SANTO DOMINGO.- “No puede existir crecimiento y desarrollo económico sostenible sin la inversión nacional y extranjera, pero no puede haber inversión sin seguridad jurídica”, afirmó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien llamó a no desmayar en mantener la misma para lograr el desarrollo del país.
“Confiemos en la seguridad jurídica que tenemos en el país y no desmayemos en mantenerla. Sin seguridad jurídica jamás tendremos desarrollo”, sentenció el destacado abogado al pronunciar la ponencia magistral “seguridad jurídica en el turismo inmobiliario”, en el primer foro de turismo inmobiliario realizado la pasada semana en el país.
Expuso que por más que se promueva la inversión nacional o extranjera mediante mecanismos de incentivos fiscales y otras facilidades en lo relativo a la entrada y salida de capitales, “debemos apostar al fracaso si el Estado no garantiza a través de un sistema adecuado y confiable, la rea que sirva de base a la inversión”.
Subero Isa precisó que es innegable que para el desarrollo económico de un país, se necesita la existencia de un sistema judicial que garantice la propiedad privada de bienes y se ponga a disposición de los actores económicos como un escenario adecuado para dirimir sus diferencias.
“Solo los más osados inversionistas se arriesgarían a invertir su dinero en un país donde no existen garantías de que en caso del surgimiento de una litis cualquiera sus derechos serán respetados”, destacó el exjuez, durante su disertación en el evento organizado por la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI).
Agregó que es necesario que existan garantías de que el ordenamiento jurídico será protegido de una situación jurídicamente anormal, y que el Estado debe asegurarlo.
“No existe seguridad jurídica cuando fuera de la causa expresamente establecida en la Constitución se pretende surtir efectos retroactivos a una disposición legal para hacerla aplicable a derechos adquiridos en virtud de una norma jurídica anterior o cuando el propio Estado altera, o no respeta las reglas por él mismo establecido en un momento determinado”.
Subero Isa expresó que confianza representa el recurso económico más importante que puede tener un país. “Si no hay confianza en el futuro no hay crédito, la confianza creó el crédito y sin él no se puede invertir y mucho menos vivir”.
Y añadió: “Nadie presta si no está seguro, si no tiene confianza de que lo recuperará, nadie invierte si no está seguro de que recuperará su inversión, es vital transmitir la confianza en las leyes de que serán aplicadas, si no hay confianza todo el sistema comercial se ve afectado”, declaró.
Agregó que si no existe confianza en un sistema, lo único que se logrará es enriquecimiento ilícito de unos pocos. “ Sería un ambiente en el que imperaría la ley del más fuerte, pero donde la fortaleza vendría a darse por la capacidad de corromper y ser corrompido, no por la posesión de conocimientos”.
Dijo que la transparencia es un elemento vital de la seguridad jurídica que hoy día está de moda en todo el quehacer político. “Todos abogamos por la transparencia en el sector público y privado, aunque no todos estemos dispuestos a pagar los costos que ella conlleva, exigimos transparencia a los demás, pero no queremos transparentar nuestras acciones hacia los demás”, precisó.
De acuerdo a su exposición, uno de los principales retos que enfrenta la seguridad jurídica es la inestabilidad que se deriva de lo que se llama la sociedad líquida, donde todo se quiere cambiar.
“La seguridad jurídica no debe adoptar la forma que las circunstancias demanden, sino que debe ajustarse rigurosamente al mandato imperativo de la Constitución”.
En su opinión, el mayor desconocimiento de la seguridad jurídica se exhibe cuanto se atenta contra la estabilidad de las instituciones, contra la vigencia de la ley, contra la confianza que tienen los ciudadanos en el ordenamiento jurídico de un país o cuando se desconoce la independencia del poder judicial.
Señaló que República Dominicana cuenta con base legal para el mantenimiento de la seguridad jurídica y que el Estado debe garantizar la existencia de esos derechos.
