SANTO DOMINGO.– La Administración del presidente americano Donald Trump propuso un aumento significativo en las tarifas del proceso de naturalización en Estados Unidos que podría elevar el costo hasta en un 80 % y eliminar los programas de reducción o exención destinados a solicitantes de bajos ingresos, según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por medios internacionales.
La administración del presidente Donald Trump propuso una nueva regla que incrementaría el costo de la ciudadanía estadounidense en un 75 % para las solicitudes en papel y en un 80 % para las solicitudes en línea. De aprobarse, los costos del Formulario N-400 cambiarían de la siguiente manera: en papel pasaría de 760 a 1,330 dólares (un aumento del 75 %), mientras que en línea pasaría de 710 a 1,280 dólares (un aumento del 80 %), según la American Immigration Lawyers Association.
De acuerdo a lo publicado por El País, la propuesta establece que el costo del Formulario N-400, utilizado para solicitar la ciudadanía estadounidense, pasaría de 760 a 1,330 dólares en solicitudes en papel, mientras que las presentaciones en línea aumentarían de 710 a 1,280 dólares. El plan también contempla incrementos en las tarifas asociadas a apelaciones y solicitudes de reconsideración en casos de denegación.
Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional, el ajuste busca que los propios solicitantes asuman la totalidad de los costos del proceso de naturalización. La agencia argumentó que las tarifas actuales no cubren completamente las labores de verificación, investigación y evaluación que realiza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), institución que depende en gran medida de estos ingresos para operar.
El DHS sostuvo, conforme a la publicacion citada por El País, que las tarifas vigentes “no recuperan el costo total de tramitar exhaustivamente las solicitudes de naturalización”, incluyendo controles de seguridad, verificaciones de antecedentes y procesos administrativos adicionales que forman parte del sistema migratorio.
Aumento de tarifas y eliminación de descuentos
De acuerdo con lo reportado por Telemundo, la nueva normativa no solo ajusta los montos, sino que también elimina la mayoría de las reducciones de tarifas que actualmente benefician a inmigrantes con ingresos bajos o en situación de vulnerabilidad económica.
El medio explicó que, bajo este nuevo esquema, los solicitantes deberán asumir el costo completo del proceso, sin posibilidad de acceder a descuentos por nivel de ingresos. Únicamente se mantendrían las exenciones dirigidas a miembros activos o veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Justificación del Gobierno y cambios estructurales
En esa misma línea, El Tiempo señaló que la Administración justifica la medida en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema migratorio. El argumento central del Gobierno es que el modelo actual subsidia parte de los costos del proceso de naturalización a través de otros servicios migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó, de acuerdo a Democracy Now!, que ya no considera necesario mantener tarifas reducidas para la ciudadanía a costa de otros beneficios migratorios. Esta postura representa un cambio respecto a políticas históricas de administraciones anteriores que buscaban facilitar el acceso a la naturalización como vía de integración.
Endurecimiento de la política migratoria
La propuesta se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Según la USCIS, en los últimos meses se han reforzado los controles para la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía, incluyendo revisiones de redes sociales de los solicitantes y evaluaciones más estrictas del requisito de “buen carácter moral”.
Asimismo, las autoridades han reactivado mecanismos de verificación adicionales en algunos procesos, lo que ha incrementado el nivel de escrutinio sobre los aspirantes a la naturalización.
Proceso de aprobación y posibles cambios
Finalmente, Reuters informó que la propuesta aún debe atravesar un período de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva. Durante este tiempo, ciudadanos, organizaciones y actores del sistema migratorio podrán presentar comentarios, por lo que la medida no entrará en vigor de forma inmediata y podría sufrir modificaciones.
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