SANTO DOMINGO.- En el Congreso Nacional reposan dos iniciativas legislativas que de aprobarse, fortalecerían el ejercicio inmobiliario y el sector construcción en República Dominicana, y que han de representar parte de los desafíos de ambos renglones para este 2023, por la importancia que revisten.
Se trata de la ley de alquileres, que dotaría al país de un instrumento actualizado, dado que la existente data de 1955, luego modificada en 1988; la segunda pieza es la que pondría al país a poseer por primera vez una norma para regular el mercado de los bienes raíces en República Dominicana.
En ambos casos la apuesta debe estar dirigida en proveer al país de dos instrumentos modernos que se ajusten a los nuevos modelos del mercado y que respondan a sus necesidades actuales.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sometió en agosto del pasado año, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios; mientras la segunda propuesta es un anteproyecto de ley presentado por la diputada Lourdes Aybar de Serulle y busca ordenar los servicios inmobiliarios y el ejercicio de los agentes, a través de la expedición de una licencia que avale la labor que estos desempeñan en el país.
Al introducir la pieza sobre inquilinato, Pacheco motivó a sus colegas a darle importancia a la misma, argumentando que actualmente no existe en el país un régimen que regule los alquileres y el desahucio, comentando también que “esa materia está suelta ahora mismo en República Dominicana”.
“Recientemente ACOPROVI le había solicitado al Congreso Nacional que apruebe un proyecto que defina un régimen de alquileres de bienes inmuebles y entonces este es un proyecto que hace falta a la República Dominicana” precisó Alfredo Pacheco
Explicó que el proyecto lo depositó él, pero que es una iniciativa que ha tenido diversos autores a lo largo de los años. La ley 4314 de 1955 es la que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato en el país, modificada por la17-88 de fecha 05 de febrero del año 1988.
“Tanto el exdiputado Henry Merán como Demóstenes Martínez y nosotros tenemos muchos años trabajando esta iniciativa, pero también Mateo Espaillat ha estado interesado y trabajando este proyecto”, explicó Pacheco.
En ambos casos, ACOPROVI, Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, ha llevado sus aportes a la cámara baja.
“Nosotros estábamos trabajando en un anteproyecto de ley desde cero, pero después que vimos la de Pacheco, observamos que él había asumido muchas de las propuestas que nosotros habíamos planteado antes de que perimiera el proyecto anterior, entonces nos reunimos con él y le llevamos unas cuantas sugerencias adicionales para añadir al proyecto de ley, pero estamos básicamente de acuerdo con el de él, seria enriquecerlo un poco y por eso preferimos empujar uno que ya estaba en el Congreso”, explicó a El Inmobiliario Jorge Montalvo, presidente del gremio de los constructores.
AEI y tres aspectos
Aunque entiende que el proyecto de Ley para regular los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país, es una pieza muy completa, la AEI, Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, observó tres aspectos a la propuesta de Serulle.
Alberto Bogaert, presidente, declaró el pasado año que dichas sugerencias, presentadas por una delegación de la entidad que visitó la comisión de justicia de la cámara baja, en nada alteran la naturaleza del original, pues afirma que se trata de un documento que se ajusta a las necesidades del sector inmobiliario.
“Donde habla de las disposiciones generales artículo 3 colocar promocionar el desarrollo de las actividades de la correduría de bienes raíces de las asociaciones debidamente inscritas ante los órganos estatales correspondientes que en su accionar dispongan de capacitaciones regulares, código de ética y tengan un mínimo de cinco años operando como asociación, creemos que una asociación que desee formar parte debe tener al menos cinco años operando”, solicitó la entidad que representa a las agencias y corredores de bienes raíces.
La segunda enmienda que propuso la AEI está referida al capítulo de las disposiciones transitorias que establece que “los miembros que a la fecha de la vigencia de la presente ley estén afiliados a una cámara o asociación de corredores de bienes raíces, legalmente constituida, inscrita y con más de un año de estar operando le serán convalidados sus conocimientos y quedarán eximidos de la obligación de completar cualquier capacitación y/o evaluación para obtener la licencia”. La institución entiende que debe cambiarse a quienes lleven cinco años operando.
Por último, solicita cambiar de 500 a 120 horas en el artículo que dice que una persona debe tener 500 horas de estudio para poder optar por la licencia. “Pedimos 120 porque tenemos la experiencia de saber lo que se necesita y sabemos que ese tiempo es suficiente para que una persona pueda capacitarse y lograr su licencia”, expuso la AEI.
Comisión ley de alquileres
La preside el diputado Eugenio Cedeño Areche, junto a sus pares Rafael Castillo, Mateo Espaillat, Máximo Castro Silverio, Benedicto Hernández, Danny Guzmán, Ana Mercedes, Tulio Jiménez, Saury Mota y Luis Henríquez Beato. Asimismo, Nicolás Hidalgo, Dulce Quiñonez, José Miguel Cabrera, José David Pérez, Franklin Martínez y Leonardo Aguilera.
Ambos proyectos representan parte de los desafíos que el sector construcción e inmobiliario deberán continuar este 2023, dado que se trata de dos instrumentos claves en el fortalecimiento de la industria.
