SANTO DOMINGO.- Aunque el Tribunal Constitucional haya allanado el camino para que los propietarios de las viviendas puedan desalojar a los inquilinos mala paga, el escollo principal que provoca esa situación es la obsolescencia de la Ley que rige el inquilinato en República Dominicana.
“Soy de opinión que el país debe actualizar la ley con una nueva legislación en materia de alquileres que se ajuste a la época. Es saludable buscar el equilibrio en la protección de ambas partes, tanto al inquilino como al inversionista en bienes raíces”, establece Regis Jiménez.
El veterano agente asegura que la mayoría de alquileres en los que ha participado como agente inmobiliario desde el año 2002, llegan a feliz término. “En 19 años que llevo dedicado a este oficio de agente en bienes raíces, he escuchado muy pocos eventos de malas experiencias con inquilinos, en los cuales el propietario haya tenido que recurrir a un abogado para aplicar la ley”.
Agrega Jiménez que en todos los casos de alquileres en los cuales se cumplió el debido proceso, tramitando una buena depuración, en los que se firmó con un buen fiador solidario o garante, en los que se redactó un contrato justo, entendido e interpretado por las partes, siempre se ha logrado un alquiler con un término de vigencia exitoso.
Glauco González, de Premiun Real Estate, considera que los casos en que inquilinos se niegan a abandonar propiedades se debe a que la ley protege al inquilino y no al propietario; aunque añade que muchos no quieren mudarse a nuevos apartamentos porque ello representa un incremento para sus bolsillos.
A su juicio no se trata de la depuración que haga el agente, sino de quien administra la propiedad y de los propietarios asegurarse de que a quien lleva a administrar su casa le pueda ofrecer las garantías sobre su inmueble.
En su caso, dice el líder de Premium, ha vivido procesos en los que el inquilino se ha negado a abandonar la propiedad, situación que ha resuelto a través de la conciliación de las partes.
Hablan dos estudiosas de la Ley de Inquilinato
Maridalia Rodríguez Padilla y Denisse Härtling, son dos abogadas expertas en el tema que entienden que el principal problema sobre los alquileres y las necesidades habitacionales es la dispersión de las normas que lo rigen y lo desactualizadas que resultan para satisfacer las necesidades de la sociedad de hoy.
“Un ejemplo claro lo vemos en el proceso de alquiler de bienes inmuebles, previsto en la Ley núm. 43-14, que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, una norma que data del 20 de octubre del año 1945 y su modificación más reciente fue realizada hace 32 años, el 5 de febrero de 1988”.
En la investigación “Ley de Alquileres y Desahucios: propuestas legales para un parque de vivienda en equilibrio”, plantean que las normas en asunto atinentes al inquilinato resultan extemporáneas y sus posteriores modificaciones tampoco armonizan con la problemática de vivienda existente en el país.
“Ante un panorama como este, queremos aprovechar para destacar los posibles aportes que pueden emanar de un mercado de arrendamiento bien resguardo, especialmente por su potencial para equilibrar nuestro parque habitacional”, apuntan las expertas.
Destacan como punto principal la necesidad de mejorar los procedimientos que rigen el funcionamiento de los alquileres, desde el equilibrio jurídico, pues entienden que se debe proteger tanto a propietarios como a inquilinos y aportar soluciones efectivas a las controversias que surgen en estas relaciones contractuales.
“Nuestro país necesita renovar las normas que regulan las negociaciones de los alquileres de bienes inmuebles, pues en la actualidad estas se rigen de acuerdo a las necesidades y circunstancias de una sociedad antigua”, escribió Rodríguez Padilla en un artículo publicado en el año 2019, en el portal Acento.
Sobre la Ley de inquilinato
Desde principios del año 2018 se viene estudiando en el Congreso Nacional la necesidad de reformar la Ley que regula el mercado de alquileres de inmuebles en la República Dominicana. La propuesta revisada por la Comisión Permanente de Justicia es la denominada “Ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios” sometida por los diputados Henry Merán y Demóstenes Martínez, que fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados.
Un proyecto que, según Rodríguez Padilla, ha recibido innumerables críticas por parte de los distintos grupos que conforman el sector inmobiliario y especialmente por parte de los inversores del mercado de alquiler de inmuebles.
