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Sargazo: RD excluida de los cinco países para los estudios de caso territoriales en el proyecto SargMarine

El proyecto regional SargMarine, valorado en US$77.3 millones, identifica US$16 millones en aportes en especie del Gobierno dominicano y contempla un piloto de US$250,000 para el país, que, aunque forma parte de la iniciativa, no fue seleccionado para los estudios de caso territoriales porque, según el documento, cuenta con mayores avances en sus sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta temprana del sargazo

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana participará en una iniciativa regional de más de US$77 millones destinada a fortalecer la gestión del sargazo en el Caribe, una amenaza ambiental que desde hace más de una década afecta las costas, compromete ecosistemas marinos y representa un desafío creciente para actividades económicas como el turismo y la pesca.

Se trata del proyecto Promoting the Integrated Management of Sargassum: Building Resilient Tourism and Fisheries Sectors through the Conservation of Marine Ecosystems in Caribbean countries (Promoción de la gestión integrada del sargazo: fortalecimiento de los sectores del turismo y la pesca mediante la conservación de los ecosistemas marinos en los países del Caribe), conocido como SargMarine, identificado con el número 11526 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

La iniciativa cuenta con una subvención de US$10 millones del GEF y un cofinanciamiento comprometido de US$67,327,437, para un volumen financiero combinado de US$77,327,437. Su propósito es establecer un marco regional de gobernanza que permita gestionar integralmente el fenómeno del sargazo, reducir sus efectos sobre los ecosistemas marinos y proteger los medios de vida de las comunidades costeras y las actividades productivas vinculadas al turismo y la pesca.

El proyecto involucra a República Dominicana, Colombia, Granada, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) figura como agencia implementadora, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrá responsabilidades de ejecución.

Sin embargo, el examen del documento de aprobación permite identificar una particularidad de la participación dominicana: aunque el país aparece entre los beneficiarios de la iniciativa, su intervención combina el fortalecimiento de capacidades nacionales, la cooperación regional y un proyecto piloto de financiamiento, en lugar de concentrarse en uno de los estudios territoriales de monitoreo previstos para otras naciones.

US$16 millones en aportes del Gobierno dominicano

Uno de los datos más relevantes del expediente aparece en el cuadro de cofinanciamiento del proyecto, que registra al Gobierno de la República Dominicana como aportante de US$16,033,480, bajo la modalidad de contribuciones en especie (in-kind) y gastos recurrentes.

La cifra representa una parte considerable del cofinanciamiento total de SargMarine, pero es necesario precisar su naturaleza: no se trata de una transferencia de US$16 millones que el Gobierno recibirá ni de una subvención adicional que ingresará a las cuentas del proyecto. Corresponde a recursos y gastos gubernamentales que se contabilizan como contribución nacional a los objetivos de la iniciativa.

Esta distinción es importante para comprender el volumen financiero anunciado y evitar confundir el valor de los aportes institucionales con el dinero nuevo disponible para ejecutar actividades.

El expediente también identifica otras fuentes de cofinanciamiento, entre ellas préstamos de CAF por US$20 millones, contribuciones de organismos internacionales, instituciones públicas de los demás países participantes y entidades privadas.

En consecuencia, los US$67.3 millones no constituyen una bolsa de dinero aportada íntegramente por el GEF, sino que son recursos de distintas procedencias que se espera movilizar o vincular a las metas del programa.

La composición de estos aportes plantea una pregunta relevante para República Dominicana: ¿qué programas, inversiones y gastos públicos nacionales fueron considerados para justificar los US$16 millones declarados como contribución gubernamental?

La respuesta permitiría establecer cuánto de ese monto corresponde a iniciativas que ya estaban en marcha y cuánto representa un esfuerzo adicional asociado a SargMarine.

El país no está entre los cinco territorios piloto

Otro aspecto significativo del diseño es la selección de los países que desarrollarán los estudios de caso destinados a mejorar los sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta temprana del sargazo.

El documento identifica cinco países para estas intervenciones territoriales: Colombia, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, pero República Dominicana y Granada no aparecen en esa lista y la justificación se relaciona con las capacidades que ambos países han desarrollado en materia de monitoreo y predicción.

En el caso dominicano, el expediente reconoce que se encuentra en proceso de desarrollo un sistema de predicción de alta resolución que combina boyas oceanográficas, mareógrafos, receptores puntuales y plataformas de pronóstico existentes.

Esto no significa que República Dominicana esté excluida de los beneficios del proyecto. Por el contrario, SargMarine contempla que los resultados de los estudios piloto puedan replicarse en los demás países participantes.

