SANTO DOMINGO.– La República Dominicana es actualmente el único de los grandes mercados inmobiliarios del Caribe hispanoamericano sin un registro público y obligatorio de intermediarios, declaró este jueves la abogada Reyna Echenique, tras sostener que la ley para regular los agentes inmobiliarios es una necesidad urgente para proteger la imagen del país.
Al hablar en el «conversatorio sobre la ley que regula la intermediación y la publicidad engañosa», realizado en el Senado de la República, donde la pieza fue aprobada, la especialista en derecho inmobiliario externó que finalmente dicha propuesta pone el país al nivel de sus competidores.
“He visto familias perder los ahorros de toda una vida por confiar en quien no debía promover, ni desarrollar, ni intermediar una propiedad. He visto inversionistas llegar al país con ilusión a este paraíso Caribe y salir con desconfianza. Y también he visto algo más importante: un sector que quiere hacer las cosas bien, pero que hoy compite en condiciones desiguales”, expuso Echenique.
Dijo que la República Dominicana cuenta hoy con uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos y atractivos de la región y que, sin embargo, ese crecimiento no ha sido acompañado por una regulación adecuada de la intermediación.
Agregó que esa situación ha creado un vacío, donde cualquiera puede ejercer como agente inmobiliario, donde no existen requisitos mínimos obligatorios, donde no hay supervisión estructurada y donde las consecuencias, muchas veces, llegan demasiado tarde.
“Y ese vacío tiene un costo que va más allá de nuestras fronteras”, precisó al establecer que el sector inmobiliario es, mundialmente, uno de los vehículos predilectos del lavado de activos, etiquetado por organismos internacionales como sector de alto riesgo.
“Sin un registro, sin habilitación, sin licencia, sin obligaciones formales del intermediario, – aún siendo sujetos obligados- el país queda expuesto frente a las evaluaciones internacionales que pueden afectar nuestra calificación financiera y nuestras relaciones de banca corresponsal”, expresó Echenique, quien es miembro de la junta directiva de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI).
Puntualizó que ha estudiado durante años los marcos regulatorios de los mercados con los que el país compite por capital, constatando que “estamos rezagados”.
“Estados Unidos exige licencia estatal y educación continua. España tiene registros obligatorios para los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Panamá —nuestro competidor caribeño directo— tiene desde el 1973 una junta técnica de bienes raíces. México, Colombia y Costa Rica tienen, cada uno, sus propios mecanismos formales de habilitación. La República Dominicana es hoy el único de los grandes mercados inmobiliarios del Caribe hispanoamericano sin un registro público y obligatorio de intermediarios. Esta ley nos pone, finalmente, al nivel de nuestros competidores”.
Reyna Echenique dijo que cuando un mercado opera sin reglas claras, sin licencia obligatoria y sin estándares mínimos, el sistema mismo termina premiando la rapidez sobre la diligencia. “Se promueven inmuebles o proyectos sin la verificación adecuada, sin validar su estatus legal, sin analizar riesgos. Y muchas veces el incentivo económico termina pesando más que la responsabilidad profesional”.
Añadió que no se trata de un problema de personas, sino de incentivos. “Y los incentivos los fija la regulación”.
Dijo que con la ley de intermediación inmobiliaria por primera vez se dará una respuesta construida desde la realidad dominicana. Una ley pensada no desde la teoría, sino desde la práctica de quienes viven el sector día a día.
“Esta ley no contradice la libertad económica — la ordena. Esta ley no es una limitación. Es una oportunidad histórica para la República Dominicana, propone algo fundamental: dar pasos firmes hacia un sector más organizado, más transparente y más confiable”.
Más sobre el conversatorio
En la actividad realizada en el Senado de la República, se realizó un panel con el senador por la provincia La Altagracia, Rafael Duluc, proponente del proyecto y la abogada María Cristina Grullón, quien apoyó en la estructuración del documento. Fue conducido por Alberto Bogaert, presidente de la AEI.
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