SANTO DOMINGO. – Luego de casi un año en torno a la reorganización del Registro de Proveedores del Estado (RPE), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) destacó que el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo 20 de agosto representa un paso decisivo para corregir distorsiones históricas en el sistema de compras públicas y combatir prácticas que durante años permitieron la proliferación de las denominadas “empresas de carpeta”.
La institución explicó que la normativa DGCP-SNCP-01-2026 no limita el crecimiento de las empresas ni restringe su expansión comercial, sino que introduce un criterio de mayor coherencia y transparencia, al exigir que las actividades registradas en el RPE correspondan estrictamente con aquellas declaradas formalmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El objetivo: depurar el registro
De acuerdo con la DGCP, durante años sociedades comerciales acumularon un número excesivo de actividades económicas sin relación con su capacidad operativa ni con su experiencia real, con el propósito de participar en una amplia variedad de procesos de compras estatales.
La entidad sostuvo que esa práctica terminó afectando la competencia y elevando los riesgos para el Estado.
“No es posible, ni técnica ni éticamente, que una empresa se dedique con la misma especialidad y capacidad a todas las actividades comerciales existentes. El Estado no puede seguir asumiendo los altísimos riesgos operativos, jurídicos y financieros que esto ha generado en la historia de las contrataciones públicas”, indicó la institución en el comunicado.
Competencia más equitativa
La entidad señaló que la reforma busca que los proveedores participen únicamente en las áreas donde realmente desarrollan sus operaciones y poseen experiencia comprobada, lo que permitiría establecer condiciones más justas para las micro, pequeñas y medianas empresas y para sectores especializados que, en muchos casos, quedaban desplazados por estructuras corporativas con registros genéricos.
Para ello, las actividades económicas declaradas ante la DGII serán clasificadas dentro del RPE utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, lo que permitirá una identificación más precisa de cada proveedor.
La institución explicó que una actividad principal registrada ante la administración tributaria podrá traducirse en varias categorías específicas dentro del Registro de Proveedores, evitando que las empresas pierdan espacios legítimos de participación y favoreciendo una clasificación más ordenada.
Un cambio para elevar la transparencia
Contrataciones Públicas afirmó que la medida responde a una decisión orientada a elevar la calidad del gasto público, fortalecer la integridad del mercado y reducir espacios para la opacidad y las irregularidades.
“Esta medida es un pilar fundamental para contrarrestar la ilegalidad y la opacidad en los contratos estatales, asegurando que el Estado dominicano contrate solo con proveedores idóneos, transparentes y formalmente responsables”, destacó el organismo.
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