Por Ing. Nelson Núñez
Especial para El Inmobiliario
A partir del año 1996, se dio inicio en el país a la aplicación del modelo económico neoliberal, impuesta en la República Dominicana por el orden económico mundial, a través de organismos de empréstitos internacionales. Mediante la implantación de este nuevo sistema económico, el Estado dominicano tuvo que desprenderse de una serie de empresas, como el CEA, CORDE y la CDE. Llevando a la miseria a miles de dominicanos que percibían, directa e indirectamente, sus humildes salarios de esas empresas. A partir de ese año, también se dio inicio a un proceso borrascoso que envolvía el ejercicio profesional de las profesiones liberales.
Afectando específicamente, las profesiones de la ingeniería y la medicina. A partir de ese año, los contratos de obras públicas empezaron a no pagarse por parte de todas las instituciones del Estado dominicano, razón por la cual se inicio un proceso de acumulación de deudas con los ingenieros contratistas, que dependían de las obras públicas de los gobiernos que se sucedieron a partir del año 1996.
Esta política Neoliberal le ha costado, hasta la vida a decenas de ingenieros, y ha llevado a la quiebra a este importante sector profesional. Al extremo que en el periodo 2000-2004, el presidente Hipólito Mejía dijo, refiriéndose a las deudas acumuladas por concepto de cubicaciones no pagadas a los ingenieros contratistas de las obras públicas, “Que las deudas nuevas hay que dejar que se pongan viejas, y que las deudas viejas no se pagan”.
Valla concepto de un presidente o jefe de Estado. En ese mismo periodo fue que el gobierno les dio cabida a las empresas multinacionales “ANDRADE GUTIÉRREZ y ODEBRECHT”. Y ya todos los dominicanos sabemos como se sobrevaluaron las obras asignadas de “GRADO @ GRADO” a esas dos empresas, y como se sobornaron presidentes, ministros, senadores, diputados, periodistas, etc.
Ya para el año 2006 según un trabajo de investigación realizado por Participación Ciudadana, se contaban en miles las obras paralizadas, por falta de pagos y otras detenidas, por vicios de construcción.
Es bueno señalar que a pesar de que “El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)” había iniciado en la década de los 90 el proceso de deterioro institucional, es a partir del año 1996 cuando se inicia el descalabro del ejercicio profesional del sector público de la Ingeniería.
Precisamente porque el nuevo sistema económico neoliberal, que se estableció en el país, obligaba a la clase política del poder a involucrar al CODIA dentro de ese esquema. Por eso es que tenemos un CODIA de espalda a la ley 6160 de su creación, y presto a servir de alicate a ese nuevo sistema, que ha enriquecido a unas pocas compañías de ingeniería, que no pasan de diez. Y han llevado a la quiebra, y a la banca rota a la gran mayoría de pequeñas, medianas empresas de la construcción, y a la gran mayoría de los ingenieros y arquitectos afiliados al CODIA.
La implantación de esa política aquí descrita, trajo como consecuencia que muchos ingenieros apelaran a financiar las obras, con sus créditos comerciales, accediendo a la banca formal e informal, a hipotecar sus propiedades, a buscar préstamos de familiares y de amigos, etc. Compromisos que, al no poder cumplir, muchos se vieron compelidos a quitarse la vida, a enfermar para luego morir, así también vieron esfumarse sus viviendas, fincas, solares y demás propiedades.
La Ley 340-06 sobre compras y contrataciones, lejos de lograr una participación horizontal, justa y transparente, ha venido a cerrar todas las posibilidades de conseguir una obra estatal. Debido a las trabas y obstáculos que insertan las instituciones públicas, en los llamados pliegos de condiciones que tienen que cumplir todos los convocados a participar en licitaciones y sorteos de obras públicas.
Estos pliegos, lejos de dar participación a la gran mayoría de profesionales de la construcción, como reza en el espíritu de dicha ley, vienen a ser, como un traje a la medida para “los socios y compañeros del partido” de los funcionarios que dirigen dichas instituciones.
Los jóvenes profesionales de la ingeniería, entendiendo este proceso de involución, han decidido involucrarse en otras actividades, muchas veces divorciadas de la profesión o emigran del país. Unos con suerte, consiguen insertarse en su carrera, y la gran mayoría accesan a otras actividades que nada tienen que ver con su profesión. Constituyendo lo que se llama una “Fuga de Cerebros”, en donde el país invierte una importante suma de dinero para preparar y capacitar a esos profesionales, para luego exportarlos a otros países, donde son útiles.
Todo lo descrito en esta narrativa ha traído como consecuencia, la acumulación de deudas por parte del Estado dominicano, la quiebra del sector de la ingeniería nacional, a tal punto, que el contratista de una obra del Estado, lo que tienen en sus manos es una bomba de tiempo. Ha traído también, el total resquebrajamiento de un ejercicio profesional participativo, ético y democrático. Poniendo en evidencia el deterioro institucional que exhibe hoy en día, nuestro país.
