congelamiento del gas licuado de petróleo durante prácticamente todo el año, como parte de su estrategia declarada de proteger a los hogares de menores ingresos, aunque esa protección no se ha extendido con la misma intensidad a la gasolina y el gasoil que más utiliza el sector construcción.
Lo que viene: escenarios a vigilar
De cara a lo que resta de 2026, hay al menos tres variables que definirán si la presión sobre los costos de construcción se modera o se intensifica. La primera es la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que hasta ahora ha sido el principal detonante de las alzas puntuales más recientes. La segunda es si el precio internacional del crudo se mantiene por debajo del umbral de los US$95 por barril que sostiene la lógica del Plan Anti-Crisis, o si esa condición se rompe y obliga al gobierno a replantear su estrategia de subsidios. Y la tercera es el propio comportamiento del ICDV en los próximos boletines mensuales de la ONE, que permitirá confirmar si el impacto del combustible sobre los costos directos de construcción fue un episodio puntual de abril o el inicio de una tendencia más sostenida.
Ninguno de esos tres factores está bajo el control directo del sector construcción, lo que refuerza la idea de que la mejor defensa disponible, tanto para desarrolladores individuales como para la planificación de infraestructura pública, es la capacidad de monitorear estos indicadores de manera sistemática y ajustar la planificación financiera, en lugar de asumir que la estabilidad de un mes determinado se sostendrá de manera indefinida.
Fuentes oficiales consultadas
- Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) — Tablas semanales de precios de combustibles y comunicados sobre el Plan Anti-Crisis — https://micm.gob.do
- Oficina Nacional de Estadística (ONE) — Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), boletines mensuales — https://www.one.gob.do
- Banco Central de la República Dominicana (BCRD) — Datos de actividad del sector construcción e Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) — https://www.bancentral.gov.do
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