Los asuntos que afectan directamente a la construcción y al mercado inmobiliario están repartidos entre las comisiones de Obras Públicas, Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Industria, Comercio y Zonas Francas y Justicia y Derechos Humanos
SANTO DOMINGO. – El seguimiento de los expedientes permite separar dos agendas: una está relacionada directamente con la actividad constructiva, la regularización de edificaciones y el mantenimiento de infraestructura.
La otra, toca la intermediación inmobiliaria, los condominios, la inversión y la seguridad jurídica de las operaciones sobre inmuebles.
Una regularización extraordinaria
El proyecto que establece un régimen extraordinario, temporal y condicionado de regularización de construcciones, adecuación urbanística, actualización catastral y vinculación registral es una de las iniciativas más recientes con incidencia directa sobre el sector construcción.
Tiene el expediente 01655-2026-PLO-SE y fue depositado en el Senado el 9 de junio de 2026 por el senador Rafael Barón Duluc Rijo y ese mismo día fue enviado a la Comisión Permanente de Obras Públicas.
La propuesta aborda conjuntamente cuatro asuntos: construcciones que necesitan regularizarse, adecuación urbanística, actualización catastral y vinculación entre la información catastral y registral.
Por su naturaleza, el proyecto no se limita a una licencia de construcción, sino que su alcance toca también la situación documental de los inmuebles y, por tanto, la posibilidad de que una edificación existente pueda quedar formalmente vinculada con la información catastral y registral correspondiente.
El expediente todavía se encuentra en una etapa temprana y la documentación pública del Senado, disponible para el seguimiento de la iniciativa, registra su depósito y envío a comisión, pero no un informe de la Comisión de Obras Públicas ni una aprobación en primera lectura.
Es, además, una de las piezas que conviene seguir porque puede tener consecuencias sobre un universo de construcciones existentes que no están completamente alineadas con las exigencias urbanísticas, catastrales o registrales.
No debe confundirse, sin embargo, este proyecto con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que ya está vigente y cuyo reglamento fue aprobado posteriormente. La iniciativa de regularización tiene otro objeto: establecer un régimen extraordinario para situaciones existentes.
Mantenimiento de los edificios del Estado cada diez años
En la Cámara de Diputados cursa otro proyecto directamente relacionado con la infraestructura construida. Se trata del Proyecto de ley sobre mantenimiento cada 10 años a las infraestructuras de los edificios del Estado, marcado con el expediente 05423-2024-2028-CD.
Fue depositado el 17 de marzo de 2026 por la diputada Elvira Corporán de los Santos de Lebrón y al día siguiente fue tomado en consideración por el Pleno y remitido a la Comisión Permanente de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
La Comisión lo incorporó a su agenda del 8 de abril, junto con el proyecto de modernización del régimen de propiedad en condominios y otras iniciativas vinculadas con edificaciones.
El proyecto establece una obligación periódica de mantenimiento de los edificios estatales y su interés para el sector construcción está en que desplaza el enfoque desde la obra nueva hacia la conservación de la infraestructura existente.
Hasta el último registro público localizado, la iniciativa no había sido conocida por el Pleno en primera lectura. Su punto actual: en estudio de la Comisión Permanente de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Los condominios en la agenda constructiva
Aunque el proyecto de condominios pertenece también claramente al mercado inmobiliario, su ubicación en la Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones hace que tenga una dimensión constructiva.
El proyecto de Ley Integral para la Modernización y Regulación del Régimen de Propiedad en Condominios de la República Dominicana fue depositado inicialmente el 10 de junio de 2025, con el expediente 04357-2024-2028-CD.
La Cámara lo tomó en consideración el 18 de junio de 2025 y lo envió a la Comisión Permanente de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Su importancia para la construcción y el mercado inmobiliario está en que el régimen de propiedad en condominios incide sobre la organización de edificios sometidos a ese régimen, los derechos sobre las áreas comunes y la relación entre propietarios y administración.
La iniciativa fue posteriormente reintroducida el 12 de marzo de 2026, con el expediente 05386-2024-2028-CD, manteniendo como referencia el expediente anterior y esa nueva versión volvió a ser enviada a la misma comisión.
