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SANTO DOMINGO.- Mérido Torres, director de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), acudió ayer ante la procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, para ponerse a disposición de la justicia y ser investigado con relación al caso Calamar, en cuyo expediente se dice que recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos donde fungió como abogado.

El funcionario permaneció en el despacho de la titular del Ministerio Público, por más de una hora. A la salida no dio mayores detalles de la conversación que sostuvo con Germán Brito.

“Yo pedí una cita por el tema que está en el tapete. Hablamos sobre el tema del tapete, lo que nosotros queríamos hablar con la magistrada sobre el tema, por eso, yo pedí la licencia para ponerme a disposición de la investigación, en caso de que fuera necesario”, dijo Torres, tras aclarar que no fue citado, sino que acudió en forma voluntaria.

Expuso que luego de hablar con la procuradora se dirigiría al despacho de Milagros Ortiz, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para hablar de su caso.

Mención

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción de la operación Calamar, específicamente en las páginas 149, 152 y 153, el actual director de la UTECT, figura como uno de los beneficiarios con cifras que alcanzan más de 32 millones de pesos, por expropiación de terrenos públicos.

La investigación encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señala que el funcionario y aspirante a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el «supuesto propietario» junto a otras personas de una porción de terreno en la parcela 613, del Distrito Catastral número 32, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo; amparada en el certificado de título 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 metros cuadrados, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.

Dispuesto a colaborar

El funcionario ha manifestado su disposición de colaborar con la justicia en caso de ser requerido y ha sido coherente en afirmar que no recibió dinero del Estado Dominicano, sino el pago de sus honorarios profesionales que le hicieron esos clientes por el proceso que llevó su oficina privada de abogados y como ganancia de causa.

Afirma que se trata de injurias y que demandará en los tribunales a quienes lo han difamado. «Mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados. En el día de hoy denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor difamándome a mí y a mi familia», dijo el funcionario en rueda de prensa el pasado 4 de abril.

Torres informó que tomaba una licencia de su cargo tras ser señalado en el expediente en donde se señalan a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, como principales imputados y para quienes la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva, el pasado 4 de abril.

La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch dijo que Torres tenía un caso pendiente con la institución que dirige Torres, desde hace 2 meses.