SANTO DOMINGO.- Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), confía en que este 2023 República Dominicana contará con una ley que norme el ejercicio de los agentes inmobiliarios, con lo cual entiende “cesará el desorden de las operaciones en materia de bienes raíces en el país”.
“En esta ocasión nos hemos reunido con la comisión que estudia el proyecto. En este año es casi seguro que vamos a tener una ley. Los legisladores están en regular el mercado por el tema impositivo y por ser el único eslabón suelto y creo que lo vamos a lograr”, expuso el representante inmobiliario, al pronunciar unas palabras en la certificación de 70 corredores en Urban Group.
Bogaert informó que la AEI como entidad que impulsa el proyecto al igual que la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), está recibiendo apoyo del Congreso Nacional para retroalimentar el proceso y lograr la aprobación.
Agregó que ACOPROVI y la AEI han intercambiado las observaciones que han hecho a la pieza legislativa, de manera que ha existido consenso entre ambos gremios en las enmiendas formuladas, buscando que sea una ley que se ajuste a la realidad y las necesidades de la industria.
“Hemos revisado el proyecto de ley y estamos en un punto de consenso que creo que vamos a lograrlo”, declaró Bogaert, quien consideró que dicho instrumento legislativo servirá para poner orden en la profesión, al disponer el requisito de portar una licencia para quienes deseen entrar a la carrera.
Añadió que la AEI se creó en el año 1989 con el propósito de reglamentar el mercado, tras destacar las luchas que ha librado la asociación buscando que los bienes raíces se ejerzan en República Dominicana, bajo el amparo de una legislación que proteja el sector y a los agentes.
Desde el 2021
El proyecto de ley que cursa en la actualidad y que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país fue introducido el 18 de agosto del año 2021, en la actual gestión de la Cámara de Diputados, encabezada por Alfredo Pacheco; y es de la autoría de la diputada por el Distrito Nacional, Lourdes Serulle.
La ley tiene como propósito proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces o sus agentes y la confianza del mercado inmobiliario, derivado del negocio jurídico que surge con motivo de la intermediación de los corredores de bienes raíces o sus agentes.
Comprende el régimen normativo , organizativo y de gestión de la actividad de la correduría de bienes raíces aplicables a los intermediarios inmobiliarios que operen en el territorio nacional, los requisitos para su ejercicio, los derechos y las obligaciones de los corredores y agentes; así como el contrato de corretaje; en adición al control de calidad de tales servicios