El 8 de abril de 2026, la Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones colocó expresamente el expediente 05386 entre las iniciativas que debía estudiar.
La trayectoria documentada muestra, por tanto, dos expedientes sucesivos para una misma línea legislativa, no dos proyectos diferentes y en la actualidad se encuentra en estudio de comisión.
La intermediación inmobiliaria, el que más ha avanzado
En enero de 2026 se presentaron ante el Senado tres proyectos que buscaban regular, con diferentes formulaciones, la intermediación inmobiliaria:
- 01305-2026-PLO-SE, de Félix Ramón Bautista Rosario, depositado el 20 de enero;
- 01327-2026-PLO-SE, de Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, depositado el 28 de enero;
- 01334-2026-PLO-SE, de Rafael Barón Duluc Rijo, depositado el 29 de enero.
Esta es, actualmente, la pieza inmobiliaria con mayor recorrido legislativo, pero el informe de la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas fusionó las tres iniciativas, estableciendo como base la 01334-2026, porque consideró que recogía el objeto de las otras dos.
Las tres propuestas también tienen antecedentes. En 2025, Félix Bautista presentó el expediente 00426-2025-PLO-SE; Eduard Espiritusanto, el 00424-2025-PLO-SE; y Rafael Barón Duluc, el 00620-2025-PLO-SE. Las tres iniciativas perimieron el mismo año y posteriormente fueron reintroducidas en 2026.
La pieza busca regular la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa y establece al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones como órgano rector de esa actividad y crea mecanismos de registro, control y supervisión de los agentes y agencias inmobiliarias.
Es decir, el debate legislativo sobre la regulación de los intermediarios inmobiliarios no comenzó en 2026. Los tres legisladores habían presentado propuestas similares y las volvieron a introducir, aunque la Comisión avanzó en la unificación del texto durante 2025 y está documentado que en septiembre de ese año trabajaba ya sobre los artículos 22 al 56.
En noviembre informó que había fusionado las tres propuestas y que continuaría la revisión con la Dirección Técnica de Revisión Legislativa.
El 21 de abril de 2026, la Comisión rindió informe favorable con modificaciones y fusionó formalmente los tres expedientes tomando como base el 01334, y ese mismo día el informe fue leído por el Pleno.
El 23 de abril, el Senado aprobó la iniciativa en primera lectura y posteriormente fue aprobada en segunda lectura. El paso posterior fue el envío a la Cámara de Diputados.
Punto actual: Senado agotado; proyecto remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
Condominios: una reforma que sigue en comisión
El proyecto de condominios tiene una doble lectura: desde el punto de vista constructivo, afecta la regulación de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Desde el punto de vista inmobiliario, incide directamente en la propiedad, administración y uso de unidades y áreas comunes.
La primera versión, expediente 04357-2024-2028-CD, fue depositada el 10 de junio de 2025 y enviada a la Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones el 18 de junio.
Al año siguiente fue reintroducida como 05386-2024-2028-CD, depositada el 12 de marzo de 2026 y la Comisión la incorporó expresamente a su agenda de trabajo del 8 de abril de 2026.
En la actualidad el proyecto se encuentra en estudio de la Comisión Permanente de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, por lo que esta es una de las piezas inmobiliarias que todavía puede cambiar sustancialmente antes de llegar al Pleno.
Fomento a la inversión
El proyecto de Ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana tiene una trayectoria todavía más larga. La iniciativa original fue presentada por Alexis Victoria Yeb en 2024.
Fue iniciada en el Senado el 28 de febrero de 2024, aprobada por esa cámara el 25 de junio y enviada a la Cámara de Diputados el 8 de julio de 2024, pero ese expediente terminó perimido.
La iniciativa fue reintroducida en el Senado en 2026 con el expediente 01396-2026-PLO-SE, depositado el 19 de febrero de 2026. El Senado la tomó en consideración y la envió a comisión el 4 de marzo.
La pieza establece un marco legal para la inversión nacional y extranjera y define derechos y obligaciones de los inversionistas.
