Los defensores dicen que el miedo a los propietarios prevalece sobre las protecciones aclamadas por el gobernador
Tomado de TRD New York
Durante el fin de semana, la gobernadora Kathy Hochul introdujo mayores protecciones para los inmigrantes indocumentados, firmando una legislación que hace que la amenaza de informar el estado migratorio sea punible con prisión.
En teoría, la ley protege a los inquilinos indocumentados de los propietarios que podrían usar la amenaza de deportación en su contra, por ejemplo, para advertir a los inquilinos que no presenten quejas o luchen contra el desalojo .
Los defensores de los inquilinos y los abogados dudan de que las protecciones, aunque bien intencionadas, hagan una gran diferencia para los inquilinos indocumentados .
Para hacer uso de la ley, los inquilinos tendrían que reportar el acoso relacionado con la inmigración de su propietario . Ya existen líneas directas para atender quejas. Pero muchos residentes indocumentados se muestran reacios a albergar uno, por temor a que vuelva a perseguirlos.
“Muchos inquilinos indocumentados tienen mucho miedo de presentar algo”, dijo Andrea Shapiro, gerente de programa del grupo de inquilinos del Met Council on Housing.
En cambio, muchos soportan el acoso.
Shapiro dijo que los propietarios a veces hacen amenazas indirectas al hacer preguntas a los inquilinos sobre su estado migratorio o dar a entender que saben que un inquilino es indocumentado. La nueva ley no lo prohíbe explícitamente.
Durante la pandemia, algunos propietarios utilizaron el estado migratorio real o percibido de los inquilinos para evitar la moratoria de desalojo, presentando avisos falsos o ignorando las declaraciones de dificultades para llevar a los inquilinos ante un juez. Otros se negaron a completar su parte de la solicitud de asistencia de emergencia para el alquiler.
Una ley de la ciudad que extiende protecciones similares ofrece una pista sobre la probabilidad de que las personas indocumentadas utilicen el nuevo estatuto del estado para denunciar el acoso. La Ley de Derechos Humanos de la ciudad protege a los inquilinos indocumentados de la discriminación por parte de propietarios, administradores y corredores, incluido el «desalojo basado en el estado migratorio o el origen nacional» y de amenazas menos evidentes, siempre que los inquilinos cumplan con la ley de vivienda local.
La abogada de vivienda Stephanie Rudolph dijo que algunos inquilinos han usado la ley para entablar casos contra los propietarios que tenían un estatus migratorio por encima de la cabeza de un inquilino para negarles una vivienda. En teoría, también podrían usar la ley para entablar una demanda.
“Supongo que no es tan común solo porque la gente tiene miedo”, dijo. «Pero tampoco es algo inaudito».
Aún así, un problema con la ley de la ciudad, y uno que podría obstaculizar el impacto del estado, es que muchos inquilinos indocumentados no saben que existen protecciones, ya sea por las barreras del idioma o la falta de educación sobre los derechos de los inmigrantes.
“Mucha gente puede saber que cierto acoso está mal y sospechar que no es legal, pero aún tiene mucho miedo”, dijo Rudolph. «Otras personas no quieren hablar de ello porque están en peligro por la amenaza».
Aún así, Shapiro y Rudolph coincidieron en que más protección es mejor que menos, y que expandir el escudo de la ciudad en todo el estado es un progreso.
“Pero no alivia el probable temor y las consecuencias de ese punto de influencia para los propietarios”, dijo Rudolph.
