SANTO DOMINGO.-La espera parece no tener fin. El sufrimiento aún persiste para cientos de ingenieros y pequeños contratistas en República Dominicana. A punto de cumplir tres décadas, la situación que enfrentan sigue sin resolverse.
Estos profesionales han mantenido una lucha constante por recuperar los RD$1,550 millones que el Estado les adeuda, correspondientes a obras contratadas, ejecutadas y entregadas en todo el país desde 1996.
Hoy, de manera decidida, alzan nuevamente la voz para insistir en su reclamo, exigiendo al Gobierno el pago de estas deudas que han arrastrado a muchos al borde del colapso financiero.
Los reclamos de los profesionales han sido múltiples sin que se les haya resuelto su caso. (Fuente externa).
El punto de quiebre para este grupo de trabajadores fue la trágica muerte del arquitecto David Rodríguez, ocurrida hace casi nueve año, quien agobiado por las deudas acumuladas debido a los impagos del Estado, se quitó la vida en un acto de desesperación que sacudió a la comunidad profesional y al país.
Tras esta tragedia, 302 miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) se agruparon para formar el Comité Institucional Codiano (CIC) con el propósito de reclamar el dinero que el Estado les debe.
La deuda acumulada incluye contratos con varias instituciones estatales. (Fuente externa).
Desde su formación hace más de ocho años, este comité ha enfrentado una serie de desafíos y obstáculos, con resultados hasta ahora decepcionantes.
La deuda acumulada por el Gobierno abarca contratos realizados con diversas instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de Educación (MINERD).
Por otra parte, figura el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Vivienda (INVI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), entre otras entidades.
Diversas reuniones con representantes del Gobierno no han dado sus frutos. (Fuente externa).
“Contra nosotros se ha cometido un abuso, puesto que para poder cumplir con los compromisos contractuales con las diferentes Instituciones del Estado, y para poder cubrir los compromisos contraídos con los obreros y suplidores, hemos tenido que invertir nuestros ahorros, así como, hemos incurrido en deudas bancarias, como también, en la mayoría de los casos, hipotecado nuestras viviendas, teniendo que poner a la venta propiedades, maquinarias y equipos de construcción, camiones, camionetas, entre otros”, detallaron mediante una carta entregada a El Inmobiliario.
Por medio de este escrito, precisaron que con la firma del acuerdo comercial DR-CAFTA, que involucró a República Dominicana, Estados Unidos y varios países de Centroamérica, el país adoptó la Ley 340-06 para regular las compras de bienes y las contrataciones de obras.
La esperanza inicial era que esta legislación promoviera la transparencia y una distribución equitativa de los contratos. Sin embargo, se encontraron con un panorama en el que los contratistas del entorno eran los únicos beneficiados.
El CIC, junto con la Mesa de Cobro y la Comisión Técnica Oficial, trabajó durante seis meses para actualizar las certificaciones de deuda, aunque algunas instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la Junta Central Electoral (JCE), se negaron a proporcionar los documentos actualizados.
Durante las campañas de 2016 y 2020, el presidente Luis Abinader prometió resolver la deuda una vez en el poder. En octubre de 2020, se formó una comisión técnica bajo la dirección de Geanilda Vásquez Almanzar para coordinar los pagos, pero el proceso se estancó tras el cambio de funciones de la ministra. Las reuniones con altos funcionarios, incluyendo al asistente del presidente Miguel Vásquez, también resultaron infructuosas.
En diciembre pasado, se formó una nueva comisión que propuso una ley transitoria para el pago de las deudas, pero el proyecto no avanzó, según precisaron.
El grupo de acreedores, compuesto por ingenieros y contratistas, enfrenta ahora dificultades adicionales debido a la imposibilidad de cumplir con sus compromisos fiscales, lo que les impide participar en nuevas licitaciones.
En su declaración, los representantes del CIC expresaron con firmeza su reclamo de que el presidente Abinader ofrezca una solución efectiva para esta dolosa situación.
Subrayaron, además, que en los últimos siete años, tras la constitución del Comité Institucional Codiano, esta situación ha llevado a la pérdida de catorce colegas en circunstancias económicas extremas.
Carta íntegra
