La interoperabilidad entre los tribunales y el Registro Inmobiliario ha creado una barrera técnica y legal sin precedentes en la historia dominicana.
SANTO DOMINGO.– La República Dominicana ha puesto en marcha una serie de iniciativas que hoy por hoy facilitan la fortaleza de la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias. Las autoridades llamadas a velar por el cumplimiento de las normativas que previenen las malas prácticas en el sistema así lo atestiguan, destacando las herramientas tecnológicas y los instrumentos diseñados para tales fines.
A través de la presentación del «Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria», los representantes del poder judicial aseguraron que la nación dominicana cuenta hoy con una seguridad jurídica más robusta que nunca, tras resaltar las herramientas tecnológicas y legales diseñadas específicamente para neutralizar actuaciones delictivas y desarticular mafias inmobiliarias.
Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario y Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Suprema Corte de Justicia, garantizaron que la seguridad jurídica preventiva es hoy más robusta que nunca, aunque aclararon que depende del usuario utilizar las herramientas disponibles.
También estuvo presente la magistrada Catalina Ferreras, presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento, coindidiendo todos en las garantías que existe en el país para las inversiones.
Explicaron que tanto los inversionistas nacionales como extranjeros pueden realizar transacciones de bienes raíces con confianza, ya que el país ofrece garantías suficientes contra el fraude. Este blindaje no es una promesa al aire, sino que se sustenta en una infraestructura digital que permite al ciudadano «ver más allá» de lo que un vendedor pueda mostrarle.
Las omisiones del comprador
Las autoridades señalaron que la mayoría de los casos tipificados como «fraude» suelen originarse por omisiones del comprador en las etapas iniciales del negocio. Manifestaron que, con las herramientas actuales, el Estado busca que el inversionista realice una seguridad jurídica preventiva.
«Hoy día ya tenemos las herramientas para que esas actuaciones sean evitadas por los inversionistas. Ya depende de él usarlas y saber la confianza que puede tener en el negocio», expuso el magistrado Bello Ferreras.
Afirmó además que, si bien las mafias siempre buscarán grietas, la interoperabilidad entre los tribunales y el Registro Inmobiliario ha creado una barrera técnica y legal sin precedentes en la historia dominicana.
La debida diligencia del inversionista
Los expertos advierten que, para que la compra no termine en un divorcio costoso, el inversionista debe «hacer la tarea» y estudiar el «iceberg» completo de la propiedad antes de firmar.
Sostienen que el concepto de debida diligencia suele malinterpretarse, pues muchos compradores creen que obtener una certificación del estado jurídico del inmueble es suficiente. «Esa es solo la punta del iceberg», advierten. «Si el extranjero viene y no hace la tarea, no estudia, se va a quemar en el examen», sentenció el magistrado Bello Ferreras, haciendo un llamado a la responsabilidad del comprador.
Tecnología y agilidad
Uno de los puntos más innovadores destacados es el uso de la firma digital. El objetivo es que la euforia del turista que se enamora de una propiedad no se diluya en trámites burocráticos lentos. La incorporación de tecnología busca que el inversionista pueda agotar su debida diligencia y suscribir el contrato de manera expedita antes de marcharse del país.
Para facilitar este proceso, el Registro Inmobiliario ha puesto a disposición del público la Consulta del Parcelario. Se trata de un servicio de acceso abierto en su página web que funciona con la misma sencillez que Google Maps, permitiendo verificar la ubicación y límites de los terrenos de forma inmediata.
El magistrado Bello destacó que el desarrollo nacional no puede ser una realidad si no se brindan garantías y acceso eficiente a quienes apuestan por inmuebles con vocación turística.
«Si no podemos brindar garantías, acceso y seguridad jurídica, no es posible que el país se encamine a un verdadero desarrollo», enfatizó.
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