La iniciativa también prevé mejorar la disponibilidad de información, fortalecer los mecanismos de coordinación y facilitar el acceso a herramientas regionales para la toma de decisiones.

La diferencia está en que los recursos destinados a probar nuevas metodologías de monitoreo en territorios específicos se concentran inicialmente en los cinco países seleccionados.

En Colombia y Panamá, los estudios buscan desarrollar protocolos de monitoreo ambiental y socioeconómico. En Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, el énfasis estará en mejorar la precisión, cobertura geográfica y anticipación de los sistemas de pronóstico existentes.

Para República Dominicana, el reto será aprovechar esos resultados y fortalecer sus propios instrumentos de gestión.

Un piloto de US$250,000 para República Dominicana

Aunque el país no figura entre los cinco territorios seleccionados para los estudios de caso de monitoreo, el presupuesto detallado de SargMarine sí identifica una intervención específica en territorio dominicano.

En la página 143 del expediente aparece una partida de US$250,000 para contratar a una entidad ejecutora que implemente un proyecto piloto demostrativo de subvención de aceleración en República Dominicana.

Una partida equivalente de US$250,000 está contemplada para Granada

La referencia aparece vinculada al componente de financiamiento y promoción de iniciativas empresariales relacionadas con el aprovechamiento del sargazo. El programa regional contempla, además, recursos para incubación y aceleración de negocios, mecanismos de acceso al crédito y apoyo al emprendimiento.

Entre las partidas identificadas en el presupuesto regional figuran US$490,000 para subvenciones de incubación de empresas, US$1,050,000 para aceleración de negocios, US$500,000 para facilitar el acceso al crédito y US$245,000 y US$420,000 para programas de incubación y aceleración de emprendimientos.

La partida de US$250,000 sí está identificada expresamente para un piloto demostrativo en el país. No obstante, el documento no permite concluir que ese dinero haya sido desembolsado, ni establece por sí solo cuáles empresas serán seleccionadas.

La ejecución deberá aclarar los criterios de elegibilidad, los mecanismos de convocatoria, las condiciones de financiamiento y los sectores empresariales que podrán acceder a esos recursos.

El interés de esta línea es evidente: convertir el sargazo, además de un problema ambiental y operativo, en una oportunidad para desarrollar actividades económicas que permitan aprovechar la biomasa recolectada de manera ambientalmente sostenible.

Un problema que viene desde 2011

El diagnóstico incorporado por SargMarine reconoce que República Dominicana experimenta impactos del sargazo desde 2011 y que la tendencia ha sido creciente.

En su caracterización de las capacidades nacionales, el documento registra una cifra de 1.8 millones de toneladas en 2018 y una estimación de 3.5 millones de toneladas para 2025.

El expediente no presenta esa cifra como un resultado definitivo de medición nacional, por lo que debe interpretarse como la estimación consignada en el diagnóstico del proyecto.

La situación dominicana se describe como de severidad grande a intermedia. El documento también reconoce que los modelos de pronóstico disponibles en los países participantes enfrentan limitaciones de resolución geográfica, lo que dificulta anticipar con precisión los impactos en escalas locales.

En consecuencia, las comunidades costeras y las actividades económicas vinculadas al litoral continúan expuestas a los arribazones.

El turismo y la pesca aparecen entre los sectores especialmente vulnerables. La acumulación de sargazo puede afectar las condiciones de las playas, las actividades recreativas, la operación de establecimientos turísticos y las faenas de las comunidades pesqueras.

La llegada masiva de esta biomasa puede alterar las condiciones de los ecosistemas costeros y aumentar las presiones sobre manglares, arrecifes coralinos, praderas marinas y otros hábitats.

Por eso, SargMarine propone una gestión integral que no se limite a retirar el material de las playas, sino que incluya prevención, monitoreo, planificación, conservación marina y mecanismos de aprovechamiento sostenible.

RD ya tiene estructuras de respuesta

El expediente reconoce que el país ha desarrollado iniciativas institucionales para enfrentar el fenómeno y entre ellas menciona el Decreto 379-23, mediante el cual se estableció el Gabinete o Comité contra el Sargazo, como mecanismo de coordinación nacional.

También identifica la Resolución 0046-2025, que autoriza operativos de recogida de sargazo en playas durante períodos de emergencia de diez días, dentro de una franja de 60 metros y mediante maquinaria ligera. La disposición contempla la exclusión de áreas de anidamiento de tortugas marinas.

El documento señala igualmente que se autorizan barreras flotantes para contener o desviar el sargazo en ambientes cercanos a la costa y que se encontraba en desarrollo un plan nacional de gestión de esta biomasa.

