SANTO DOMINGO.- A propósito de la preocupación externada esta semana por el sector construcción dominicano sobre el tema, el Ministerio de Hacienda aclaró que el proyecto de modernización fiscal presentado por el gobierno, en estudio en la Cámara de Diputados, no contempla gravar los bienes inmuebles con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualmente Impuesto a la Transferencia e Importación de Bienes Industrializados (ITBIS).
A través de sus redes sociales, la institución gubernamental, explicó ayer martes que como el proyecto de ley está bajo el estudio de los legisladores, propondrá una redacción que aborde de manera explícita el tratamiento de los inmuebles y los intangibles.
«Como parte de los trabajos de revisión desarrollados en el Congreso Nacional, se propondrá una redacción que aborde de manera explícita el tratamiento de los inmuebles y los intangibles o derechos bajo esta figura», destacó.
La opinión de los sectores de la construcción
Diversas asociaciones del sector construcción de la República Dominicana plantearon el pasado lunes su posición en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal propuesto por el gobierno la pasada semana, y que en la actualidad se estudia en la Cámara de Diputados.
La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici); la Asociación de Desarrolladores y Constructores de la Altagracia (Adecla), Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), se refirieron al tema en una rueda de prensa convocada para los fines, donde expresaron su preocupación alegando que la propuesta gubernamental, de ser aprobada, representaría un retroceso de décadas en el sector viviendas, particularmente en el acceso a la vivienda asequible.
En el comunicado resaltaron que se adicionaría un 18% de aumento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la venta de viviendas, al transporte y a bienes no industrializados como los agregados.
«Las ventas disminuirían en aproximadamente 56%, lo cual motivaría una reducción de alrededor de 77,000 millones de pesos de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al Producto Interno Bruto (PIB)», señalaron, entre otras consecuencias que arrastraría la puesta en marcha de la reforma, según los citados sectores.
