“Si esa reglamentación se diseña sin escuchar al sector, puede terminar siendo rígida o confusa, generando más fricción que soluciones”, advirterte Mélido Marte
SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en la República Dominicana aprobado en primera lectura el pasado 23 de abril, cuenta con respaldo dentro del sector de los bienes raíces, pero también con advertencias claras sobre los desafíos que enfrentará en su aplicación.
Los ex presidentes de la Asociación de Agencias y Empresas Inmobiliarias (AEI), Melido Marte y Claudia Castillo, coincidieron en que la iniciativa responde a una necesidad urgente de ordenamiento del mercado.
“Entiendo que este proyecto de ley tiene altas probabilidades de ser aprobado. Hay una presión real por ordenar el sector inmobiliario, tanto por la creciente informalidad como por los casos de publicidad engañosa”, explicó Marte.
De su lado, Claudia Castillo, asesora Senior de Plusval Dominicana, sostuvo que ha sido un proyecto muy consensuado con todos los actores del sector. «Han sido años de esfuerzo para lograr regularizar un sector tan importante y dinámico”, expuso.
La agente inmobiliaria señaló que el contexto actual, marcado por el auge de inversiones en proyectos en desarrollo, ha evidenciado debilidades en la regulación vigente. “Se hace obligatorio regular para evitar que las malas prácticas prosperen”, indicó.
Una ley necesaria pero no suficiente
Mélido Marte director regional de RE/MAX República Dominicana, advirtió que la aprobación de la ley no garantiza su efectividad. “La ley, en esencia, es un paso en la dirección correcta pero su verdadero impacto dependerá de la calidad de su reglamentación y de la capacidad de ejecución del órgano regulador”, sostuvo.
En ese sentido, alertó sobre el riesgo de diseñar normas desconectadas de la realidad del mercado.
“Si esa reglamentación se diseña sin escuchar al sector, puede terminar siendo rígida o confusa, generando más fricción que soluciones”, advirtió.
Subrayó que el éxito de la ley dependerá de lograr un equilibrio en la supervisión. “Si la supervisión es débil, la ley se vuelve simbólica; pero si es excesiva o mal aplicada, puede incentivar la informalidad”, explicó.
Asimismo, destacó la importancia de la coordinación con instituciones como Pro Consumidor y otros actores del sistema.
Orden, profesionalización y sanciones
Desde la mirada de Claudia Castillo la normativa permitirá organizar el sector y elevar los estándares de quienes operan en él. “Este instrumento será muy efectivo, habrá sanciones y consecuencias, lo que minimiza enormemente los inconvenientes”, afirmó.
Indicó que la ley también impulsará la profesionalización de la actividad inmobiliaria, al exigir licencias y un comportamiento ético para quienes deseen integrarse al mercado.
Coincide con Marte en que la ley debe tener reglamento para operar, pues otorgará una licencia para ejercer y debe garantizar que se cumpla con las normas, que haya eficacia, consecuencias, se garantice igualdad y transparencia en la operatividad. «Es imprescindible que tenga una reglamentación y asi ha sido la propuesta de nuestra AEI», precisó.
Al ser consultados por El Inmobiliario, ambos coincidieron en que la iniciativa puede fortalecer la confianza en el sector inmobiliario dominicano, siempre que se ejecute con criterios.
“El reto no es aprobarla, sino aplicarla con inteligencia”, concluyó Marte.
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