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Entregaron una carta al presidente Luis Abinader solicitando el pago inmediato de la deuda estatal.

SANTO DOMINGO.-Un grupo de ingenieros a quienes el Estado dominicano les adeuda RD$385 millones desde el año 1996, pidieron ayer al presidente de la República, Luis Abinader, intervenir para el cumplimiento del pago de la misma, considerando que el primer mandatario es el único que puede ayudarlos a solucionar la situación.

En carta dirigida al mandatario dijeron entender que “el gobierno requiere de políticas pulcras que atraigan la inversión extranjera para el bien de todos, evitando bochornos como el que estamos expresando en esta comunicación”.

Exponen que “ante tantas promesas e intermediaciones de gestiones de pago de nuestras acreencias hemos llegado a la conclusión de que el presidente Luis Abinader Corona es la única persona que, mediante una orden presidencial o ejecutiva puede y debe autorizar el pago de esas obras que nosotros hemos  ejecutado y que todavía no se han pagado”, dicen los profesionales en una carta que entregaron ayer al presidente aprovechando la presencia del mandatario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El grupo de 107 profesionales y pequeñas empresas de la construcción, miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), reclama una deuda acumulada por diversos gobiernos desde el año 1996, por concepto de trabajos (contratos de obras) realizados y no pagados.

“Contra nosotros se ha cometido y se sigue cometiendo un abuso de poder, además, se está violando la constitución de la Republica; porque a pesar de nuestras acreencias los gobiernos y sus funcionarios las han dejado poner viejas, el Estado es único y continuo; pues nuestra Constitución es clara y específica y dice claramente en su Art. 38, ‘’sobre la dignidad humana’’, han expresado los demandantes.

En la carta al presidente Abinader, fechada el 19 de febrero 2024,  los profesionales de la construcción aseguran que el Estado dominicano “ha generado un acto de violencia en su contra” y que su único pecado ha sido cumplir con los compromisos contractuales con el Estado. “Y usted como administrador del Estado al asumir este sagrado compromiso, asumió los activos y pasivos del mismo”.

Dijeron que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana “que es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Citaron el artículo 57 sobre protección de las personas de la tercera edad, sosteniendo al respecto que con el impago se viola el Código de Trabajo sobre trabajados realizados y no pagados.

“También se está violando la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, se viola el artículo 1134 del Código Civil, que indica que el contrato es ley entre las partes si no lesiona el marco jurídico establecido. Además señor Presidente esto se ha convertido en un acto de violencia en contra de 302 ingenieros, contra 302 familias, y contra una clase y esto raya en los linderos de abuso de poder”, afirmaron.

Otras violaciones

El grupo de ingenieros ha establecido que con el procedimiento de no pago se viola la ley 3143 ‘’sobre trabajos realizados y no pagados’’ y la 340-06 ‘’de compras y contrataciones’’, y el Art. 1134 del Código Civil y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, donde ratifica que el Art. 1134 del Código Civil Dominicano dispone que: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han pactado. No pueden ser revocadas sino por mutuo consentimiento.

“Es bueno agregar que el incumplimiento de pago de estas acreencias ha llevado a muchos profesionales de la construcción a morir en la indigencia, al haber hipotecado lo más sagrado de una familia que es su vivienda, en muchos casos y al suicidio en otros, para cumplirle a un Estado que finalmente los abandona a su mejor suerte”, sostienen los demandantes.

La deuda que mantiene el gobierno con el grupo de contratistas por concepto de obras que fueron contratadas, ejecutadas, supervisadas y puestas en servicio en toda la geografía nacional, data de 1996 y abarca al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Junta Central Electoral (JCE), Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos (INDRHI), entre otras entidades gubernamentales.

La carta está firmada por un grupo de miembros del Comité Institucional Codiano (CIC) y la Mesa de Cobros (MC), entre ellos Anibal Rincón, Ovidio Rosario, Emiliano Familia, Nelson Núñez, Samuel Peña, Héctor Risik; posee copia dirigida a la vicepresidenta Raquel Peña y a la primera dama Raquel Arbaje.