El Ministerio de Turismo (MITUR) publicó el 20 de mayo el borrador de la resolución que establece el registro obligatorio de alquileres vacacionales de corto plazo y sus anfitriones, con un plazo de 63 días para recibir observaciones del público, que vence en dos días
SANTO DOMINGO. – La comunidad de rentas cortas, el sector directamente afectado por la resolución de Mitur, no se enteró del proceso por esa vía, sino por una alerta de la plataforma Airbnb.
«Llevábamos más de un año dando seguimiento y esperando que ese borrador fuera publicado para revisarlo, pero no recibimos ninguna notificación formal. Tampoco vimos difusión en la prensa, por lo que muchos en el sector no nos enteramos», relató Yahaira Sosa, dirigente de la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO).
Según Sosa, la mayoría de los propietarios, administradores y operadores solo tuvo conocimiento del texto cuando la plataforma emitió una alerta interna y convocó una reunión con la comunidad de anfitriones, apenas esta semana.
El resultado: en vez de los 63 días formalmente disponibles, al sector le quedaron apenas cuatro para leer un texto extenso, catorce artículos con definiciones técnicas, requisitos documentales y régimen sancionatorio, coordinar una posición conjunta entre miles de propietarios y operadores, y presentar observaciones antes del cierre de este martes 22 de julio.
La consulta se ampara en el artículo 22 de la Ley 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, que instituye la consulta pública como requisito para las propuestas regulatorias.
La convocatoria oficial indica que la documentación estuvo disponible en el portal de transparencia del ministerio y que las observaciones podían remitirse por correo o presentarse presencialmente. Pero, según Sosa, la disponibilidad formal del documento en una página web no equivalió, en la práctica, a que los actores del sector supieran que existía.
«Todos estábamos un poco perdidos», dijo Sosa. La secuencia, un borrador publicado sin aviso directo a los actores interesados, ausencia de cobertura en medios, y una plataforma privada asumiendo el rol de notificar al sector, deja abierta la pregunta de qué tan efectivo fue el mecanismo de consulta pública en términos reales, más allá de su cumplimiento formal.
ADORECO ya remitió un comunicado a MITUR solicitando ampliar el plazo y abrir una mesa técnica de diálogo con el sector; ese pronunciamiento fue publicado esta semana en El Inmobiliario.
Lecturas recomendadas:
