Cuestiona cobros en puertos concesionados y exige a las autoridades revisar medidas que, según afirma, afectan la operatividad de 49 empresas
SANTO DOMINGO. La Federación Nacional de Abastecedores a Buques (FENABUQUES) denunció que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vinculadas a los servicios marítimos se encuentran al borde del colapso debido a los aumentos en las tarifas portuarias y a una serie de trabas regulatorias que, según afirmó su presidente, Guillermo de la Rosa, dificultan la operatividad y ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.
La organización, que agrupa a 49 empresas del sector, cuestionó los cobros aplicados en puertos concesionados por el Estado y advirtió sobre otras disposiciones que, a su juicio, generan una carga económica y burocrática que afecta directamente a los suplidores de servicios a embarcaciones.
Sobre aumento de tarifas portuarias
De la Rosa sostuvo que algunos puertos privados han establecido tarifas de entre US$10 y US$20 por tonelada, pese a que, según la interpretación de la federación, el marco legal contempla un cobro de US$4 por tonelada.
El presidente de la entidad afirmó que estos incrementos impactan de manera directa a las empresas dedicadas al aprovisionamiento de buques, descarga de residuos oleosos y sólidos, recolección de desechos peligrosos y otros servicios dirigidos a embarcaciones, plantas termoeléctricas e industrias.
El gremio empresarial calificó la situación como una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el sector y reclamó una revisión de las tarifas que se aplican a las operaciones portuarias.
Cita la Ley 70-70
La federación argumentó que las disposiciones aplicadas en los puertos deben ajustarse a las competencias establecidas en la Ley 70-70, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).
El representante de FENABUQUES citó el artículo 4, acápite B, de esa legislación, que establece entre las atribuciones de APORDOM el control y la fiscalización de la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos de carácter privado bajo concesión o arrendamiento del Estado.
También hizo referencia al artículo 8, que establece funciones del Consejo de Administración en materia de reglamentación de las condiciones para la prestación de servicios a las naves y a la carga.
Asimismo, señaló que el artículo 9 atribuye a APORDOM la facultad de fijar las tarifas correspondientes a los servicios ofrecidos a las embarcaciones, mercancías y usuarios en general.
A partir de estas disposiciones, FENABUQUES sostiene que los mecanismos de cobro aplicados actualmente deben ser revisados para determinar su correspondencia con la legislación vigente.
Reclaman por requerimientos de Aduanas
Las Mipymes agrupadas en la federación también expresaron preocupación por los requerimientos del Departamento de Hidrocarburos de la Dirección General de Aduanas (DGA), particularmente por la exigencia de pagos relacionados con liquidaciones de residuos.
Según De la Rosa, esta disposición entraría en contradicción con lo establecido en la Ley 112 sobre Hidrocarburos, por lo que solicitó que el procedimiento sea revisado por las instituciones correspondientes.
El dirigente empresarial indicó que este tipo de requerimientos representa una carga adicional para compañías que ya enfrentan elevados costos de operación.
Licencia para servicios a embarcaciones
Otro de los obstáculos señalados por la Federación es el requerimiento de una licencia especial de APORDOM para acceder a los puertos y ofrecer determinados servicios, entre ellos el suministro de combustibles, retiro de cabos viejos y recolección de chatarra.
De igual manera, cuestionó esta exigencia y sostuvo que desconoce la naturaleza de los llamados shipchandlers, empresas que funcionan como suplidores integrales de las embarcaciones.
Explicó que estos negocios ofrecen una amplia variedad de bienes y servicios necesarios para la operación de los buques, por lo que considera que las regulaciones deben tomar en cuenta la naturaleza de esa actividad.
Destacan aportes al fisco
El representante resaltó que las empresas afiliadas realizan aportes al Estado por más de RD$10 millones mensuales, a través de sus obligaciones con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas, Autoridad Portuaria Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Aseguró que las compañías del sector mantienen una actividad constante en los puertos y generan empleos y movimiento económico mediante la prestación de servicios especializados a las embarcaciones.
Manejan cientos de miles de galones de residuos
De acuerdo con la organización, las empresas afiliadas recolectan y procesan mensualmente alrededor de 700 mil galones de residuos oleosos, principalmente desechos derivados de aceites provenientes de buques, plantas termoeléctricas e industrias del país.
La federaci explicó que estos materiales son sometidos a procesos de tratamiento para convertirlos en fueloil alternativo.
Sin embargo, la entidad señaló que actualmente existen restricciones que impiden a las empresas comercializar este producto, pese a que, según indicó, esta actividad se realizaba anteriormente de manera regular.
La federación considera que el aprovechamiento de estos residuos podría contribuir a los procesos de reutilización y transformación de materiales dentro de un modelo de economía circular.
Advierten sobre posibles efectos ambientales
Las empresas recordaron que durante más de 30 años han participado en labores relacionadas con el manejo de residuos generados por las embarcaciones y el cumplimiento de las disposiciones del Convenio MARPOL 1973/78, instrumento internacional para prevenir la contaminación del medio marino ocasionada por los buques.
Sostuvieron que las dificultades económicas y administrativas que enfrentan las empresas podrían afectar la continuidad de estos servicios especializados.
En ese sentido, el gremio consideró que las medidas denunciadas deben ser evaluadas tomando en cuenta las políticas nacionales relacionadas con la protección ambiental y el manejo adecuado de los residuos.
Piden coherencia con la economía circular
La organización empresarial también vinculó sus reclamos con los objetivos de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos, que promueve mecanismos relacionados con la reducción, reutilización y aprovechamiento de los desechos.
En ese escenario los Abastecedores a Buques, afirmaron que las restricciones que enfrentan sus afiliados dificultan el desarrollo de actividades vinculadas con el reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
A juicio del gremio, las disposiciones económicas y administrativas deben armonizarse con las políticas que promueven la economía circular y la gestión responsable de los desechos.
Solicitan mesa de diálogo
Ante las dificultades expuestas, Fenabuques hizo un llamado a la Armada de República Dominicana, Autoridad Portuaria Dominicana, Asociación de Navieros, Dirección General de Aduanas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer una mesa de diálogo con representantes del sector.
La federación propuso que ese espacio permita analizar los cobros, requisitos y procedimientos que afectan a las empresas y buscar mecanismos que faciliten el desarrollo de sus operaciones dentro del marco legal.
Asimismo, planteó avanzar en la elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 5-23 de Comercio Marítimo, conforme a lo establecido en su artículo 590.
De la Rosa sostuvo que el diálogo entre las instituciones públicas y las empresas permitiría abordar las situaciones denunciadas y establecer reglas claras para los suplidores de servicios a buques.
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