Tres representantes del sector consideran que la escasa profesionalización, las debilidades en la seguridad jurídica, la publicidad engañosa y las deficiencias de infraestructura figuran entre los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva gestión gremial
SANTO DOMINGO.– Tres empresarios inmobiliarios de Punta Cana expresaron ayer sus expectativas sobre la nueva Junta Directiva de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI). Aunque valoraron favorablemente las oportunidades que representa esta administración, alertaron que deberá afrontar importantes retos relacionados con la informalidad, la preparación de los agentes, la transparencia comercial y el ordenamiento territorial.
Manuel Vásquez, CEO de RE/MAX Capital; Pamela Núñez, CEO de Canablue Real Estate; y Altagracia Poueriet CEO de Hummel inmobiliaria, coincidieron en señalar la necesidad de consolidar la institucionalidad del gremio e implementar mecanismos que contribuyan a elevar la confianza de los inversionistas y la competitividad del mercado de bienes raíces de la región.
Entre las principales preocupaciones expuestas destacan la facilidad con que personas sin capacitación adecuada pueden incorporarse a la intermediación de propiedades, la promoción de proyectos con datos incompletos, la ausencia de criterios uniformes de acreditación y las limitaciones existentes en materia de planificación urbana e infraestructura.
Estas consideraciones se producen cuando la AEI inicia una nueva etapa institucional, encabezada por Reyna Echenique como presidenta para el período 2026-2028 y Osman González como director de la Zona Este.
Advierte falta de transparencia y fragmentación del mercado
El representante de RE/MAX Capital Punta Cana, Manuel Vásquez, indicó que uno de los principales compromisos de la directiva entrante será ampliar la representación regional e impulsar prácticas comerciales que garanticen mayor claridad y protección jurídica en las transacciones inmobiliarias.
Según explicó, Punta Cana presenta características particulares debido a la participación de compradores nacionales y extranjeros, la inversión turística, las edificaciones en construcción y los diversos modelos de comercialización, circunstancias que demandan una coordinación más efectiva entre los participantes de esta actividad económica.
«Los agentes y las empresas inmobiliarias esperamos una asociación más cercana, representativa y activa en la defensa de los intereses del sector. La AEI debe ser un espacio donde se escuchen las necesidades de sus miembros y donde las distintas regiones inmobiliarias del país tengan una participación efectiva», expresó.
Vásquez evaluó de manera positiva, aunque con prudencia, las propuestas de la gestión entrante, particularmente las vinculadas con la consolidación institucional, la regulación del ejercicio profesional y las garantías legales.
No obstante, sostuvo que esos compromisos deberán convertirse en resultados medibles y traducirse en una comunicación constante entre la organización y sus afiliados.
Al referirse a las debilidades del mercado, identificó su fragmentación, la escasez de información compartida y las diferencias en los niveles de preparación técnica como factores que reducen la capacidad competitiva de Punta Cana frente a otras demarcaciones del país.
Plantea verificar documentación antes de comercializar propiedades
Entre las iniciativas que estima necesarias, Vásquez propuso elaborar una guía de buenas prácticas para la promoción de desarrollos inmobiliarios y crear una plataforma informativa que facilite la comprobación de documentos, disponibilidad de inmuebles y condiciones de pago.
El especialista alertó que la venta de propiedades con datos insuficientes o poco precisos puede provocar conflictos entre compradores, intermediarios, compañías y desarrolladores, además de perjudicar la credibilidad del destino.
«Uno de los mayores retos es lograr que el crecimiento inmobiliario avance acompañado de planificación, información confiable y responsabilidad profesional», manifestó.
Ante este panorama, recomendó ampliar los programas de capacitación permanente en aspectos legales, ventas sobre planos, debida diligencia, publicidad responsable y atención a inversionistas.
Igualmente, destacó la importancia de establecer una articulación más estrecha entre las autoridades y el empresariado para abordar asuntos vinculados con infraestructura, sostenibilidad y organización del territorio.
Desde su perspectiva, el reconocimiento turístico internacional de Punta Cana constituye una ventaja significativa, pero mantener esa posición dependerá de la capacidad de los profesionales para proporcionar datos verificables, seguimiento posterior a las ventas y cumplimiento de los acuerdos comerciales.
«La competitividad no depende únicamente de tener más proyectos; depende de generar confianza y cumplir lo que se ofrece», puntualizó.
Alerta que el mercado crece más rápido que su profesionalización
Pamela Núñez, representante de Canablue Real Estate, identificó la ausencia de formación estandarizada, el ejercicio informal y las deficiencias éticas como algunos de los problemas más relevantes que deberá atender la nueva dirección gremial.
