Ministros, diplomáticos y directores figuran en el listado tras detectarse su inscripción como suplidores, una condición prohibida por la ley vigente
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas informó la suspensión de 69 funcionarios públicos del Registro de Proveedores del Estado (RPE), tras identificar que mantenían inscripción activa como suplidores mientras ejercían funciones, una incompatibilidad establecida por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
De acuerdo con el organismo, el proceso forma parte de una depuración administrativa orientada a garantizar el cumplimiento del régimen de inhabilidades previsto en la normativa vigente.
Nombres de jerarquía
En el listado figuran el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría; el exministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam; y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.
También aparece el exministro de Agricultura, Limber Cruz López, lo que evidencia que la medida alcanza tanto a funcionarios en funciones como a figuras que han ocupado cargos recientemente.
¿Quiénes más están en la lista?
El listado divulgado por la DGCP incluye además a múltiples viceministros, entre ellos Fernando Hiram Taveras Rodríguez, Julio Ramón Cordero Espaillat, Noel Rafael Báez Paredes, Oliver José Nazario Brugal y Tomasina Pascual Fanit.
Asimismo, el documento incorpora a representantes del servicio exterior, con embajadores y cónsules como Ana Emilia Báez Santana, Juan Bolívar Díaz Santana, Geanilda Vásquez Almanzar y José Luis Díaz Quezada, entre otros.
En el ámbito institucional, también figuran directores y titulares de entidades públicas, como Jean Luis Rodríguez Jiménez, Milton Teófilo Morrison Ramírez y Rafael Abraham Burgos Gómez.
El alcance de la medida incluye además a funcionarios del nivel municipal y legislativo, como el senador Moisés Ayala Pérez y la vicealcaldesa Belkis Josefina Candelier Rosario.
El marco legal que sustenta la medida
Según lo establecido en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, los funcionarios de alto nivel no pueden contratar ni formar parte de empresas proveedoras del Estado mientras estén en funciones.
La normativa define estas restricciones como inhabilidades absolutas, con el objetivo de evitar conflictos de interés en el manejo de recursos públicos.
Desde la DGCP se indica que esta disposición forma parte de un esquema más amplio orientado a fortalecer la transparencia y la integridad en las compras gubernamentales.
Una suspensión preventiva
La institución precisa que la medida no constituye una sanción, sino una acción administrativa preventiva.
Esto significa que la inclusión en el listado no implica necesariamente la existencia de contratos activos con el Estado, sino la presencia de un registro incompatible con el ejercicio de funciones públicas.
La suspensión del RPE se mantendrá mientras los funcionarios continúen en sus cargos y se extenderá hasta seis meses después de su salida, conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.
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