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Cuestionan inacción defensor del pueblo ante dificultades que impiden pago a contratistas

SANTO DOMINGO.-El Comité Institucional Codiano (CIC) cuestionó la falta de acción del Defensor del Pueblo frente a las denuncias presentadas por varios contratistas que enfrentan dificultades que les han impedido recibir el pago de deudas viejas por obras que fueron entregadas y tienen largos años siendo usufructuadas por el país.

El arquitecto Emiliano Familia, coordinador general del CIC, citó el caso de la empresa Ingenieros Liberato y Asociados, que en febrero pasado depositó una denuncia relativa a las trabas administrativas impuestas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) que han impedido el pago del balance pendiente por la terminación del Centro Regional Universitario UASD-Mao, inaugurado hace 14 años.

El directivo de la entidad que agrupa a contratistas con deudas viejas por cobrar, asegura que  la referida empresa depositó un expediente amplio, con pruebas documentales sobre la gestión irregular del MIVHED y la paralización del trámite de pago en el Ministerio de Hacienda y que, sin embargo, hasta la fecha el Defensor del Pueblo no ha informado ninguna gestión ni pronunciamiento público sobre el caso.

En declaraciones remitidas a la prensa, el arquitecto Familia expresa que “el silencio del Defensor del Pueblo resulta inaceptable y que su deber es interceder frente a los abusos y las negligencias administrativas”.

“La omisión frente a un expediente tan claro convierte al Defensor del Pueblo en espectador pasivo, cuando la ciudadanía esperaba un garante activo”, expresó el coordinador general  del CIC.

Familia advirtió que la falta de acción debilita la confianza ciudadana en esa institución y prolonga los daños económicos y humanos a los contratistas, pues cuando el Defensor del Pueblo calla, se fortalece la impunidad administrativa y se deja indefensos a los ciudadanos frente a la arbitrariedad estatal”.

Finalmente, el Comité llamó al Defensor del Pueblo a rendir cuentas al país sobre las gestiones realizadas desde febrero y a asumir su rol como garante de derechos frente a las malas prácticas de la administración pública.

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