LA VEGA.-Presentación periódica e impedimento de salida del país, fueron las medidas que dictó el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, contra los propietarios de la mueblería R&S Multimuebles S.R.L. cuyo edificio colapsó el pasado mes de enero causando la muerte de Yasiris Joaquín de Jesús de 31 años, empleada de la empresa.
La sentencia fue dada a conocer a las partes vía secretaría del Palacio de Justicia vegano, por el juez Fernando Arturo Abreu, contra Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, propietarios del negocio.
El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario, y solicitaba además un embargo retentivo por un monto de RD$ 50 millones de pesos para la indemnización económica de las víctimas.
«No se impuso medida de coerción real a la entidad comercial, a pesar de haber sido debidamente motivada, el proceso continúa contra ellos y la empresa también como persona jurídica», declaró a Diario Libre Aura Luz García, fiscal titular del Ministerio Público en la localidad, quien sostuvo que la decisión del Tribunal será apelada y que de igual manera continuarán con el proceso acusatorio.
“Con la medida impuesta, el juez entendió que había mérito para la imposición de medida de coerción porque estaban dadas todas las condiciones para ello, sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con la misma y estaremos ponderando el recurso de apelación correspondiente razón de qué como persona jurídica solicitamos medida de coerción a la empresa y no le impuso la medida solicitada y ninguna otra”, expuso.
El colapso del edificio ocurrió el 18 de enero pasado, provocando la muerte de la empleada Yasiris Joaquín de Jesús, y varias de sus compañeras resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo, al quedar atrapadas entre escombros.
Juez truena
Previo al inicio de la audiencia de medidas de coerción contra los empresarios, el juez Fernando Arturo Abreu, negó que haya recibido dinero y líneas para favorecer imputados del caso en cuestión.
«Estamos cansados de que cretinos mercaderes vendedores de sueños se lucren con nuestra honra», dijo el magistrado.
Indicó que fuentes de entero crédito le informaron de supuestos rumores de personas que habían difundido lo que entiende son mentiras que solo buscan difamar la honra del poder Judicial.
«Que este juzgador ha sido informado de que se han difundido rumores dentro de los que se incluye que este juzgador recibió una suma millonaria para favorecer a esta parte, que es la contraria y otra, que este juzgador ha recibido una bajada de línea para inclinarse hacia la parte imputada», señaló el juez.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por los fiscalizadores, Welintong Gómez y Esperanza Graciano.
