Las auditorías internas y los cruces de autorización revelarían: facturación en rangos de edad no coincidentes, inconsistencias entre autorizaciones y población objetivo, además del uso de vacunas provenientes del Ministerio de Salud en servicios facturados como privados.
SANTO DOMINGO. – La solicitud de medida de coerción del caso “Operación Cobra” detalla cifras, topes, irregularidades y flujos de pago en dos áreas esenciales, vacunación y nutrición, aspectos que tienen un impacto directo en poblaciones vulnerables.
El expediente también incluye información adicional sobre mecanismos financieros y adquisición de bienes que, a juicio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) son indicadores de dolo.
A diferencia de la cobertura pública inicial, basada en cifras globales y nombres de compañías, el expediente de la PEPCA introduce datos específicos sobre bienes que tienen incidencia directa en la vida de niños, pacientes crónicos, envejecientes y personas con vulnerabilidades nutricionales.
Las cifras relativas a vacunas y suplementos, ambas líneas de acción de salud pública, muestran que, según el documento, los presuntos desvíos no solo afectaron las finanzas institucionales y públicas, sino componentes sensibles del sistema de protección social.
Los datos contenidos en el expediente, según la Procuraduría, muestran montos multimillonarios, topes crecientes, productos específicos y comportamientos contables que indican presuntas irregularidades en programas de vacunación y nutrición para afiliados del SeNaSa.
Vacunación: más de RD$1,482 mil millones en pagos
La PEPCA documenta que, entre enero de 2021 y septiembre de 2025, SeNaSa pagó RD$1,482,863,701.40 en servicios de vacunación.
El documento recoge tablas completas con la distribución mensual del gasto, indicando que, según la Procuraduría, parte de las facturaciones presentaban inconsistencias, incluyendo vacunas cobradas fuera de los rangos de edad correspondientes; autorizaciones que no coincidían con la población objetivo y servicios facturados con productos que provenían de la propia dispensación pública del Ministerio de Salud, lo que, según PEPCA, implicaría que se facturaron como privados bienes que ya estaban distribuidos por el Estado.
La presentación de estas cifras en el expediente sugiere, según el Ministerio Público, un impacto directo en la provisión de servicios preventivos para niños, adultos mayores y grupos vulnerables, cuyo acceso a vacunas depende de la integridad del esquema de pagos del seguro público.
Según la solicitud de coerción, en ese período las auditorías internas y los cruces de autorización revelarían: facturación en rangos de edad no coincidentes, inconsistencias entre autorizaciones y población objetivo y uso de vacunas provenientes del Ministerio de Salud en servicios facturados como privados.
Estos hallazgos, según el Ministerio Público, comprometerían la correcta provisión de servicios preventivos y podrían constituir violaciones al artículo 33 de la Ley 87-01, que exige la gestión adecuada de los servicios del Plan Básico de Salud.
Nutrición: 30 mil servicios mensuales
El expediente dedica otro núcleo central a los contratos de la empresa Nutrimed / Nutri-med CAS, donde se detallan los kits nutricionales, cantidades y sus precios. El primer alcance contractual real, y por tanto la base para calcular montos iniciales, incluía al menos 15,233 servicios, resultado de sumar los topes explícitamente definidos.
| Kit | Costo unitario | Frecuencia | Tope de afiliados/servicios |
| Kit 1 | RD$ 3,275 | Trimestral | 1,932 servicios |
| Kit 2 (2a y 2b) | RD$ 1,585 | Mensual | (No se establece un tope cuantitativo en el documento mostrado) |
| Kit 3 | RD$ 5,275 | Mensual | 13,301 servicios mensuales |
Las adendas citadas en el expediente ampliaron los topes hasta 30,727 servicios mensuales tras sucesivas modificaciones contractuales y según la Procuraduría, el volumen y la modalidad de estos pagos constituyen indicios de lavado de activos, tipificado en los artículos 2 y 3 de la Ley 155-17, por la presunta canalización de fondos a través de empresas interpuestas.
