Por Reyna Echenique
Especial para El Inmobiliario
El sector inmobiliario dominicano atraviesa un momento determinante donde la necesidad de una regulación integral se hace cada vez más evidente. Mientras el mercado experimenta un crecimiento notable, especialmente en ventas sobre planos y proyectos en construcción, la falta de un marco regulatorio adecuado para ese tipo de ventas de inmuebles genera vulnerabilidades que podrían amenazar su estabilidad y credibilidad.
La realidad actual
La realidad actual del mercado inmobiliario dominicano revela preocupantes vacíos regulatorios. Las ventas sobre planos se realizan frecuentemente sin garantías adecuadas, mientras la ausencia de regulación para agentes inmobiliarios permite la operación de promotores sin estructura operativa adecuada. Esta situación ha resultado en proyectos inconclusos o que no cumplen con lo prometido, dejando especialmente vulnerables a los inversionistas dominicanos en el extranjero.
El modelo Dubai como referente
La experiencia internacional, particularmente el caso de Dubai con su Ley N° 13 de 2008, – una ley más joven que la nuestra – demuestra que es posible implementar un sistema regulatorio efectivo que proteja a todas las partes involucradas. Este modelo establece un registro provisional obligatorio para propiedades en desarrollo, pago de impuestos de registro, verificación rigurosa de permisos antes de iniciar ventas y un sistema de supervisión continua que ha transformado su mercado inmobiliario en uno de los más confiables a nivel global.
Hacia una profesionalización integral
La transformación del sector requiere un enfoque multifacético que comience con la profesionalización de todos sus actores. Es fundamental establecer un sistema de licencias obligatorias para agentes inmobiliarios, acompañado de programas de certificación y capacitación continua. Actualmente, un paso significativo en esta dirección es el anteproyecto de ley que cursa en el Congreso para regularizar los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje, iniciativa que el sector espera con ansias y pide a gritos que se apruebe, pues establecería un marco legal claro para la actividad de intermediación inmobiliaria. El registro oficial de agentes y promotores permitiría mantener estándares éticos y profesionales elevados, asegurando la calidad del servicio en todo el sector.
Garantías financieras y transparencia
La protección de las inversiones debe sustentarse en mecanismos financieros sólidos. La implementación de cuentas escrow obligatorias y el control de desembolsos por hitos de construcción son herramientas fundamentales. Los fideicomisos inmobiliarios, supervisados adecuadamente para que sean eficientes,
pueden proporcionar una capa adicional de seguridad para todos los involucrados.
La estandarización de contratos y procesos emerge como otro pilar fundamental. La
creación de contratos únicos estandarizados para ventas en planos, supervisados por ProConsumidor, garantizaría la transparencia y equidad en las transacciones. Estos contratos deben incluir información detallada sobre los proyectos y establecer plazos de entrega claros y vinculantes.
Certificación y autorregulación
El sector necesita un sistema de certificación que verifique la viabilidad técnica y
financiera de los proyectos antes de su lanzamiento. Este proceso debe incluir el
seguimiento continuo del avance de obra y el cumplimiento de normativas legales. La participación activa de asociaciones como AEI y ACOPROVI en estos procesos fortalecería la autorregulación del sector.
Beneficios e implementación
Los beneficios de un marco regulatorio robusto son múltiples. Para los compradores, representa mayor seguridad en sus inversiones y garantía de cumplimiento. El sector se beneficiaría con el fortalecimiento de la confianza y la profesionalización de servicios, mientras que la economía nacional ganaría estabilidad y atractivo para la inversión extranjera. La implementación de estas medidas requiere un enfoque gradual en tres fases principales. Primero, la modificación del marco legal, incluyendo la Ley 108-05, para establecer el registro provisional y definir procedimientos claros. Segundo, el
desarrollo de la infraestructura necesaria, como plataformas digitales de registro y sistemas de supervisión.
Finalmente, un período de capacitación y adaptación que permita a los actores del sector ajustarse a los nuevos requisitos.
Hacia un futuro más seguro
La regulación del sector inmobiliario no es una opción sino una necesidad urgente. Las medidas propuestas, inspiradas en modelos exitosos como el de Dubai, buscan construir un mercado más transparente, seguro y profesional. El momento de actuar es ahora, antes de que los riesgos actuales se materialicen en una crisis que afecte la confianza en el sector.
Con un marco regulatorio robusto, el sector inmobiliario podrá continuar siendo un motor de crecimiento económico y desarrollo social para la República Dominicana, garantizando la protección tanto de inversionistas locales como extranjeros.
Este artículo forma parte de la serie ‘Buenas Prácticas Inmobiliarias en RD».
La autora es abogada inmobiliaria, empresaria inmobiliaria CEO Echenique Group, Secretaria de la Junta Directiva AEI 2024-2026, Realtor especializada en el sector inmobiliario dominicano e internacional.
