Uno de los principales desafíos del sistema actual sigue siendo la fragmentación institucional y la falta de interoperabilidad entre las entidades públicas, precisó Rafael Durán
SANTO DOMINGO. – Representantes vinculados a la industria de la construcción valoraron las iniciativas de modernización impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), aunque advirtieron que los principales retrasos en la permisología continúan concentrándose en otras entidades públicas involucradas en la aprobación de proyectos.
Las declaraciones surgen luego de los anuncios realizados por Ito Bisonó, ministro de la Vivienda, sobre nuevos procesos orientados a agilizar la permisología y fortalecer los códigos de construcción y mantenimiento en República Dominicana.
Para el coordinador general del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción (ONIC), Melchor Alcántara, MIVHED ha mostrado “una intención real” de transformar el sistema hacia un modelo más transparente, organizado y predecible, especialmente mediante la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Construcción (VUC).
“Sí se percibe una mayor apertura institucional y una intención clara de modernización por parte del MIVHED”, afirmó Alcántara al ser consultado por El Inmobiliario.
No obstante, sostuvo que en las prácticas los procesos continúan siendo extensos debido a que las aprobaciones no dependen únicamente del ministerio, sino también de múltiples organismos con tiempos y requisitos distintos.
Entre ellos mencionó ayuntamientos, Ministerio de Medio Ambiente, CAASD, INAPA, distribuidoras eléctricas, Obras Públicas y organismos de tránsito.
El problema “va más allá” de Vivienda
En términos similares se expresó Rafael Durán, quien consideró positivo el nuevo sistema tecnológico presentado recientemente por el ministro Ito Bisonó ante miembros de ACOPROVI, Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.
Según explicó, la plataforma permitiría monitorear en línea el estado de los expedientes y aprobaciones, en un esquema bidireccional similar al seguimiento de transacciones bancarias.
“Eso va a dar un salto extraordinario en la institución”, expresó.
Sin embargo, insistió en que el principal problema de la permisología dominicana no estaría dentro de ese Ministerio, sino en las demás instituciones involucradas en el proceso.
“El problema está en Medio Ambiente, en Turismo, en la CAASD y en INAPA”, afirmó.
Durán explicó que, aunque el MIVHED pueda aprobar planos técnicos en semanas, la emisión final de licencias depende de autorizaciones externas que pueden tardar meses o incluso años.
Como ejemplo, indicó que permisos ambientales sencillos pueden durar entre cinco y diez meses, mientras que proyectos turísticos medianos podrían enfrentar esperas de entre 12 y 24 meses entre aprobaciones de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo.
Fragmentación y falta de integración
Alcántara señaló que uno de los principales desafíos del sistema actual sigue siendo la fragmentación institucional y la falta de interoperabilidad entre las entidades públicas.
Entre los obstáculos identificó duplicidad de requisitos técnicos, ausencia de plazos regulatorios obligatorios, diferencias de criterios entre evaluadores y retrasos derivados de observaciones sucesivas.
“El sector sigue dependiendo de aprobaciones paralelas y secuenciales emitidas por entidades con plataformas, requisitos y criterios distintos”, explicó.
Ante ese panorama, planteó como prioridad la integración de todas las instituciones en una sola plataforma digital interoperable que permita dar seguimiento centralizado a cada etapa del proceso.
También sugirió establecer plazos máximos de respuesta institucional, estandarizar criterios técnicos y fortalecer las áreas de revisión para reducir devoluciones innecesarias.
Piden transformación integral del sistema
Tanto Alcántara como Durán coincidieron en que las iniciativas impulsadas desde el MIVHED representan un avance importante, pero advirtieron que la modernización de la permisología sólo será efectiva si existe coordinación obligatoria entre todas las instituciones que intervienen en el desarrollo de proyectos.
“El sector construcción representa uno de los principales motores económicos del país”, sostuvo Alcántara, al considerar que agilizar los permisos impactaría directamente la inversión, la competitividad y el acceso a viviendas formales.
Mientras, Durán insistió en que el reto continúa siendo estructural.
“El proceso sigue complicado y está mucho más allá de los deseos del ministro de la Vivienda”, concluyó el coordinador de ONIC.
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