SANTO DOMINGO.-José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, hoy imputado por el Ministerio Público, dentro de la Operación Calamar, advertía al ingeniero Bolívar Ventura que no cobraría ni un centavo de lo adeudado por el Estado a sus empresas, si no entregaba el dinero que exigían para la campaña política de Gonzalo Castillo.
» El imputado José Ramón Peralta, estuvo presente en “La Casita”, ubicada en la calle Ceiba no. 102 esquina Helios en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional, cuando Bolívar Ventura iba a hacer entrega de alta sumas de dinero en efectivo y el mismo le había dejado claro a Ventura que no cobraría un peso si no entregaba el dinero requerido», sostiene el expediente de solicitud de medida de coersión.
Añade que: «efectivamente el señor Bolívar Ventura tuvo que entregar a la estructura la suma de RD$2,185,489,598.77, teniendo que entregar de la misma la cantidad de RD$1,231,993,188.00 a partir de las acciones delictivas iniciadas y de las que participó activamente el imputado José Ramón Peralta”, indicó.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) la “estructura criminal” utilizó los contratos que tenían empresas de Bolívar Ventura con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de deudas por obras adicionales que no fueron realizadas.
Bajo esa modalidad lograron distraer al Estado RD$1,231.9 millones, los que habrían sido utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo en las primarias del PLD. Con ese esquema habrían distraído del erario RD$704,298,350.00, suma que se habrían hecho efectiva mediante cheques a nombre de las compañías de Ventura.
El nombre del Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC) es mencionado en 71 ocasiones a lo largo de las 2,120 del expediente en el que el Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los imputados en la Operación Calamar.
El Ministerio Público indicó que a los arrestados en Calamar se les acusa de manera preliminar de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”.
Cita entre las instituciones donde hubo distracción de recursos estatales, al Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
Sociedad Inmobiliaria el Algodonal y codinomes
Según la Pepca, en dicho documento “la estructura criminal» tenía un registro de cada caso de expropiación y de cómo se distribuían los fondos de cada libramiento que autorizaba el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y lo que le correspondía al candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el imputado Gonzalo Castillo, que se identificaba con el codinome “Oficial”.
Los codinomes son citados en varias partes de la solicitud de medida y se identifican de la siguiente manera: Ofic. = Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; MM= Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; JA= José Arturo Ureña; FC= Fernando Crisóstomo; MX= Ministro Donald Guerrero; ER= Emilio César Rivas Rodríguez; OC= Daniel Omar Caamaño.
En el caso específico de la gestión de cobro mediante cesión de deuda, relativa a la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.R.L., que los investigadores cifran en 553,160,000.00, la estructura se habría quedado con el 74 % del monto. De ese total.
Entre ellos la distribución habría sido de la manera siguiente: “Ofic. DOP 165,948,000.00= (30 %); MX DOP 44,252,800.00 = (8 %); ER DOP 27,658,000.00 = (5%); OC DOP 11,063,200.00 = (2%); MM DOP 22,126,400.00 = (4%); JA DOP 22,126,400.00 = (4%) y FC DOP 22,126,400.00 = (4%).
En otros casos, indica, la totalidad del cobro quedaba en manos de los imputados.
Un caso histórico de fraude
La procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se refierió al caso como el más grande en la historia del país en la forma en que servidores públicos se asociaron para defraudar a la nación con miles de millones de pesos.
“No hay forma de que no sea declarado complejo este proceso, es que se tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo, desde el Estado, se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público”, acotó
Aseguró que el caso se trata «de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región». Agregó que el expediente instrumentado por el MP para pedir medida de coerción está «más que sustentado, más que acreditado, con pruebas que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos».