La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas acordó rendir informe el 12 de mayo y en efecto, fue leído el 13 de mayo. El Senado aprobó la iniciativa en primera lectura y luego fue aprobada en segunda lectura.
Su relación con el mercado inmobiliario no es exclusiva, porque el proyecto tiene alcance transversal sobre la inversión, motivo por el cual no debe presentarse como una “ley inmobiliaria”.
Pero sí pertenece a la agenda que el sector inmobiliario debe seguir: las reglas generales sobre inversión, seguridad jurídica y derechos de los inversionistas pueden incidir en decisiones de capital que también alcanzan al desarrollo inmobiliario. Punto actual: aprobado por el Senado y en trámite en la Cámara de Diputados, que la registra como vigente, no como perimida.
Expropiación de inmuebles
Hay además una iniciativa menos visible, pero de gran importancia para propietarios y desarrolladores: el Proyecto de Ley Orgánica sobre Expropiación de Bienes Inmuebles por Declaratoria de Utilidad Pública o Interés Social.
El expediente 01299-2026-PLO-SE fue depositado el 19 de enero de 2026 por el senador Félix Ramón Bautista Rosario y enviado a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos.
La iniciativa busca establecer un régimen orgánico para las expropiaciones de inmuebles cuando exista una declaratoria de utilidad pública o interés social.
No es una ley inmobiliaria en sentido comercial, pero sí toca directamente un elemento central del mercado de suelo: las condiciones bajo las cuales el Estado puede adquirir forzosamente un inmueble y el procedimiento que debe seguirse.
El expediente no figura entre los proyectos que hayan avanzado al Pleno en las fuentes consultadas y se encuentra en estudio de comisión.
El mapa que deja el Congreso
Al separar las iniciativas por materia, el panorama es más claro.
Construcción
1. Regularización de construcciones, adecuación urbanística, actualización catastral y vinculación registral
Exp. 01655-2026-SLO-SE
Depositado: 9 de junio de 2026.
Estado: en Comisión de Obras Públicas.
2. Mantenimiento cada 10 años de los edificios del Estado
Exp. 05423-2024-2028-CD
Depositado: 17 de marzo de 2026.
Estado: en Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
3. Modernización del régimen de propiedad en condominios
Exp. actual 05386-2024-2028-CD, antecedente 04357-2024-2028-CD.
Primer depósito: 10 de junio de 2025.
Reintroducido: 12 de marzo de 2026.
Estado: en Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Inmobiliario
1. Intermediación inmobiliaria y publicidad engañosa
Exp. base 01334-2026-PLO-SE, fusionado con 01305 y 01327.
Depósitos: 20, 28 y 29 de enero de 2026.
Estado: aprobado por el Senado y enviado a la Cámara de Diputados.
2. Régimen de propiedad en condominios
Exp. 05386-2024-2028-CD.
Origen: 10 de junio de 2025; reintroducido el 12 de marzo de 2026.
Estado: en comisión.
3. Fomento a la inversión
Exp. actual 01396-2026-PLO-SE.
Reintroducido: 19 de febrero de 2026, después de una trayectoria iniciada en 2024.
Estado: aprobado por el Senado y en la Cámara de Diputados.
4. Expropiación de bienes inmuebles por utilidad pública o interés social
Exp. 01299-2026-PLO-SE.
Depositado: 19 de enero de 2026.
Estado: en Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La panorámica legislativa, por tanto, no muestra una sola reforma inmobiliaria pendiente. Muestra varias piezas que atacan partes diferentes del mercado: quién puede intermediar una operación, cómo se regula la propiedad en condominios, cómo se protege o condiciona la inversión, cómo se regularizan construcciones existentes y bajo qué régimen pueden ser expropiados los inmuebles.
Y hay una diferencia importante entre ambas agendas: la inmobiliaria tiene ya una pieza que salió del Senado y está en la Cámara de Diputados, mientras que en construcción las iniciativas de regularización y mantenimiento todavía están en comisión.
Está en manos de los legisladores qué cambios regulatorios podrían llegar al mercado antes de que termine 2026.
