SANTO DOMINGO.-Denuncias que colocan a Mérido Torres, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, en el ojo del huracán trascendieron durante el fin de semana y que responsabilizan al funcionario del actual Gobierno de haber cometido supuestas violaciones al derecho de propiedad y abuso de poder en el desempeño de sus funciones.
Un reportaje de «Nuria Investigación Periodística», transmitido el pasado sábado, presentó testimonios de personas señalando que desde la unidad que encabeza Torres, se habrian otorgado títulos de propiedad a invasores de terrenos en detrimento de sus reales dueños, a pesar de existir sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan el desalojo de estos.
Mérido Torres ha estado en los titulares nacionales en las últimas semanas, tras su nombre aparecer en la investigación de la operación Calamar del Ministerio Público, que involucra a más de 20 de personas, incluyendo tres exministros de la gestión de Danilo Medina, detenidos el pasado mes de marzo.
Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, consideró la pasada semana que Torres debe tomar licencia de su cargo, por su mención en el caso.
«Debo decirles a ustedes que ni renuncio ni tampoco voy a pedir licencia ni tampoco nadie me ha pedido del gobierno que deje mi cargo”, expuso el funcionario en llamada telefónica al programa el Sol de la Mañana, el 29 de marzo, atribuyendo su mención a intereses políticos.
Las denuncias
Desde Montecristi Amparo Peña Mena denunció que la Unidad de Titulación colocó en su propiedad invasores como supuestos propietarios, a pesar de que su familia posee en su poder los certificados emitidos por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que los acredita como dueños de una parcela de 290 metros.
Sostuvo que su familia lleva más de 5 décadas en esa parcela en la comunidad liniera y que decidieron en el 2011 presentarse al IAD para legalizar su tierra y la entidad procedió a hacerle un asentamiento.
Explicó que el IAD le entregó a sus padres dos certificados de los terrenos ubicados en El Pocito, Guayubín, la misma zona donde el pasado 17 de marzo, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de más de mil títulos de propiedadad, muchos de los cuales asegura la denunciante, no son los dueños reales de dichas parcelas.
Aseguró que han sido timados por la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado y su director, al no entregarles el título definitivo de su terreno.
Narró que la propiedad fue invadida en el año 2015, por lo que se vieron obligados a someter el caso a la justicia, obteniendo una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.
Agregó que ante el incumplimiento de la sentencia, en enero de 2022, la familia envio una carta al presidente Luis Abinader y copia de las sentencias, solicitándole que dispusiera la titulación de sus terrenos. De acuerdo a los documentos que presentó en el programa, el mantario dio instrucciones a Mérido Torres, solicitándole prestar la debida atención a la notificación.
Según el testimonio de Peña Mena la propiedad se tasó en una ocasión en 99 millones de pesos.
“Ese desalojo que se está pretendiendo hacer no va, oiga bien, no va. Yo hablé con la fiscal en el día de ayer y ella me dijo que le presente la documentación que tenemos nosotros y la están preparando en la comisión de titulación. Así que yo le pido y le ruego por favor que no se preste y que no preste su auxilio para ese desalojo, porque desde hace mucho lo estamos evitando”, dice Santiago Caba, subdirector de titulación, en un audio presentado en el programa.
Lamentó que se entregaran títulos a los 11 invasores de su propiedad que tienen una orden de desalojo que acatar, así como a aquellos que les han comprado solares a estos.
Santo Domingo Este
El 4 de mayo del pasado año 2022, José Antonio Ruiz Sánchez interpuso una querella contra Mérido Torres y su hija Cindy Torres Polanco, por asociación de abuso de confianza y abuso de poder.
La denuncia detalla que el director de Titulación, con el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, realizaron un desalojo ilegal el 31 de marzo de 2022, al irrumpir en la propiedad del denunciante, en la avenida España #73, con personal armado, obligando a salir a un haitiano que laboraba como seguridad.
El expediente establece que al momento del desalojo, su representado no estaba presente por una recuperación postquirúrgica, pero en horas de la noche de ese mismo día, fue a la propiedad y al intentar entrar con sus llaves escuchó disparos, por lo que llamó al 911, quienes al ingresar conversaron con dos guardianes de una empresa privada que les manifestaron que habían sido contratados por la hija del director de Titulación, Cindy Torres, a quien llamaron y le pidieron que se apersonara con los documentos que le acreditaban como propietaria ya que Ruiz tenía los suyos en manos.
Explica que 60 minutos después de la conversación, llega un coronel de apellido Aquino, quien le dijo a Ruiz que por “órdenes superiores tenía que llevarlo detenido”.
Ruiz Sánchez narró que aún convaleciente y pese a que no había una orden de un juez, fue llevado al destacamento de Invivienda y entregado al coronel Orlando Báez Severino, quien también le dijo que esa orden venia de arriba, que no era nada personal y procedió a llamar al fiscal Héctor Romero Peña, quien dice que estaba recibiendo órdenes de su superior, el fiscal Milcíades Guzmán.
El abogado del denunciante, Gabriel Méndez Cordero, dijo a Nuria Investigación Periodística que las autoridades duraron tres días con su defendido preso, sin presentarle ningún tipo de medida de coerción.
Comentó que logró salir luego de que lo coaccionaran a firmar esta hoja escrita a mano, firmada por el director de titulación y su hija, Cindy Mariel Torres, en la que se compromete a salir del terreno, que según una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está valorado en unos 5 millones 618 mil 589 pesos.
Afirmó que luego de 4 meses en los tribunales sin ningún resultado, en septiembre de 2022 envio una comunicación a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
El 18 de noviembre, dos meses después, recibieron respuesta de la DIGEIG, que alega que “no hay evidencias para atribuir a Mérido Torres, la comisión de una falta ni el uso de la estructura militar pública en favor de provecho particular, por lo que corresponde archivar la denuncia”.
