Últimas noticias
Skip to main content

Las autoridades deberán intervenir para que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales que los dominicanos.

SANTO DOMINGO.– La debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano, constituye uno de los puntos principales planteados en el Pacto Nacional ante la crisis en Haití, firmado ayer por el Presidente Luis Abinader y líderes de la vida nacional.

El documento rubricado por 28 partidos políticos y 23 académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades, plantea fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían y dispone el fomento para que sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.

Establece «cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley, en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios».

Dentro de este pilar, el pacto presenta una serie de acciones que van enfocadas en revisar, robustecer y reformular políticas públicas destinadas a hacer frente a los problemas migratorios que enfrenta el país debido a la crisis haitiana.

Para el ingreso de inmigrantes que sirvan de mano de obra se establece que el Consejo Nacional de Migración otorgue permisos, según cuotas de admisión anual por sectores de actividad.

Para eliminar la necesidad de estos trabajadores, manifestaron la intención de fomentar, con los sectores empresariales, la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales.

Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.

El Gobierno se propuso reformular la norma de la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl) para que las empresas presenten la nómina con los datos personales de los trabajadores y el monto pagado.

Las autoridades deberán intervenir para que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales que los dominicanos.

En este Pacto, el Estado asumió la tarea de «deportar, en los términos de las leyes 285-04 y 344-98 y con apego al debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, sean estos desempleados o contratados en sectores de servicios no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros».

Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.

Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.

En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.

No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.

Frontera

Se fijaron acciones para gestionar un estricto control fronterizo, tales como supervisiones  tecnológicas desde la distancia; acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos, evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares que cuidan la zona y administrar un régimen de consecuencias para quienes participen en la organización de viajes ilegales.

También, cuidar, restaurar o reponer los bornes fronterizos desaparecidos o desplazados, instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución, y evaluar el empleo de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radiológicos y químicos.

Con el propósito de favorecer la prosperidad de las comunidades fronterizas, el  Gobierno deberá desarrollar planes, incluida una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.