Asegura el empresario debe más de RD$32 millones a desarrolladores y suplidores.
SANTO DOMINGO- Ante la denuncia realizada el pasado 28 del presente mes de julio, por el empresario Luis Beltré sobre una alegada estafa millonaria que habría generado el desalojo de 16 familias del proyecto residencial Coco Beach en Bávaro, el Consorcio Schiffino Vargas dijo ayer que dichas acusaciones carecen de fundamento, tras acusar al primero de adeudar una suma superior a los RD$32 millones de pesos a suplidores y desarrolladores.
En un comunicado enviado a El Inmobiliario, la empresa a quien se acusa, aseguró que dicha deuda corresponde a compromisos pendientes con los desarrolladores de la obra y suplidores del proyecto, los cuales, según el consorcio, han sido ignorados de forma reiterada por Beltré.
“El señor Beltré ha vendido de forma irregular los apartamentos que le correspondían, realizando múltiples ventas de una misma unidad a distintas personas”, señaló la compañía en el documento de prensa, alegando que esta presunta estafa ha desatado acciones que han afectado a compradores legítimos.
Según detalla la declaración escrita, al no poder responder ante los adquirentes que reclaman sus propiedades, Beltré estaría recurriendo a denuncias sin sustento con el objetivo de desviar la atención de su responsabilidad financiera y legal. “Hoy, al no poder responder ante esas personas, pretende desviar la atención con denuncias infundadas”, afirmó.
“El señor Ángel Schiffino no está dispuesto a asumir más pérdidas derivadas de sus incumplimientos. Hasta tanto no honre su deuda con los constructores, el señor Beltré no podrá recuperar ni transferir las unidades que ya vendió y cobró, sin haberlas pagado a los desarrolladores”, advirtió el Consorcio Schiffino Vargas.
Negó que el Ministerio Público haya frisado la querella de Beltré. “El Ministerio Público, bajo mandato del señor Beltré, realizó dos allanamientos, el segundo de ellos rompiendo puertas y cambiando cerraduras de las unidades que le corresponden”, enfatizó.
A juicio del Consorcio Schiffino Vargas, “la intención del señor Beltré es no pagar, obtener el beneficio de la construcción y también realizar la venta de las unidades quedándose con las ganancias totales”.
El caso
La alegada irregularidad que atribuye al ingeniero civil Ángel Carlos Schiffino Peralta, cuyo monto asciende según dijo, a más de RD$142 millones 801 mil 200, habría provocado que más de 16 familias, en su mayoría dominicanos pensionados y militares activos de Estados Unidos hayan sido desalojados de forma arbitraria, expuso Beltré en rueda de prensa realizada en la explanada de la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado lunes 28 de julio.
El denunciante alega que de los 40 apartamentos, la mitad eran de su propiedad, asegurando haber vendido 14 por la vía legal. Sin embargo, expresa que sus compradores fueron posteriormente desalojados por Schiffino, sin orden judicial, en lo que describe como una «operación dantesca».
«La forma en que fueron expulsados fue brutal, violando toda norma jurídica y de decencia. Fue como si no tuvieran derechos, como si sus inversiones no valieran nada», denunció el abogado, quien ayer visitó el Ministerio Público para solicitar la agilización de una querella interpuesta ante la fiscalía del Distrito Nacional y que según declaró a los medios de comunicación, lleva más de cinco meses sin avances.
De su lado, Blas Abreu, abogado de los afectados, explicó que estos inversionistas de la diáspora adquirieron las propiedades «de buena fe», confiando en la legalidad del proyecto inmobiliario y amparados en títulos aparentemente válidos. «Muchos compraron con abogados, investigaron, validaron los documentos. Todo parecía estar en regla. Incluso, el señor Luis Beltré estaba acreditado con el 50% del proyecto, es decir, 20 unidades. Y esas 20 fueron las que vendió de forma legítima», señaló.
Según explicó Abreu, el 50% de las personas afectadas reside actualmente en la República Dominicana, la mayoría ya retirada tras años de servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU, mientras que la otra mitad permanece activa. «Son familias que decidieron venir a vivir su retiro en tranquilidad, en un espacio que representaba el fruto de décadas de esfuerzo», afirmó.