En materia de monitoreo, el diagnóstico menciona iniciativas como SARGCOOP, el programa UNDP-JICA, QuisqueyaSat, el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, la Fundación Cap Cana, FUNDEMAR y la colaboración entre ASONAHORES y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La existencia de estas iniciativas explica por qué el proyecto regional no plantea una intervención dominicana idéntica a la prevista para Colombia o Panamá.

SargMarine busca aprovechar las capacidades existentes, fortalecer la coordinación institucional y contribuir a que las experiencias nacionales puedan incorporarse a una estrategia regional.

Una aplicación móvil para los siete países

Uno de los productos tecnológicos contemplados es la incorporación de un módulo específico sobre sargazo a una aplicación móvil regional y el presupuesto asigna US$165,000 al desarrollo e integración de ese módulo, con un despliegue operativo inicial de dos años en los siete países participantes.

La herramienta deberá facilitar el acceso a información oportuna para mejorar la preparación y respuesta ante los arribazones, particularmente en sectores como la pesca y el turismo y el poryecto también contempla un mecanismo regional de intercambio de datos, con una partida de US$100,000 para su desarrollo, alojamiento y publicación de manuales y protocolos que faciliten la reproducción de las experiencias en otros territorios.

Entre las alternativas tecnológicas que serán evaluadas figura FEWER, un sistema de alerta temprana y respuesta de emergencia para la pesca que conecta a pescadores de pequeña escala con instituciones responsables de la gestión de riesgos.

La selección de la aplicación definitiva corresponderá al Comité Directivo del Proyecto, sobre la base de recomendaciones técnicas.

Para República Dominicana, el valor de estos instrumentos dependerá de que la información regional pueda integrarse con los sistemas nacionales, generar alertas útiles para las comunidades y facilitar decisiones oportunas de las autoridades.

La gobernanza regional como apuesta central

El principal objetivo institucional de SargMarine es establecer un marco regional de coordinación para la gestión integrada del sargazo y para ello contempla la creación de un Grupo Regional de Trabajo, integrado por representantes técnicos de las instituciones gubernamentales que forman parte de los gabinetes o grupos nacionales contra el sargazo de los siete países.

Este mecanismo tendrá entre sus responsabilidades orientar los productos regionales, facilitar la elaboración de un Marco de Coordinación Regional y contribuir al diseño de un Plan de Acción Regional.

En República Dominicana, la articulación deberá apoyarse en el Gabinete contra el Sargazo y en las instituciones nacionales vinculadas a la gestión ambiental, el turismo, la pesca y la conservación marina.

El proyecto también contempla la elaboración o actualización de planes nacionales de respuesta y gestión integrada, con participación de comunidades costeras, organizaciones de mujeres, autoridades locales y sector privado.

El expediente reconoce que República Dominicana y Jamaica ya cuentan con planes de respuesta, aunque fundamentalmente de corto plazo y concentrados en lugares específicos. Por esa razón, propone completar, actualizar y fortalecer esos instrumentos, así como mejorar su apropiación institucional.

La intención es que la gestión del sargazo deje de depender exclusivamente de respuestas de emergencia y avance hacia mecanismos permanentes de planificación, financiamiento y coordinación.

El desafío de transformar el financiamiento en resultados

La magnitud financiera de SargMarine representa una oportunidad para fortalecer la respuesta del Caribe ante un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales.

Sin embargo, para República Dominicana, la importancia del proyecto no deberá medirse únicamente por el monto global anunciado, sino que será necesario establecer qué resultados se esperan de la contribución nacional de US$16 millones, cómo se ejecutará el piloto de US$250,000, qué instituciones asumirán las responsabilidades operativas y de qué manera se integrarán los instrumentos tecnológicos y de monitoreo con las capacidades existentes.

También será fundamental conocer cómo se seleccionarán los emprendimientos que recibirán apoyo y qué mecanismos garantizarán que el aprovechamiento del sargazo no genere nuevos impactos sobre los ecosistemas costeros.

La iniciativa plantea una transición desde respuestas aisladas hacia una gestión regional coordinada, con participación pública y privada y un enfoque que vincula la conservación marina con la resiliencia económica.

Para un país cuya actividad turística y numerosas comunidades dependen de la salud de sus costas, el desafío es convertir esa cooperación internacional en mejoras verificables sobre el terreno.

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Solangel Valdez
Solangel Valdez
Periodista, fotógrafa y relacionista. Aspirante a escritora, leedora, cocinadora y andariega.
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