SANTO DOMINGO.-Luis Carvajal, vocero de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, denunció ayer lunes que los terrenos donde se proyecta construir el complejo hotelero Bucanyé en Pedernales, habrían sido subvaluados a un precio de US0.50 centavos de dólar el metro cuadrado.
De acuerdo a la cifra que ofreció en el Programa El Día de Telesistema, el precio al que ronda el metro cuadrado en esa demarcación geográfica del Sur, promedia US37 por metro cuadrado.
Expuso que la transacción abarcaría al menos 14 millones de metros cuadrados a un precio de 0.50 centavos de dólar, lo que representaría una gran cantidad de dinero que dejaría de percibir el Estado dominicano.
«Cuando tú multiplicas la diferencia por 14 millones y eso por 54 te darás cuenta la enorme cantidad que en una simple operación irregular, mafiosa, diría alguien, puede apropiarse una persona, o sea, son robos significativos que están empobreciendo la sociedad dominicana», dijo Carvajal.
Dijo, asimismo, que deben investigarse las transsacciones inmobiliarias de este tipo para verificar si han pagado sus impuestos y están en regla, como ordenan las leyes del país.
«Lo importante es respetar el caracter público, la integridad ambiental, el caracter democrático y lo fundamental es que cualquiera que viole el procedimiento ambiental tiene que ser sancionado y sometido a la justicia», declaró.
Opinó que desarrollar no es apropiarse y que se pueden levantar infraestructuras en la zona, pero fuera de las áreas protegidas.
No se opone al desarrollo turístico
Carvajal dijo que igual que todas las áreas protegidas, la zona donde se pretende levantar el complejo, no puede ser privatizada. Entiende que es un área que puede ser incorporada al desarrollo turístico de la zona, pero sin expropiar al Estado.
«A la coalición lo que nos interesa es que la justicia dominicana investigue a profundidad, por qué el hecho de que de repente una persona privada pueda aparecer con un título en un espacio público donde la Constitución y dos leyes dicen de manera específica que no se puede…y si lo dice la Constitución no hay nada que discutir», añadió.
Afirmó que la «mafia» de distribuirse los terrenos del Estado ha ido pasando de gobierno a gobierno y que el Ministro de Medio Ambiente no puede alegar argumento porque él visitó la zona junto al Grupo Jaragua, por tanto no puede alegar ignorancia, «además de que ante la ley la ignorancia no es un argumento».
Abundó que para los hoteles hay terreno de sobra y que uno de los criterios que debe primar en las construcciones es no tocar las áreas protegidas.
«Nadie puede ir a cercar un terreno de área protegida, eso solo ocurre en un país donde no hay institucionalidad. Que la justicia investigue a profundidad de que manera un sector privado aparece como dueño de un área protegida», expuso el defensor medioambiental.