Pamela Núñez, CEO de Canablue Real Estate. (Fuente externa).
La especialista explicó que la expansión experimentada por el negocio de bienes raíces en Punta Cana, impulsada por el turismo, los capitales extranjeros y la construcción de complejos residenciales y vacacionales, no siempre ha estado acompañada de una preparación suficiente de quienes participan en estas operaciones.
«Para mí, las prioridades deben ser tres: educación, ética y formalidad. Hemos crecido muchísimo como mercado, pero ese crecimiento no siempre ha venido acompañado del mismo nivel de preparación y profesionalización», expresó.
Núñez entiende que la AEI debe ir más allá de su función representativa y asumir un rol protagónico en el desarrollo de las competencias de sus asociados, mediante certificaciones, actualización continua e instrumentos efectivos para asegurar el respeto de las disposiciones profesionales.
«Punta Cana no necesita solamente una industria inmobiliaria más grande. Necesita una industria inmobiliaria mejor preparada», enfatizó.
Como parte de sus propuestas, sugirió establecer convenios con universidades para impartir diplomados, actividades extracurriculares y, eventualmente, programas académicos especializados en bienes raíces.
La empresaria también cuestionó que una parte importante de esta actividad se concentre en publicitar desarrollos y captar potenciales clientes, sin prestar suficiente atención a las obligaciones que conlleva orientar adecuadamente a compradores y vendedores.
«Vender una propiedad no necesariamente te convierte en un asesor inmobiliario. La diferencia está en el conocimiento, el criterio y la responsabilidad con la que orientas al cliente», afirmó.
En su opinión, quienes ejercen esta profesión deben dominar aspectos contractuales, negociación, análisis de mercado y procedimientos jurídicos y financieros, además de conocer las responsabilidades asumidas frente a las partes involucradas en cada operación.
Reclama certificaciones y sanciones ante faltas éticas
Otra de las inquietudes manifestadas por Núñez es la facilidad con que cualquier persona puede comenzar a desempeñarse como intermediario sin acreditar necesariamente los conocimientos requeridos.
La representante de Canablue Real Estate considera preocupante esta realidad, debido a que las transacciones de propiedades pueden comprometer los ahorros acumulados durante años por familias interesadas en adquirir una vivienda o realizar una inversión.
«No podemos exigirle más preparación a quien vende un producto de consumo que a quien asesora a una familia en la compra de su patrimonio», sostuvo.
Frente a esta situación, propuso avanzar hacia requisitos de acreditación más rigurosos y promover acuerdos entre organismos públicos, constructoras, promotores y agencias para comprobar las credenciales de quienes ofrecen servicios de intermediación.
Además, resaltó la conveniencia de establecer procedimientos para validar las certificaciones de agentes extranjeros y facilitarles conocimientos sobre la legislación y las prácticas inmobiliarias dominicanas cuando sea necesario.
En cuanto al comportamiento ético, señaló que las asociaciones deben disponer de protocolos definidos para investigar posibles irregularidades y aplicar medidas disciplinarias, incluida la suspensión o separación de afiliados cuando corresponda.
«Porque un código de ética que no se cumple ni se hace cumplir no es más que un documento lleno de buenas intenciones», advirtió.
Núñez propuso, además, que Punta Cana sea utilizada como proyecto piloto de profesionalización inmobiliaria, cuya experiencia pueda servir posteriormente como modelo para otras localidades de República Dominicana.
Entre los avances que espera durante el primer año de administración mencionó convenios universitarios, sistemas de certificación más completos, entrenamiento permanente y mesas de trabajo con entidades estatales, empresas constructoras, desarrolladores y firmas del ramo.
«El éxito de esta nueva directiva no debería medirse por la cantidad de eventos que organice, sino por los cambios que logre dejar establecidos en nuestra profesión», enfatizó.
Señala debilidades estructurales que afectan la competitividad inmobiliaria
Altagracia Poueriet Gil, de Hummel Inmobiliaria y exdirectora de la AEI Zona Este. (Fuente externa).
En tanto, Altagracia Poueriet Gil, de Hummel Inmobiliaria y exdirectora de la AEI Zona Este, manifestó que el acelerado desarrollo de Punta Cana ha puesto en evidencia limitaciones estructurales que demandan respuestas conjuntas de los profesionales de la industria y las autoridades competentes.
Entre las dificultades más significativas mencionó la insuficiente planificación territorial, las carencias de infraestructura, las prácticas informales y la necesidad de ampliar las garantías jurídicas.
