SANTO DOMINGO.- La propuesta de ley de intermediación inmobiliaria busca reorganizar uno de los sectores de mayor crecimiento en República Dominicana mediante licencias, controles, requisitos mínimos y nuevas reglas para quienes participan en operaciones inmobiliarias.
La iniciativa, aprobada en el Senado y pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, fue explicada por la abogada y autora de la pieza legislativa, María Cristina Grullón durante una entrevista en el pódcast La Ventana del Inmobiliario.
Según explicó la especialista, el proyecto no busca regular únicamente a los agentes inmobiliarios, sino establecer un marco general para todos los actores que intervienen dentro del mercado.
1. Regulación para todos los participantes
Uno de los puntos principales de la propuesta es que abarca a agentes, agencias, promotores y desarrolladores inmobiliarios.
La jurista explicó que la intención es crear reglas comunes para quienes se dediquen de manera habitual a la intermediación o promoción de inmuebles.
También delimita funciones entre la práctica legal de los abogados y las actividades propias de la intermediación inmobiliaria.
2. Licencias obligatorias para operar
La propuesta establece que toda persona que ejerza de manera habitual actividades de intermediación deberá obtener una licencia.
De acuerdo con la especialista, existirían distintos tipos de licencias dependiendo del área en la que opere cada profesional.
El objetivo, explicó, es garantizar que quienes participen en transacciones inmobiliarias cuenten con competencias mínimas verificadas.
3. Capacitación mínima y nivel académico
El proyecto también contempla requisitos de formación para quienes deseen ejercer dentro del sector.
Según detalló Grullón, se exigirían horas mínimas de capacitación que posteriormente serían desarrolladas mediante reglamentos específicos.
Además, la pieza propone que los intermediarios tengan al menos nivel de bachillerato.
“No es la misma capacitación que se requiere para quién trabaja alquileres que para quien se dedica a ventas”, explicó.
4. Principios de transparencia y buena fe
La iniciativa incorpora principios generales que deberán cumplir todos los participantes del sector.
Entre ellos figuran la transparencia, la buena fe y la lealtad dentro de las operaciones inmobiliarias.
La especialista señaló que estas reglas buscan ofrecer mayor protección tanto a compradores como a inversionistas y consumidores.
5. Límites y responsabilidades para agentes
La propuesta también establece límites sobre las actuaciones de los agentes inmobiliarios.
Por ejemplo, cuando existan dudas sobre la titularidad de una propiedad o situaciones jurídicas complejas, el agente deberá referir al cliente a un abogado.
Según explicó Grullón, la intención es reducir riesgos para compradores y evitar operaciones realizadas sin la debida orientación legal.
6. Supervisión y régimen sancionador
La pieza contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas.
Las faltas serían clasificadas como leves, graves y muy graves, incluyendo multas y posibles revocaciones de licencias.
Además, el proyecto propone que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) funcione como órgano regulador del sistema.
7. Más control fiscal y prevención de ilícitos
Otro de los aspectos señalados por la autora del proyecto es el impacto que podría tener la regulación sobre la evasión fiscal y el lavado de activos.
Según sostuvo, la obligación de registrar y supervisar operaciones permitiría una mayor trazabilidad dentro del mercado inmobiliario.
La especialista considera que la regulación también ayudaría a fortalecer la transparencia y aumentar las recaudaciones vinculadas al sector.
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