SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este lunes el inicio de circulación de la Ley 16-26, la normativa que autoriza al Estado a reconocer, validar y saldar deudas pendientes con contratistas y empresas constructoras vinculadas a obras públicas ejecutadas para distintas instituciones gubernamentales.
La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional tras un proceso legislativo marcado por debates congresuales, observaciones del Poder Ejecutivo y reclamos históricos del sector construcción.
Una ley marcada por debates y observaciones
La entrada oficial en circulación de la normativa ocurre luego de varios meses de discusiones sobre distintas iniciativas orientadas a regularizar pagos pendientes correspondientes a obras ejecutadas para instituciones públicas.
El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso Nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la pieza el pasado 16 de enero tras señalar presuntos aspectos considerados inconstitucionales dentro de la propuesta.
Posteriormente, la iniciativa fue revisada y modificada antes de recibir la promulgación definitiva del mandatario dominicano.
La ley abarca obras ejecutadas sin contratos formalizados
La pieza legal permite al Estado avanzar en el reconocimiento de compromisos económicos relacionados con proyectos de infraestructura desarrollados incluso sin contratos formalizados, una situación que durante años afectó a cientos de ingenieros, suplidores y empresas constructoras.
La normativa incluye expedientes relacionados con obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Entre los proyectos contemplados figuran asfaltado de calles, caminos vecinales, viviendas, escuelas y sistemas sanitarios desarrollados en distintas provincias del país.
Crearán comisión para validar expedientes
Además del reconocimiento de las deudas, la Ley 16-26 establece la creación de una comisión especial encargada de recibir, revisar y validar los expedientes correspondientes a los contratistas incluidos dentro del proceso.
Representantes del sector construcción consideran que la puesta en circulación de la legislación representa uno de los pasos institucionales más importantes tomados en los últimos años para enfrentar reclamaciones económicas acumuladas históricamente contra el Estado dominicano.
Datos ofrecidos por miembros del Comité Institucional Codiano (CIC) indican que alrededor de 600 personas físicas y jurídicas podrían resultar impactadas por la aplicación de la normativa.
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