Por Pamela Núñez
Especial para El Inmobiliario
En el dinámico mundo del sector inmobiliario, contar con regulaciones claras y precisas es fundamental para proteger tanto a las agencias como a los clientes. Recientemente, nuestra agencia inmobiliaria, Canablue Real Estate, Punta Cana, se vio envuelta en un caso que subraya la urgencia de una legislación más comprensiva en la República Dominicana.
Todo comenzó cuando una profesional del turismo, ajena al ámbito inmobiliario, nos contactó para vender una propiedad a uno de sus clientes. En nuestra oficina, le explicamos detalladamente nuestro programa de referidos, diseñado para recompensar a quienes nos conectan con potenciales compradores. Sin embargo, un pequeño error en la redacción del acuerdo de referido desencadenó una confusión monumental.
El documento omitió precisar que la comisión del 10% se aplicaba únicamente sobre la comisión ganada por nuestra agencia, no sobre el monto total de la venta. Este descuido, inadvertido pero crucial, llevó a la referidora a creer que tenía derecho al 10% del valor total de la propiedad, una suma que supera incluso lo que nuestra agencia esperaba ganar en comisiones por la transacción.
A pesar de nuestros esfuerzos por aclarar la situación, la referidora optó por llevar el caso a los tribunales. Lo que siguió fue un proceso legal extenso y agotador que se prolongó por dos años. Finalmente, para nuestra sorpresa y decepción, los tribunales fallaron a favor de la referidora, obligándonos a cumplir con el pago del 10% sobre el total de la venta, causandonos una pérdida significativa.
Este veredicto puso de relieve una dolorosa realidad: la falta de entendimiento de los términos específicos del negocio inmobiliario por parte del sistema judicial y la ausencia de una regulación clara que proteja a las agencias en situaciones como la nuestra.
La ley actualmente respalda los acuerdos entre las partes, y dado que nuestro contrato contenía un error de forma, el fallo se inclinó a favor de la referidora. Sin embargo, la implementación de regulaciones específicas para el sector inmobiliario no solo podría proporcionar una guía clara para los tribunales, sino que también evitará malentendidos similares en el futuro, protegiendo tanto a los agentes como a sus referidores y clientes.
Este caso no solo destaca la vulnerabilidad actual de las agencias inmobiliarias en la República Dominicana, sino que también subraya la urgencia de una legislación que refleje la complejidad y la importancia del sector, asegurando una protección adecuada para todas las partes involucradas.
Aunque hemos cumplido con la orden judicial y hemos completado el pago a la referidora, es crucial señalar la preocupación persistente por la falta de protección legal clara en nuestro campo. Una regulación efectiva no solo fortalecerá a las agencias, sino que también fomentará una mayor transparencia y confianza en el mercado inmobiliario dominicano.
Es hora de que el sector inmobiliario en la República Dominicana sea respaldado por una regulación que garantice equidad, claridad y justicia para todos sus participantes.
La autora es Broker Owner de Canablue Real Estate, Punta Cana, con más de 10 años de ejercicio en la carrera inmobiliaria.
