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Asimismo los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), el Ministerio de la Vivienda y el de Industria y Comercio y Mipymes serán competentes en materia de intermediación inmobiliaria y deberán desarrollar en el plazo de ciento ochenta días, las condiciones legales por las que se debe regir la intermediación inmobiliaria en el país.

SANTO DOMINGO.- El proyecto de Ley que cursa en el Congreso Nacional y que regularía los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país, dispone la creación, a través de la Jurisdicción Inmobiliaria, de un servicio de localización de inmuebles de propiedades registradas.

Al “Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados”, como se denominaría, se accedería a partir de las informaciones del certificado de título con su designación catastral posicional, previa validación en el Sistema de Registro de Títulos y Mensuras Catastrales, según establece la pieza legislativa de la autoría de la diputada Lourdes Aybar de Serulle.

Asimismo los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), el Ministerio de la Vivienda y el de Industria y Comercio y Mipymes serán competentes en materia de intermediación inmobiliaria y deberán desarrollar en el plazo de ciento ochenta días, las condiciones legales por las que se debe regir la intermediación inmobiliaria en el país.

En el documento se establece un plazo de ciento ochenta días para que los intermediarios inmobiliarios puedan regular su actividad en el registro administrativo que implementará el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes en toda la geografía nacional.

“Se otorgará licencia de corredores de bienes raíces a quienes la soliciten, en un plazo no mayor a los seis meses siguientes de la fecha de la publicación oficial de la presente ley y demuestren, ante el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante los medios que fije esta entidad, que por lo menos durante los últimos doce meses anteriores a esa fecha, han ejercido la correduría de bienes raíces y cumplen con los requisitos exigidos en la presente ley”.

En el capítulo de  “Disposiciones Transitorias” se contempla que los miembros que a la fecha de la vigencia de la presente ley, estén afiliados a una cámara o asociación de corredores de bienes raíces, legalmente constituida, inscrita y con más de un año de estar operando, le serán convalidados sus conocimientos y quedarán eximidos de la obligación de completar cualquier capacitación y/o evaluación para obtener la licencia, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley.

“Los asistentes en ventas inmobiliarias que ejercen la profesión en la República Dominicana ya sea como empleados de una empresa inmobiliaria o que hayan suscrito un contrato de sociedad puntual con un corredor o con un agente inmobiliario, dispondrán de un plazo de seis meses contados desde la promulgación de la ley tal y como está previsto, para acogerse a la misma teniendo como único requisito la obtención de su licencia. No podrán ejercer la intermediación inmobiliaria y, en caso de hacerlo, serían pasibles de la aplicación de las sanciones previstas en esta ley”, explica el proyecto.

De ser aprobado, el proyecto de Ley ordena que los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formen un archivo de las pólizas y actas de los servicios en los que intervengan y en el mismo orden asienten el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

“El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por la ley y su reglamento. Además de los libros descritos debidamente autorizados firmados por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los actos bajo las no características de orden y contenido y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría”.