Por Melchor Alcántara Damir
Especial para El Inmobiliario
La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Los recientes cierres de proyectos dispuestos por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) han encendido las alarmas en todo el sector. En apenas unos días, 15 obras han sido paralizadas de manera sumaria, muchas veces por decisión unilateral de un inspector y sin otorgar a las empresas el derecho elemental a rectificar su error, presentar su defensa o apelar la medida.
Este proceder resulta preocupante porque coloca a las compañías en total indefensión y crea un clima de inseguridad jurídica incompatible con la inversión. Ningún sector productivo puede subsistir cuando se le priva de mecanismos claros de reclamo y se expone al riesgo de que proyectos de construcción, con toda la inversión y empleos que implica, queden detenidos sin previo aviso.
A este escenario regulatorio se suma una situación financiera que ahoga a la industria. El gobierno ha dispuesto ya dos grandes desembolsos de fondos provenientes del encaje legal, el más reciente por 81,000 millones de pesos. Sin embargo, estos recursos no se han traducido en alivio para el sector, pues las tasas de interés hipotecarias y de financiamiento de proyectos permanecen cercanas al 20%.
¿Cómo se explica que fondos entregados a la banca privada sin costo financiero alguno terminen convertidos en préstamos casi prohibitivos para las familias y los desarrolladores? La respuesta es clara: no existe una canalización adecuada. Si el objetivo es dinamizar la construcción y ampliar el acceso a la vivienda, esos recursos deben colocarse directamente a través de los bancos estatales, con tasas de un solo dígito que sean realmente accesibles. Esto sí sería un verdadero cambio.
Pero el problema va más allá del crédito. La materia prima de la construcción es la estabilidad macroeconómica, y en este terreno la realidad es cada vez más inquietante. La moneda nacional se ha devaluado aceleradamente, pasando de 58 a 64 pesos por dólar en apenas unos meses. El déficit fiscal crece sin freno, mientras el presupuesto público se consume en gasto corriente. Como solución se plantea una posible reforma fiscal, lo cual es una medida recesiva, al menos en su primera etapa. Esa combinación erosiona la confianza, encarece los materiales de construcción y limita la planificación de nuevos proyectos.
A esto se suma un reto internacional que muchas veces pasa desapercibido: la competencia con otros mercados inmobiliarios. Un alto porcentaje de las ventas inmobiliarias dominicanas desde hace años se realiza en mercados extranjeros. Sin embargo, cada día contamos con menos herramientas para competir con destinos de alto impacto que han adoptado políticas modernas para atraer inversionistas.
Un ejemplo claro es el estado de la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis eliminó el impuesto a la propiedad inmobiliaria y los impuestos por alquiler, generando un entorno altamente competitivo. Asimismo, otros mercados internacionales ofrecen tasas de interés extremadamente bajas para quienes desean invertir en bienes raíces. Según las estadísticas, una parte importante de ese público tiene vocación natural de invertir en República Dominicana, pero termina desviándose hacia esos destinos por las ventajas comparativas.
La construcción es uno de los motores principales de la economía dominicana. Nada activa mas la economía que este sector. Genera empleo, impulsa la vivienda, dinamiza múltiples cadenas productivas y aporta infraestructura para el desarrollo del país y, en los últimos tiempos incluso, es un ente generador de divisas. Sin embargo, ninguna industria puede sostenerse bajo un entorno de reglas arbitrarias, financiamiento inaccesible, inestabilidad macroeconómica y pérdida de competitividad frente a mercados que juegan con políticas más inteligentes.
Desde el Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción (ONIC) hacemos un llamado a las autoridades a reflexionar y corregir el rumbo. Se necesita un marco regulatorio justo y predecible, un sistema de financiamiento realmente funcional y políticas económicas capaces de mantener la estabilidad y la competitividad internacional. Solo así podremos mantener en pie el sector que, más que ladrillos y varillas, construye progreso para la República Dominicana.
El autor es presidente del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción (ONIC).
Las opiniones contenidas en este artículo son de la responsabilidad exclusiva del autor.
