WASHINGTON D.C.-. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a irrumpir en la escena internacional con una propuesta que ha generado un intenso debate político y diplomático: la creación de un Consejo Global de Paz, también denominado Junta de la Paz, en el que los países interesados en participar deberán aportar US$1,000 millones para obtener un asiento permanente. La iniciativa, revelada por medios internacionales y atribuida a borradores de trabajo del entorno de Trump, busca establecer una estructura paralela de mediación y reconstrucción en zonas de conflicto, con la Franja de Gaza como eje inicial de intervención.
El planteamiento surge en un contexto de agotamiento de los mecanismos multilaterales tradicionales y de una creciente percepción de ineficacia de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver conflictos prolongados. Trump ha defendido este nuevo organismo como una alternativa más ágil, con liderazgo concentrado y recursos garantizados, capaz de ejecutar decisiones rápidas en escenarios donde la diplomacia clásica ha fracasado.
El manejo del dinero y el rol central de Trump
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la concentración de poder en la administración del fondo. Según los documentos preliminares, Trump asumiría la presidencia inaugural del Consejo Global de Paz, con amplias facultades para autorizar el ingreso de los países miembros, validar las decisiones estratégicas y supervisar el uso de los recursos financieros recaudados.
El esquema establece dos niveles de participación: los países que aporten US$1,000 millones obtendrían una membresía permanente, mientras que aquellos que no realicen el pago podrían integrarse de forma temporal, por un período limitado y sujeto a revisión. Este modelo ha generado críticas por condicionar la participación diplomática a la capacidad de pago y por centralizar el control de miles de millones de dólares en una estructura con liderazgo personalizado.
Países invitados y reacciones oficiales
Más de 60 países han sido invitados a formar parte de la Junta de la Paz. Entre ellos figuran Argentina, Canadá, Kazajistán, Turquía, Egipto, Jordania, India, Pakistán y otros actores regionales y potencias emergentes. El presidente argentino Javier Milei confirmó públicamente haber recibido la invitación, aunque aclaró que no existe una decisión tomada respecto a un eventual aporte financiero. En Paraguay, el Gobierno reconoció el contacto, pero negó cualquier compromiso económico.
Las reacciones han sido diversas. Algunos gobiernos han expresado interés en analizar la propuesta como una vía alternativa para la resolución de conflictos, mientras otros han manifestado cautela ante el elevado costo de ingreso y las implicaciones políticas de sumarse a un organismo liderado por Trump. En Europa, varias cancillerías han advertido sobre el impacto que esta estructura podría tener sobre el equilibrio del sistema multilateral vigente.
La Junta de la Paz y su posible composición
La estructura interna del Consejo Global de Paz estaría integrada por una Junta Ejecutiva con figuras políticas y económicas de alto perfil. Entre los nombres que han trascendido se encuentran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno y exasesor clave de Trump; el ex primer ministro británico Tony Blair; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. La composición refuerza la percepción de un organismo con fuerte influencia occidental y estrechamente vinculado al entorno político del expresidente estadounidense.
Esta posible conformación ha generado cuestionamientos sobre la representatividad de las regiones directamente afectadas por los conflictos, particularmente Medio Oriente, así como sobre la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Gaza como eje y el contrapeso a la ONU
Aunque el Consejo Global de Paz se presenta como un organismo de alcance global, su foco inicial estaría puesto en la Franja de Gaza. El fondo recaudado mediante los aportes de los países se destinaría principalmente a la reconstrucción del territorio y a la implementación de un plan de estabilización política y económica tras más de dos años de guerra. En los hechos, la iniciativa se perfila como un contrapeso directo a la ONU, con reglas propias, financiamiento asegurado y una cadena de mando más concentrada.
Para los defensores del proyecto, este modelo permitiría actuar con mayor rapidez en escenarios de crisis. Para sus críticos, supone un riesgo de debilitar aún más el sistema multilateral y de subordinar la paz internacional a intereses políticos y económicos específicos.
Datos recientes de la guerra en Gaza
La guerra en Gaza ha dejado una devastación humana y material sin precedentes en la región. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 hasta finales de 2025, se estima que más de 72,000 personas han muerto, en su mayoría civiles, y que alrededor de 170,000 han resultado heridas, muchas con lesiones permanentes. Además, unas 11,000 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros o sin localizar.
El impacto demográfico ha sido profundo: la población de Gaza se ha reducido en aproximadamente 250,000 personas, equivalente a más del 10 % de sus habitantes previos a la guerra. En términos territoriales, más del 90 % del entorno construido ha sido dañado o destruido, incluyendo viviendas, hospitales, escuelas, universidades, carreteras y redes de agua y electricidad. Se calcula que unas 44,000 hectáreas de tierras agrícolas han quedado inutilizadas o severamente afectadas.
El colapso económico es igualmente dramático. El Producto Interno Bruto de Gaza se ha contraído en más de 80 %, con niveles de desempleo que superan el 75 % y una paralización casi total de la actividad productiva. Las pérdidas económicas directas superan los US$30,000 millones, mientras que los costos de reconstrucción total podrían requerir varias décadas y una inversión muy superior a esa cifra.
