SANTO DOMINGO.-La comisión especial que estudia el proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios fijó para el martes 27 del presente mes de junio a las 9:00 de la mañana, escuchar las observaciones que tengan los distintos sectores en torno a la pieza que pretende regular el modelo de renta de larga estancia en el país.
El diputado Eugenio Cedeño informó que el equipo que estudia el documento, acordó para la indicada fecha, realizar vistas públicas para conocer las opiniones de la sociedad.
Expuso que la Cámara de Diputados publicará la convocatoria en los medios de comunicación para que cada sector, ciudadano e institución pública o privada pueda inscribirse y externar sus opiniones del proyecto.
En su último encuentro, la comisión escuchó las posiciones del Banco Agrícola y de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi). Decidieron detener las invitaciones a otras entidades hasta que llegue el día de las vistas públicas y así registrarlas en una sola matriz que se comparará con el proyecto que estudian los diputados.
El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) enviaron a la Cámara Baja varios cambios al proyecto aprobado en primera lectura el 24 de mayo del presente año.
El MIVHED sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.
La entidad gubernamental propone crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron.
Con esto, el MIVHED se propone proteger a los inquilinos «en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios».
Mientras FINJUS propone que el proyecto que analizan los congresistas sea dispuesto únicamente para viviendas y no para locales comerciales o industriales, como lo establece la pieza legislativa.
La institución plantea que el régimen de alquileres relativo a otros usos, tales como actividades locales, industriales y alquileres de corta estadía, debería estar solo basado en el derecho civil y al principio de libre voluntad de las partes.
“Sugerimos definir el alcance del término “vivienda” conforme los preceptos constitucionales para evitar interpretaciones y confusiones en la aplicación de la ley, entendiéndose como tal el lugar principal de morada fija usada para la convivencia y residencia familiar o personal”, dice la “Matriz de estudio”, elaborada por la entidad.
La iniciativa, que ya fue aprobada en primera lectura, establece una serie de reglamentaciones para los alquileres como el cobro de un solo depósito o la no discriminación por raza o etnia a los inquilinos.
