SANTO DOMINGO.– Lo que comenzó en 2025 como una denuncia de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Metro Country Club (APIMCC) sobre supuestas irregularidades registrales, hoy se ha convertido en un conflicto activo con desalojos ejecutados, familias afectadas y un debate abierto sobre la seguridad jurídica del sistema inmobiliario dominicano.
Ayer miércoles 27 de mayo, al menos dos propiedades fueron desalojadas dentro del complejo turístico Metro Country Club, en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís, en medio de un proceso judicial que involucra presunta duplicidad de títulos y una deuda millonaria asociada al promotor original del proyecto.
Los residentes aseguran que viven en un “limbo jurídico” en el que títulos de propiedad válidamente adquiridos compiten con nuevas adjudicaciones emitidas posteriormente, generando una cadena de conflictos que hoy impacta directamente a familias dentro del complejo.
Un conflicto que viene arrastrándose desde 2025
El origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando la APIMCC denunció públicamente la existencia de irregularidades en la titulación de propiedades dentro del complejo, alegando que decisiones judiciales derivadas de una deuda privada habían provocado la emisión de nuevos títulos que se superponían a otros ya registrados.
Según un comunicado de entonces de la Asociación, la situación surgió a partir de una deuda de 9.6 millones de dólares atribuida al promotor original del proyecto, Luis José Asilis Elmudesi, y sus empresas vinculadas a Metro Country Club.
Una sentencia emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro de Macorís habría adjudicado parcelas como forma de pago a un acreedor, generando la emisión de nuevos certificados de título sobre terrenos que, según los propietarios, ya habían sido vendidos y titulados hace casi dos décadas.
Desde entonces, la comunidad ha advertido que el problema no se limita a un caso aislado, sino que podría extenderse a otras propiedades dentro del complejo.
De la denuncia a la incertidumbre jurídica
La APIMCC ha sostenido desde el inicio que los propietarios no tienen ninguna responsabilidad sobre las deudas del desarrollador, ya que adquirieron sus inmuebles de buena fe, con títulos definitivos, deslindes completos y pagos de impuestos al día.
Sin embargo, la emisión de nuevos títulos ha generado una contradicción registral que ha encendido alertas dentro del sistema inmobiliario.
De acuerdo con las denuncias, alrededor del 30 % de los propietarios serían inversionistas extranjeros, lo que amplifica el alcance internacional del conflicto y sus posibles repercusiones sobre la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.
En sus comunicados, la asociación ha insistido en que cualquier intento de ejecutar garantías sobre propiedades ya vendidas podría constituir una violación al derecho de propiedad y una amenaza directa a la seguridad jurídica del país.
2025: advertencias sobre un sistema bajo presión
La abogada Arlina Espaillat, especialista en derecho empresarial, inmobiliario y registral, declaró en octubre del pasado año a El Inmobiliario que el conflicto legal en el complejo Metro Country Club “pone a prueba la fortaleza de nuestro sistema registral y la confianza que debe inspirar la propiedad inmobiliaria en el país”.
Desalojos en 2026: el punto más crítico del conflicto
El episodio más reciente ocurrió este miércoles, cuando se ejecutaron al menos dos desalojos dentro del complejo Metro Country Club, según reportaron residentes afectados.
Los propietarios denunciaron que las medidas forman parte de un proceso de embargo inmobiliario relacionado con 19 propiedades adjudicadas en el marco del conflicto judicial.
Los residentes solicitaron la intervención del Estado dominicano y del Ministerio Público para detener nuevos desalojos mientras el proceso judicial sigue en curso, alegando que la situación está afectando la estabilidad de múltiples familias dentro del complejo turístico.
Un conflicto que escala en lo social y lo económico
Metro Country Club, uno de los desarrollos turísticos más antiguos de la zona este, alberga alrededor de mil propiedades entre residencias permanentes, viviendas de fin de semana y solares vacíos.
La diversidad de propietarios incluye familias dominicanas de distintos niveles socioeconómicos, así como inversionistas extranjeros provenientes de países de Europa, América del Norte y otras regiones.
Entre el derecho de propiedad y las deudas privadas
Uno de los puntos más controversiales del caso es la posición de los propietarios, quienes insisten en que no pueden ser responsables de obligaciones financieras contraídas por el promotor original del proyecto.
La APIMCC ha reiterado que la ejecución de deudas privadas no puede trasladarse a terceros que adquirieron inmuebles legalmente, y ha advertido que cualquier intento en ese sentido podría sentar un precedente peligroso para el sistema de propiedad inmobiliaria en el país.
Al mismo tiempo, los acreedores involucrados en el proceso judicial mantienen su derecho a ejecutar sentencias relacionadas con las deudas reconocidas por los tribunales, lo que mantiene abierto el conflicto en el plano legal.
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