SANTO DOMINGO.-La comisión especial de la Cámara de Diputados designada para estudiar el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, siguió ayer avanzando en el conocimiento de la pieza legislativa, esta vez para conocer las opiniones de los sectores, planteadas durante las vistas públicas celebradas la pasada semana, donde las instituciones vinculadas al tema, externaron su parecer sobre la propuesta.
El anteproyecto de ley de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, fue aprobado el pasado mes de junio en primera lectura en la Cámara de Diputados y deberá ser aprobada en segunda lectura en la Cámara Baja, para pasar al Senado de la República.
El propósito es regular la relación entre propietarios e inquilinos al momento de rentar una vivienda o propiedad comercial, buscando además modernizar ese instrumento y adecuarlo a las necesidades que exige el mercado actual de alquileres en la República Dominicana.
El diputado Amado Díaz, quien preside la comisión, dijo a El Inmobiliario que ayer a las 2:00 p.m. se reuniría la comisión.
Tras concluir las vistas públicas el pasado jueves 3 del presente mes de julio, donde distintos actores fueron escuchados por espacio de dos horas, Díaz expresó que la reunión sería para analizar los planteamientos hechos por diversos sectores y a partir de ahí rendir un informe definitivo sobre el proyecto.
Entre las posiciones externadas se encuentran las de Jóvenes Empresarios (ANJE), la de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), el Colegio Dominicano de Notarios, el movimiento Patria Libre, entre otras.
Igualmente, la pasada semana la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) externó su preocupación sobre algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto por considerar que podrían generar «efectos adversos», si no son corregidas y precisadas de manera adecuada.
Ayer la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), fijó también su posición en torno al proyecto de ley, destacando 5 ejes que incluye la propuesta legislativa y que a su juicio deberán ser revisados:
1-Tipificación penal desproporcionada
Las penas de 3-5 años de prisión al propietario que no agote completamente el procedimiento judicial de desalojo. Según la AEI el impacto generado afectaría el derecho fundamental de propiedad y podría desincentivar la inversión inmobiliaria formal, tras señalar que las sanciones penales no deben aplicarse a violaciones de procesos civiles
En ese sentido, propone mantener este aspecto en el ámbito civil exclusivamente. “Los actos violentos o agresiones físicas ya están cubiertos automáticamente por el derecho penal general y su Código Penal”, asegura.
2-Alteración del régimen de gastos contractuales
Subraya que la atribución automática de gastos legales al propietario, contradice el artículo 1593 del Código Civil, apuntando que alteraría el principio de que quien tiene interés principal en la operación asume los gastos. Sugiere, al respecto, respetar la práctica tradicional donde el inquilino asume estos gastos legales.
3- Riesgo de precedente en compraventas y evasión de servicios inmobiliarios
“La regla de «quien contrata paga» puede generar precedente desfavorable en compraventas y afectar negativamente el proyecto de ley para regulación de servicios inmobiliarios y corretaje que cursa en el Congreso”, plantea la AEI, sosteniendo que esta medida podría incentivar que compradores e inquilinos contacten directamente a propietarios/constructores para evitar pagar “comisiones”, obviando la figura del agente o asesor inmobiliario.
Recomienda delimitar claramente el alcance para evitar interpretaciones extensivas y proteger la intermediación inmobiliaria profesional.
4-Omisión sobre intereses del depósito
De acuerdo al documento de la AEI, el anteproyecto no contempla los intereses que genera el depósito de garantía en favor de inquilinos, lo cual es un retroceso frente a la Ley 4314 que sí reconocía estos derechos, por lo que la entidad opina que se debe incluir esta disposición expresa sobre intereses del depósito.
5-Confusión conceptual: depósito vs. renta anticipada
El proyecto de ley, a juicio de la AEI, no distingue claramente entre depósito de garantía y pago anticipado de primera renta, lo cual “obstaculiza” el esquema «2+1» (dos mensualidades de depósito + una de prepago) de uso estándar, por lo que solicita aclarar que el límite de dos mensualidades no incluye el primer mes de renta.
La organización precisa que apoya la modernización del régimen de alquileres pero considera indispensable realizar los ajustes señalados para garantizar la seguridad jurídica requerida por el sector, evitar efectos negativos sobre la inversión inmobiliaria, mantener el equilibrio entre derechos de propietarios e inquilinos y preservar las prácticas profesionales del mercado que sí funcionan.
“Es fundamental corregir estos aspectos antes de la aprobación definitiva para lograr una ley que verdaderamente contribuya al desarrollo sostenible del sector inmobiliario dominicano, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos”, concluye el comunicado.
Finjus
La pasada semana la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) externó su preocupación sobre algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto por considerar que podrían generar «efectos adversos», si no son corregidas y precisadas de manera adecuada.
En un comunicado la entidad señaló una serie de observaciones al proyecto. «Consideramos indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales que afectan la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial», indicó Finjus.
Destacó varios puntos que a su entender, deben ser reconsiderados antes de su aprobación definitiva.
