SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) solicitó a los legisladores una revisión técnica del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado esta semana por el Senado en sesión extraordinaria, advirtiendo que las nuevas cargas económicas que establece podrían afectar la competitividad de sectores clave, entre ellos el turismo.
La posición del gremio hotelero no es nueva. Desde julio de 2025, cuando la Cámara de Diputados aprobó una versión anterior del proyecto, Asonahores ya había expresado su rechazo, señalando que la iniciativa ignoraba por completo al sargazo, pese a su impacto masivo sobre las costas turísticas, y que las tasas especiales recaían sobre las empresas calculadas según ingresos brutos, sin considerar la cantidad real de residuos generados.
La nueva ronda de cuestionamientos llega tras una aprobación que volvió a sorprender al sector. El proyecto fue introducido en el Senado a solicitud del senador Antonio Marte, sin estar incluido en la orden del día, y aprobado en segunda discusión con 28 votos a favor de los 32 presentes.
El artículo central en debate es el 36, referido a la contribución especial obligatoria para la gestión integral de residuos, que establece que toda persona jurídica deberá pagar un aporte calculado en base a sus ingresos anuales reportados a la DGII.
Las tarifas aprobadas escalan según el tamaño de la empresa. Las entidades con ingresos de hasta cinco millones de pesos aportarán RD$3,500; las que facturan entre cinco y diez millones, RD$6,000; entre diez y veinticinco millones, RD$20,000; y las de mayores ingresos hasta montos que superan los RD$675,000 anuales.
La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, reiteró que el sector turístico apoya las políticas de gestión ambiental y economía circular, pero condicionó ese respaldo a la existencia de reglas técnicamente fundamentadas.
«La sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano. Las contribuciones vinculadas a la gestión de residuos deben responder a criterios objetivos y guardar una relación proporcional con la generación real de residuos, garantizando seguridad jurídica y un trato equitativo para todos los sectores productivos», sostuvo.
El argumento central de Asonahores, que el esquema contributivo basado en ingresos brutos distorsiona la realidad operativa de empresas que generan pocos residuos, pero facturan mucho, no es exclusivo del sector turístico.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) también manifestó su preocupación, advirtiendo que la legislación fue modificada recientemente en diciembre de 2025 y vuelve a ser objeto de cambios apenas seis meses después, lo que genera señales negativas sobre la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica del país.
Asonahores había señalado antes que la tasa por tamaño de empresa nunca debería calcularse sobre ingresos brutos, ya que eso crea una distorsión especialmente severa para entidades que solo comisionan, como las agencias de viajes y los touroperadores.
A la posición del gremio hotelero se sumaron la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri) e Inverotel.
El bloque de gremios plantea que cualquier esquema de contribuciones debe guardar relación con el tipo y volumen de residuos generados por cada actividad, incentivar el reciclaje, reconocer las inversiones ambientales que ya realizan las empresas y preservar la seguridad jurídica.
La solicitud de revisión llega en un momento en el que el país recibió más de 11 millones de visitantes entre turistas y excursionistas durante 2025, y el sector tiene más de 4,000 millones de dólares en proyectos turísticos en ejecución o planificación.
En ese contexto, la incertidumbre regulatoria sobre residuos sólidos, un tema directamente vinculado a los estándares de sostenibilidad que exigen los mercados internacionales, genera preocupación adicional entre los inversionistas.
La AIRD indicó que espera participar en las discusiones, que pasan a la Cámara de Diputados, buscando que los legisladores cuenten con los elementos técnicos necesarios para evaluar la iniciativa antes de su aprobación definitiva.
Asonahores, por su parte, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de una legislación que garantice eficacia ambiental y viabilidad económica.
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