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SANTO DOMINGO.-Tras considerar que es víctima de una «campaña sucia de difamación e injuria», el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, pidió hoy martes una licencia laboral ante su mención en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Calamar, investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Hoy la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó arresto domiciliario para Gonzalo Castillo y 18 meses de prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, implicados en el caso Calamar. La magistrada dispuso que que Peralta y Guerrero cumplan la medida en Najayo y declaró el caso complejo. Al exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, Gonzalo Castillo, le impuso una garantía económica de 20 millones de pesos.

Mérido Torres ofreció esta mañana una rueda de prensa, donde declaró que pidió una cita con la Procuraduría General de la República y con Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, quien ayer dijo que el funcionario tenía un caso pendiente con ellos.

«Mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados. En el día de hoy denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor difamándome a mí y a mi familia», dijo el funcionario.

Dijo que está confiado de sus actuaciones en su vida pública y privada y que demandará en daños y perjuicios ante los tribunales del país a las personas que, según él, lo han difamado. «Ya que puedo mencionar que todas mis actuaciones han sido correctas y estricto apego a la ley», expuso.

De acuerdo con el documento depositado por los fiscales, Torres recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un total de RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.

El director de Utect expresó, además, que cuando salió la información en los documentos del caso Calamar, el año pasado, de que había cobrado por los terrenos,  se puso a disposición del Ministerio Público y entendió que ese órgano inició su investigación.