SANTO DOMINGO.-ACOPROVI, Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas destacó ayer la necesidad de que República Dominicana cuente con una ley de alquileres que responda a la realidad actual y que ofrezca garantías y seguridad jurídica a las partes.
“ La misma puede convertirse en una herramienta de desarrollo de un mercado inmobiliario para estos fines y brindar la posibilidad del acceso a una vivienda digna para más dominicanos”, expuso ayer la entidad, al participar en las vistas públicas celebradas en la Cámara de Diputados.
Diversos representantes acudieron ayer al Congreso Nacional a emitir su parecer sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, aprobada en primera lectura por la cámara baja.
De su lado, Reyna Echenique, representante de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), sostuvo que dentro de las propuestas de modificación debería revisarse el aspecto del pago de alquiler en moneda extranjera.
De acuerdo a su opinión la tasa cambiaria que debería primar debe ser obligatoriamente la del Banco Central.
Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, dijo que como gremio “levantamos unos puntos y con ellos nuestras observaciones, mismas que fueron debidamente depositadas por lo que confiamos que sean acogidas”.
Agregó que la asociación estará atenta al curso de la pieza legislativa, que espera sea aprobada para el fortalecimiento del marco regulatorio del sector.
ACOPROVI reiteró la necesidad de aprobar la legislación, argumentando que los alquileres se han “regulado” mediante normativas de más de 60 años.
Varias representaciones
Veinte sectores se presentaron ayer martes a las vistas públicas realizada en la Asamblea Nacional para recoger opiniones sobre el proyecto de ley de alquileres y desahucios.
La pieza sigue siendo debatida para lograr una normativa con la cual estén de acuerdo tanto los propietarios como los inquilinos.
Pedro José Álvarez, quien se identificó como “estadístico” de profesión, aseguró que actualmente el 32.8 por ciento de los dominicanos “vive alquilado” lo que representa a su criterio unas tres millones de personas.
Agregó que debido a los conflictos que actualmente se dan entre ambas partes, el Estado debería intervenir y, por tanto, crear una comisión u organismo encargado de los alquileres, propuesta que secundaron otros participantes.
