SANTO DOMINGO.- La propuesta hecha por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), al proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, relativa al control del precio del alquiler, podría tener un efecto rebote que conduciría a la reducción de la oferta de la vivienda, consideró la abogada Maridalia Rodríguez.
“En cuanto a las propuestas referidas por el MIVHED, en especial las relativas al control del precio del alquiler, se debe tomar en cuenta que la experiencia internacional señala que dicha práctica suele tener un efecto rebote que conduce a la reducción de la oferta de vivienda”, expuso la experta.
En la propuesta enviada a la Cámara de Diputados, esta entidad del Estado propone disponer que el precio de alquiler de una vivienda no supere el 1.5% del valor comercial del inmueble y que en todos los casos el precio sea reglamentado por el MIVHED, utilizando referentes de insumos de construcción, cambio en condiciones macroeconómicas y del salario mínimo.
Igualmente el Ministerio de la Vivienda se propone llevar a cabo una reglamentación para definir anualmente el valor del porcentaje de los ajustes de precios, de acuerdo al destino de los contratos de alquiler.
Rodríguez entiende que de progresar las modificaciones solicitadas, se atentaría contra la libertad de pacto que persigue la pieza legislativa.
Para la estudiosa del tema el proyecto de ley aprobado en primera lectura el pasado mes de mayo por Cámara de Diputados, «contempla algunos aciertos iniciando con que parece partir de la base de la libertad de pacto, en donde las partes gozan de hacer valer su voluntad contractual».
“En ese mismo sentido, se hace una delimitación del ámbito de aplicación, aunque se adolece de una definición o separación por tipos de vivienda (social, habitual, segunda vivienda o vacacional, etc.) de manera que el propio objeto de regulación (artículo 1 de la propuesta) genera ambigüedad en relación al alquiler de bienes inmuebles del sector terciario (oficinas, locales comerciales y naves industriales)”, expone.
Agrega que por otra parte se establecen causas de terminación del contrato de alquiler según lo determinado por la jurisprudencia dominicana y se agrega la novedad de la gestión de los depósitos entregados en garantía a cargo del Banco de Reservas de República Dominicana.
“Aunque no queda muy claro quién será el beneficiario real de los intereses generados por dichos depósitos y cuál será el propósito de la consignación de estos fondos ante dicha entidad bancaria (si que se refiere a los intereses generados por el retardo en el depósito de las sumas entregadas como garantía)”, sostiene Rodríguez.
El proyecto será sometido el próximo 27 del presente mes de junio a vistas públicas para que los distintos sectores vinculados a la industria, externen sus consideraciones sobre la pieza legislativa.
