Algunos de los asistentes a la misa, pidieron que el 11 de abril sea declarado de duelo nacional, para conmemorar el primer aniversario de la tragedia que enlutó a todo el país.
SANTO DOMINGO.- Una eucaristía en memoria de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club reunió ayer domingo 8 de marzo a familiares, sobrevivientes y allegados en el lugar donde ocurrió el desplome de la estructura, una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La ceremonia religiosa coincidió con el cumplimiento de once meses del suceso ocurrido durante la madrugada del colapso del techo del Jet Set Club, considerado uno de los episodios no naturales más devastadores registrados en la historia reciente de la República Dominicana.
Entre los asistentes estuvieron Melba Segura de Grullón y Arelis Cruz de Estrella, madres de Alexandra Grullón Segura y Eduardo Guarionex Estrella, quienes fallecieron en el hecho, ocurrido mientras el artista Ruby Pérez, fallecido en el lugar, amenizaba la tradicional fiesta de los lunes. La pareja formaba parte de las decenas de personas que se encontraban en el establecimiento al momento del desplome.
El acto religioso se desarrolló en un ambiente de recogimiento, en un espacio que desde el desastre se ha convertido en punto de memoria para familiares y ciudadanos que acuden a dejar flores, velas y mensajes en recuerdo de quienes perdieron la vida.
Proceso judicial en curso
El caso continúa bajo investigación dentro del sistema judicial dominicano. El Ministerio Público de la República Dominicana imputó a los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario y de provocar golpes y heridas involuntarias en relación con el colapso de la estructura.
Los fiscales solicitaron prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, además de declarar el proceso como caso complejo debido a la magnitud de las víctimas. Sin embargo, un tribunal del Distrito Nacional dispuso una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La decisión generó cuestionamientos por parte de representantes del Ministerio Público y abogados de los afectados, quienes consideran que las medidas no se corresponden con la gravedad de los hechos. Como respuesta, el órgano acusador anunció la apelación de la resolución.
Demandas y reclamos
En paralelo al proceso penal, sobrevivientes y familiares han presentado múltiples querellas y demandas civiles. Algunas acciones legales se dirigen también contra instituciones públicas por presuntas fallas en los procesos de supervisión y control de edificaciones.
El expediente se encuentra en fase de juicio preliminar, etapa en la que el tribunal evaluará las pruebas presentadas por la acusación y la defensa para determinar si el caso debe pasar a juicio de fondo.
Mientras el proceso judicial avanza, el recuerdo de la tragedia permanece presente entre las familias afectadas, que continúan reclamando esclarecimiento de los hechos y responsabilidades por uno de los desastres más impactantes registrados en el país en las últimas décadas.
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