«Punta Cana ha experimentado un crecimiento inmobiliario acelerado, pero enfrenta debilidades estructurales», manifestó.
Poueriet Gil explicó que la ejecución de nuevas edificaciones debe avanzar junto con medidas de ordenamiento, claridad en los procesos y directrices definidas que contribuyan a preservar la credibilidad ante los inversionistas y propiciar un desarrollo organizado.
De igual forma, indicó que la competencia desleal, la publicidad engañosa y determinadas conductas comerciales constituyen obstáculos para consolidar la reputación de quienes ejercen la intermediación inmobiliaria.
«El principal desafío es fortalecer la credibilidad del ejercicio inmobiliario frente a la informalidad, la competencia desleal, la publicidad engañosa y las prácticas que afectan la confianza del inversionista», advirtió.
Bajo esa perspectiva, recomendó que la AEI desempeñe una función más activa en el establecimiento de criterios éticos, procedimientos responsables y buenas prácticas en las operaciones.
La exdirectora regional entiende que la evolución de esta industria no debe evaluarse exclusivamente por el número de construcciones ejecutadas, sino también por la existencia de condiciones que permitan proteger las inversiones y mantener la posición competitiva del destino.
Pide una AEI más cercana a sus miembros
Desde su experiencia al frente de la organización en la Zona Este, Poueriet Gil llamó a promover una mayor integración de los agentes y las empresas afiliadas, mediante una administración que atienda sus inquietudes y facilite espacios de participación.
Al referirse a la elección de Reyna Echenique como presidenta de la AEI y de Osman González como director regional, expresó que ambas designaciones representan una oportunidad para mejorar la representación de los profesionales del área.
«Espero una gestión cercana, participativa y transparente, que promueva la inclusión, escuche a sus miembros y fortalezca el sentido de pertenencia», expresó.
La empresaria resaltó la conveniencia de desarrollar programas de aprendizaje permanente, actualización jurídica, ética comercial y prácticas responsables que permitan elevar las competencias de los intermediarios.
En esa línea, estimó indispensable estrechar las relaciones entre la asociación y los organismos públicos, particularmente en asuntos vinculados con la protección legal y las decisiones que influyen en el uso y desarrollo del suelo.
A la vez, sugirió establecer encuentros periódicos entre agentes, promotores inmobiliarios y autoridades, con la finalidad de identificar las dificultades más urgentes y contribuir a la formulación de soluciones.
«Un gremio fuerte no solamente representa: propone, gestiona y construye soluciones», afirmó.
Poueriet Gil añadió que la solidez institucional dependerá de la capacidad de la AEI para conservar una relación directa con sus asociados y procurar que reciban respaldo de quienes ocupan las posiciones de liderazgo.
«La institucionalidad se fortalece cuando sus integrantes se sienten escuchados y representados», puntualizó.
Nueva directiva de la AEI frente a los desafíos pendientes de Punta Cana
Las opiniones de Manuel Vásquez, Pamela Núñez y Altagracia Poueriet evidencian una serie de asuntos pendientes que van más allá del reciente proceso electoral de la AEI y que, de acuerdo con sus planteamientos, requieren medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario de Punta Cana.
Vásquez hace énfasis en la transparencia de las operaciones, la comprobación documental y una representación regional más efectiva. Núñez, por su parte, reclama mayor preparación de los intermediarios, acreditaciones rigurosas y herramientas que aseguren la aplicación de los principios éticos.
Por otro lado, Poueriet Gil coloca entre las prioridades el ordenamiento territorial, las garantías legales, la consolidación institucional y una participación más amplia de los integrantes de la organización.
Pese a que sus diagnósticos responden a experiencias diferentes, los tres comparten la preocupación de que la expansión inmobiliaria de Punta Cana avance junto con una mejor capacitación técnica, compromiso comercial y colaboración entre las entidades estatales y los actores privados.
Sus declaraciones sitúan ante la administración encabezada por Reyna Echenique el compromiso de transformar las iniciativas gremiales en acciones verificables, recuperar o preservar la credibilidad de los inversionistas y procurar que el desarrollo de la actividad se sustente en principios de honestidad, responsabilidad y certeza jurídica.
En definitiva, los entrevistados consideran que la posición de Punta Cana en el negocio inmobiliario no dependerá únicamente del volumen de proyectos construidos, sino de la capacidad de la industria para brindar servicios seguros, salvaguardar los intereses de los adquirientes y consolidar una organización gremial que responda a las necesidades de sus afiliados.
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