SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados conformó una comisión especial para analizar las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que busca autorizar el pago de deudas pendientes del Estado con contratistas por obras ejecutadas hace varias décadas.
La información fue divulgada a través de reportes legislativos y documentos del Congreso Nacional. La comisión tendrá como objetivo revisar las correcciones planteadas por el presidente Luis Abinader antes de decidir si el proyecto debe ser modificado o aprobado nuevamente.
El mandatario devolvió la legislación al Congreso al considerar que el texto aprobado presenta inconsistencias jurídicas y financieras que deben ser revisadas antes de autorizar cualquier desembolso de recursos públicos.
La pieza legislativa propone establecer un mecanismo excepcional para reconocer y saldar compromisos económicos acumulados durante años por instituciones estatales con pequeños y medianos contratistas que realizaron trabajos de construcción, mantenimiento y supervisión de obras públicas.
Entre las entidades vinculadas a estas obligaciones se mencionan organismos como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, y otras dependencias del Estado.
Según el proyecto aprobado inicialmente por los legisladores, las deudas incluirían compromisos relacionados con construcción de infraestructuras, mantenimiento de escuelas y otras obras realizadas antes de la entrada en vigencia de la actual Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
No obstante, el presidente Abinader objetó la normativa completa al señalar que el documento carece de elementos esenciales que permitan validar con claridad las obligaciones que se pretenden pagar.
En una comunicación enviada al Congreso, el mandatario advirtió que el proyecto no especifica con precisión los montos individuales de las deudas ni contiene documentación suficiente que respalde la condición de acreedores de las personas y empresas mencionadas en la propuesta.
Asimismo, indicó que aprobar pagos sin contar con información financiera detallada podría entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria.
El Poder Ejecutivo también argumentó que el Estado no puede asumir obligaciones económicas sin que estas estén contempladas previamente en el presupuesto nacional ni sin una verificación clara de los compromisos reclamados.
El proyecto de ley menciona a más de 500 empresas y ciudadanos que alegan haber realizado trabajos para el Estado durante años sin recibir los pagos correspondientes. Sin embargo, en muchos casos no se incluyen documentos que certifiquen las obras ejecutadas o los montos pendientes.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante la discusión del proyecto, las deudas podrían ascender a alrededor de 2,000 millones de pesos.
La comisión especial designada por la Cámara de Diputados estará presidida por la vicepresidenta del órgano legislativo, la diputada Dharuelly D’Aza, y contará con la participación de varios legisladores que tendrán la responsabilidad de evaluar el alcance jurídico y financiero de la propuesta.
Este equipo deberá analizar las observaciones presentadas por el Ejecutivo y rendir un informe ante el pleno de la Cámara para determinar si se introducen modificaciones al proyecto o si se mantiene el texto aprobado originalmente.
La legislación fue impulsada con el argumento de ofrecer una solución a contratistas que aseguran haber esperado durante décadas el pago por servicios prestados al Estado, en algunos casos desde finales del siglo pasado.
Sin embargo, las autoridades han insistido en que cualquier mecanismo para reconocer estas obligaciones debe garantizar transparencia, verificación documental y disponibilidad presupuestaria para evitar impactos negativos en las finanzas públicas.
El Congreso dispone de dos legislaturas para tomar una decisión definitiva sobre las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. En caso de que los legisladores no adopten una resolución dentro de ese período, la normativa podría quedar vigente con las correcciones planteadas por el presidente.
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