La Procuraduría sostiene que estos kits se convirtieron en un canal a través del cual se generaron flujos de pago que forman parte del entramado imputado.
El documento enfatiza el efecto sobre poblaciones que dependen de estos suplementos para tratamientos metabólicos, soporte inmunológico y recuperación nutricional.
El marco legal
El expediente que fundamenta la imputación contra diez personas, identifica el marco legal que, según los fiscales, fue vulnerado por el entramado, resumido en corrupción administrativa, lavado, soborno y compras públicas.
La solicitud de coerción indica que las actuaciones investigadas infringen varias disposiciones legales:
Código Penal: asociación de malhechores, prevaricación y desfalco (arts. 265–266, 166, 172, 174).
Ley 155-17 de Lavado de Activos: tipificación y agravantes (arts. 2, 3, 9).
Ley 448-06 de Soborno en el Comercio y la Inversión.
Ley 41-08 de Función Pública: deberes, probidad y conflictos de interés (art. 80 y siguientes).
Ley 340-06 de Compras y Contrataciones: prohibiciones e inhabilitaciones (arts. 14, 15, 66).
Ley 87-01 de Seguridad Social: uso de fondos y servicios (arts. 31, 33, 46).
Vehículos, cuentas y reservas
Aunque el foco probatorio del expediente se concentra en los programas de salud, la Procuraduría también describe otros elementos del presunto esquema, como la compra del vehículo Lincoln Navigator 2020, del 29 de junio de 2020, financiada mediante la cuenta 803-978105 a nombre de la esposa de José Pablo Ortiz Giráldez, señalado en el expediente como operador financiero del entramado.
La estructura de empresas instrumentales utilizadas, según el expediente, para facturación sin respaldo y retiro inmediato de fondos, en presunta violación a la Ley 155-17 y a los principios de contratación pública.
El impacto en las Reservas Técnicas, estimado en RD$15,921,369,659.62, cifra registrada con precisión de centavos dentro del expediente y que los fiscales vinculan con violaciones al manejo de recursos en la Ley 87-01.
Mecanismos financieros y flujos paralelos
Aunque el foco del expediente recae en los programas de salud, el documento también incorpora elementos adicionales que, según PEPCA, describen el funcionamiento del esquema imputado:
- La compra de un vehículo Lincoln Navigator 2020, adquirida el 29 de junio de 2020, antes del nombramiento oficial, y financiada mediante la cuenta bancaria número 803-978105, cuyo titular, según el expediente, es la esposa de José Pablo Ortiz Giráldez.
- Listas de empresas instrumentales vinculadas a facturación sin respaldo operativo, utilizadas presuntamente para transferencias y retiros inmediatos de fondos.
- Flujos internos de distribución, que incluyen porcentajes y roles dentro de la estructura, de acuerdo con lo alegado por la Procuraduría.
- El impacto acumulado en las Reservas Técnicas de SeNaSa, que el expediente estima en RD$15,921,369,659.62 hasta cierre de 2024.
En materia de lavado, el expediente proporciona una lista ampliada de empresas instrumentales, descritas por los fiscales como entidades utilizadas para emitir facturas ficticias, recibir transferencias y realizar retiros inmediatos en efectivo, con el objetivo de canalizar pagos que, según la Procuraduría, se distribuían dentro del entramado.
La documentación menciona la existencia de porcentajes específicos que se aplicaban sobre los montos pagados a contratistas, así como la intervención de Ortiz Giráldez en la recolección de fondos, de acuerdo con lo alegado por PEPCA.
En conjunto, la solicitud de medida de coerción de la PEPCA presenta una narrativa detallada sobre el funcionamiento del presunto entramado, con cifras, fechas, montos y nombres.
Todas las informaciones arriba descritas provienen exclusivamente del expediente depositado ante el tribunal, que sostiene las acusaciones del Ministerio Público en el caso “Operación Cobra”.
